EL TEMA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA PSICOLOGÍA COMUNITARIA EN LAS POLÍTICAS DEL NUEVO TRATO *
Andrés Leiva G.**
A mi Clon
Introducción
Ignacio Martin-Baró define el problema del bien común
o bien social en referencia el sector social donde nos situemos. Para este
autor la cuestión es desde donde juzgamos la deseabilidad social. (Martin-Baró 1998:317). Es decir, desde donde
construimos las categorías con las cuales vamos a tratar de leer la realidad
que queremos intervenir. Podemos situarnos desde una concepción de realidad
como condición de posibilidad siempre abierta al cambio social; o bien,
podríamos decir, como recurso en el cual la transformación del hombre permita
la transformación de la realidad. O de forma muy diferente, como es el caso de
la psicología comunitaria estadounidense, en la cual la realidad se plantea
como déficit, y debe ser complementada con posiciones externas, como por
ejemplo políticas estatales-institucionales de servicios de salud o participación.
Se puede decir que, en general, la
psicología comunitaria latinoamericana ha respondido a la interrogante de
definir el sector social desde el cual se va a leer la realidad eligiendo los
sectores populares. Es decir, la psicología comunitaria latinoamericana y
chilena se plantean como objetivo original asegurar la coherencia de las
demandas de los sectores populares de los países de la región con las
intervenciones que se realizan sobre estos mismos actores.
Otro desarrollo de la disciplina en
Latinoamérica, muy ligada a las teorías estadounidenses, y que se mantuvo en su
lógica, se basaba en la idea de proveer servicios a la comunidad modificando su
orientación y tratando de producir un cambio en
el nivel estructural-funcional de los servicios de salud. Esta
orientación suponía una falla en las instituciones en las cuales el Estado
delega la socialización de los individuos, lo que generaría grupos marginados
(Montero 1984). Esta orientación que corresponde a la definición de salud
mental comunitaria surgió bajo la influencia directa de la psicología
estadounidense en la latinoamericana. Aunque su análisis no es el objetivo de
este artículo, merece una mayor atención, ya que los objetivos de esta
orientación estarían francamente reñidos con los de la psicología comunitaria
latinoamericana. Esta se liga al cambio social,
pero considerándolo como una alternativa a las condiciones de exclusión,
y poniendo el énfasis en “devolver el poder” a los sujetos de intervención, y
no en tratar de perfeccionar una tecnología social en beneficio del poder
político imperante.
En general, a nivel teórico, todas
las visiones de participación de la psicología comunitaria mantienen una
concepción de mundo en la cual los sujetos clásicos de intervención de la
disciplina estarían fuera de ésta. Por decirlo así, todas estas orientaciones
son integracionistas: plantean que los sujetos se integren a la sociedad. El
objeto de intervención se constituye como excluido. Esta idea se transforma, en
el plano paradigmático, en una concepción según la cual la psicología
estadounidense pretende cambiar el aparato estatal de salud, y en el caso de
Latinoamérica, otorgando un "plus" a los sujetos –que denomina
“concientización” o “empowerment”-, lo
que les permitiría transformar la realidad. En el primer caso, el énfasis está
en lo que el Estado piensa como deseabilidad social, que es una adaptación a un
cierto esquema político, por cierto muy
ligado al funcionalismo. En el caso de Latinoamérica, en cambio, se ha
entendido muchas veces que la psicología está ligada a cierto objetivo político
de transformación del Estado -como representante de los intereses de los
sectores opresores, y diferente de los sectores oprimidos-, en el cual el papel
de los sujetos de intervención es crucial. De ahí que el énfasis esté puesto en los
sectores de exclusión, como los únicos que podrían asegurar su
"liberación".
La
psicología comunitaria, desde sus inicios en Latinoamérica, ha compartido la
crítica sobre la dependencia ideológica-académica, política y económica que se
encuentran los países de la región respecto a Estados Unidos (Krause y
Jaramillo 1998). Los psicólogos reconocían la necesidad de participar en los
cambios sociales necesarios para superar esta realidad, y se sumaron a los
trabajos interdisciplinarios de orden comunitario, ya existentes a finales de
los años cincuenta. Dichos trabajos proponían un cambio de la lectura –externa
y poco coherente-, que los sujetos populares
efectuaban de la realidad que los afectaba. Para esto, se plantearon la
necesidad de participar en los movimientos sociales que buscaban este objetivo,
de una parte, y de otra, hacer coherente la intervención y su teorización con las demandas de los sectores populares
(Martín-Baro 1998). De este modo, la psicología comunitaria se proponía como su tarea central, cambiar las
condiciones de los sectores populares, orientando las intervenciones en
relación a las necesidades y demanda de estos sectores.
Dado
el desarrollo tardío de la disciplina en Latinoamérica, cerca de dos décadas
después de su surgimiento en Estados Unidos, la psicología comunitaria se ha
visto presionada a adaptarse a las condiciones que el ambiente le exigía. Es
decir, debido a las crecientes contradicciones de la realidad de nuestros
países, de una parte, y de otra, motivada por las profundas transformaciones
dentro de sectores de la iglesia o de los movimientos obrero-populares de
tendencia marxista de la región, la psicología comunitaria se sumó a la
creciente critica de la psicología de la época y definió, en general, el sector
social de los pobres como objeto de estudio e intervención. Sin embargo, debido
a las crecientes dificultades de su práctica y reflexión por la incomunicación
de los agentes con otras instancias nacionales e internacionales; por la
intervención norteamericana; las dictaduras militares de la región; la falta de
recursos económicos; la escasez de medios de difusión profesional, y otras, la
psicología comunitaria experimentó un creciente desarrollo ligado a las
experiencias individuales, muy poco sistematizadas por cierto, lo que a la
larga mermó su responsabilidad de establecer lineamientos claros sobre como
responder a las demandas sociales (cfr. Krause y Jaramillo 1998).
Con el posterior proceso de
institucionalización de la disciplina, que fue facilitado por los procesos de
“retorno a la democracia” en nuestros
países, los trabajos de psicología comunitaria la mayoría de las veces fueron
absorbidos por las políticas de salud pública. En Chile, dichas tareas se
caracterizaron por un fuerte énfasis en mejorar la calidad de vida y las
necesidades sociales (Krause y Jaramillo 1998). Dentro de esta concepción, los
programas se caracterizaron por tener una visión en la cual los servicios de
atención social se consideraron un
derecho ciudadano. Se les otorgaron instrumentos económicos, técnicos y humanos
con los cuales se trató de dar condiciones
que facilitaran la libertad y la igualdad de los ciudadanos, así como el
progreso social y económico (Rozas 1994-1995, en Krause y Jaramillo 1998).
En nuestros días, desde la llegada
al poder del tercer presidente de la Concertación, asoma una nueva forma de
asegurar la participación en nuestro país. Esto se expresa ya en los
compromisos que el presidente Ricardo Lagos efectúo en su campaña presidencial,
en los cuales manifestó la preocupación de su colectividad política por
reinstalar, decididamente, la participación ciudadana en la sociedad. Se
entendía que sus formas anteriores estaban mostrando déficits y signos de
agotamiento (Cfr. Ministerio Secretaría General de Gobierno 2000). Para esto,
el gobierno actual ha planteado el llamado Nuevo
Trato de fortalecimiento de la sociedad civil, que es una alternativa
viable sobre esta problemática.
Esto
evidencia una preocupación del Estado en reexaminar las canales y formas de
participación existentes en el país. Se observa, de una u otra manera, una
vuelta sobre los pasos a las épocas anteriores, en las cuales las alternativas
de participación estaban ligadas a un proyecto político en el gobierno (por
ejemplo la Unidad Popular), y luego, en los ochenta, mediante la actividad
de las diversas organizaciones no
gubernamentales. Dada esta situación, es relevante examinar, de una parte,
cuáles son las orientaciones de la psicología comunitaria histórica, para
hacernos una idea de lo que, en términos
de contenido, propone como participación; y, de otra, juzgar sobre los tipos de
participación actuales impulsadas por las políticas del actual gobierno.
Orígenes y énfasis de la psicología comunitaria
latinoamericana y su relación con la participación
A continuación, se expondrá una
pequeña historia del origen y los énfasis de la disciplina, así como del
contexto en el cual nace; asimismo, se presentaran algunos de los enfoques de
teorías clásicas que emergieron en Latinoamérica y que han ejercido una
influencia directa sobre la psicología comunitaria. Se explicitaran los
aspectos principales de lo que se ha entendido por participación en Maritza Montero, en la sociología militante
del grupo Rosca, en la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, y en la
psicología de la liberación de Ignacio Martin-Baró. A continuación, se
abordarán las formas de participación, y algunos de sus referentes teóricos,
propuestas por la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaria
General de Gobierno chileno. Finalmente, se examinará la psicología comunitaria
y su presencia en nuestro país.
La intervención psicológica
comunitaria surgió a finales de los años cincuenta. Nació como una alternativa
frente a las cuestionadas prácticas psicológicas de esa época que eran
básicamente de orientación individual y poco coherentes con la realidad que
vivían los pueblos latinoamericanos (Krause y Jaramillo 1998). Se caracterizó
por un fuerte énfasis práctico, relacionado concretamente con las prácticas
sociales y políticas, y con un compromiso con el cambio social. Su desarrollo
estuvo ligado a los movimientos que cuestionaron la pertinencia y
características de las ciencias sociales respecto de la realidad latinoamericana
(Marín 1980, cit. en Matías Asún 2001) . Los principales aspectos del contexto
de los años en que surge la psicología comunitaria fueron: el surgimiento del
movimiento antipsiquiátrico italiano, con su preocupación de redefinir el rol
del experto institucional de salud; los movimientos políticos de liberación en
el Tercer Mundo; el fuerte auge académico de la disciplina (la creación de
cátedras, revistas, etc.), y la política de salud de inicios de los años
sesenta en los Estados Unidos (Alfaro 1993 y Domingo Asún et al. 1995). En Latinoamérica, se destaca el impacto del
Concilio Vaticano II y de la revolución cubana (Alfaro 1993 y Domingo Asún et
al.1995); la influencia de los movimientos de emancipación, concientización y
liberación, cuyos exponentes más representativos son la teología de la
liberación, la educación popular, y la sociología militante; asimismo, los
movimientos de critica y disidencia que abogaban por una identidad
latinoamericana que no dependiera directamente de potencias extranjeras
(Domingo Asún et al. 1995).
Desde finales de la década de los
cincuenta, del siglo pasado, en Latinoamérica se venían realizando trabajos
comunitarios de índole interdisciplinaria, en conjunto con las actividades de
movilización social (Montero 1984).
Algunos de estos trabajos se orientaron al desarrollo y participación
comunitarios, -basados en la metodología de la investigación acción-, buscando
promover el cambio social y la
concientización (Krause y Jaramillo 1998, Montero 1984).
La psicología comunitaria como
disciplina[1] comienza a fines de los sesenta,
del siglo pasado, en el contexto de una
serie de condiciones sociales y políticas que crearon un clima propicio para su
surgimiento. En este momento histórico, se generó una preocupación creciente
por la aplicabilidad de la psicología al proceso de reivindicación de los
grupos “marginados”. Los psicólogos enfocaron sus críticas a la psicología
individual y a su búsqueda en factores individuales de explicación a los problemas sociales (Krause
y Jaramillo 1998).
Krause y Jaramillo (1998) han
destacado tres grandes influencias sobre
el desarrollo de la psicología comunitaria en Latinoamérica. La primera es la
preocupación por los graves problemas económicos y sociales que afectaban a los
países latinoamericanos, por ejemplo, la dependencia económica. Esto provocó
una creciente toma de conciencia de las comunidades, y la búsqueda de autonomía
en los procesos de toma de decisiones respecto las transformaciones sociales
que se requerían.
Segundo. El creciente descontento respecto a la
psicología social latinoamericana, la cual desconocía las características y los
problemas de la realidad social de los países de la región. Se generó una
actitud crítica que consideró a esta disciplina como una reproducción de la
psicología social experimental estadounidense. Esto impulsó la aparición de
posturas teóricas y prácticas más radicales respecto a la coherencia entre la
intervención y la voz de los beneficiarios de ella.
Tercero. La influencia de enfoques teóricos y
prácticos innovadores como la educación popular orientada a la
concientización, y la
investigación-acción que promovía la idea de autogobierno en las comunidades.
Estos autores concluyen que la
psicología comunitaria emergió como un esfuerzo paralelo de diversos grupos,
tanto de psicólogos como de otros profesionales de las ciencias sociales, que
se enfrentan a las problemáticas del
subdesarrollo y de la dependencia de los países latinoamericanos (Montero
1984).
Maritza Montero propone una
definición de la psicología comunitaria que enfatiza el compromiso de la disciplina con el intento de participación
de los sujetos de intervención. Esta sería "la rama de la psicología cuyo
objeto es el estudio de los factores psicosociales que permiten desarrollar,
fomentar y mantener el control y poder que los individuos pueden ejercer sobre
su ambiente individual y social, para
solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios en esos ambientes y en la
estructura social" (1984: 390). Como puede verse, el elemento central de
esta definición es el énfasis en el poder y el control en la comunidad sobre su
ambiente, desplazándolo los agentes interventores u organismo externo de
cualquier signo u origen (Ibid).
Debido a la dependencia que la
psicología comunitaria tenía en esos años con las orientaciones
estadounidenses, las propuestas de intervención oscilaron y continúan
haciéndolo entre la alternativa de proveer servicios en torno a la salud
mental, concebida dentro del contexto sociocultural, otorgando importancia a
los factores ambientales, y la alternativa de una psicología orientada al
cambio social buscando la justicia social, por medio de la participación de la
comunidad. La disciplina definió como sus principales propósitos el quiebre de
la condición de dependencia de las comunidades, y la estimulación de sus
capacidades de autogobierno (Krause y Jaramillo 1998).
Para la psicología comunitaria el
sujeto de intervención no podía ser visto en una lógica de “acomodación” a su
ambiente, como lo planteaba el desarrollo de la salud mental comunitaria, de
origen estadounidense, que postulaba el cambio de la atención ofrecida por los
servicios de salud (Escobar 1979 y Montero 1984). La psicología comunitaria
surge de la concepción de que las transformaciones sociales deben hacer
aparecer al sujeto activo de las mismas. Es decir, los cambios sociales no
serán posibles sin la participación de los individuos a los que van dirigidas.
Señala Montero que “el trabajo debe ser autogestión y no pura manifestación
externa” (1984:391).
La idea “rectora” de la psicología
comunitaria era la de posibilitar el aumento de poder de los actores sociales
objeto de su intervención. Rappaport frente a la pregunta de quien tendría que
definir la realidad de los actores sociales, responde que la estrategia
adecuada es de dar poder a las personas de manera que ellas puedan actuar por
sí mismas (1977, cit. en Krause y Jaramillo 1998). Esta postura luego será la
base de las teorías de intervención llamadas genéricamente empowerment. Se plantea que la intervención debería cumplir con
tres condiciones básicas, a saber: (a) respeto de la diversidad de las personas
y las comunidades y el valor en la promoción de la autogestión; (b) la
ubicación del locus de control y del poder en la comunidad; y (c) la unión
inseparable de la teoría y la práctica. (Ibid:36)
En el sentido teórico, el intento de
Maritza Montero por definir un paradigma sobre la psicología social y de
tránsito hacia la comunitaria presenta aspectos relevantes para determinar el
carácter de la participación. Montero,
cuestionando el paradigma imperante en la psicología social
latinoamericana, propone un paradigma emergente cuyos principales postulados
son, de una parte, el carácter histórico de la psicología, que sitúa su objeto de estudio en el devenir, constituido
por hechos culturales y espacialmente situados, es decir, los fenómenos
psicosociales se dan en realidades especificas (1994). De otra, la realidad
social como orientadora fundamental de los estudios psicológicos. Esto implica
considerar que: (a) la realidad es una construcción cotidiana; (b) la realidad
social debe ser entendida en una perspectiva dialéctica, en la cual persona y
sociedad se construyen mutuamente; (c) la psicología debe asumir los problemas
de la realidad social, tomar en cuenta la estructura económica y social y sus
efectos en la formación del ser social.
Otros de los ámbitos que la autora
enuncia dentro de su propuesta es el reconocimiento del papel activo de los seres
humanos, los cuales son considerados como actores y constructores de su
realidad. Esta orientación, ubica al sujeto de intervención en el centro de
dicho proceso, es decir, aquel que se supone sería estudiado ahora se convierte
en investigador de su realidad, y de los efectos que ejerce sobre el mismo. Por
ello, debe participar en la formulación de objetivos, como en todo el proceso,
así como también, metodológicamente, se debe dejar espacio a la autogestión
(Montero 1994).
Finalmente, la autora enfatiza la
necesidad de orientar el estudio desde la perspectiva de los “oprimidos”, ya no
desde la perspectiva del hombre promedio, y la idea de trabajar para que sus
sujetos de estudio, empleando sus capacidades y potencialidades, adquieran
conciencia y control sobre sus vidas y circunstancias vitales. En este sentido,
la autora sigue las orientaciones de la “Psicología de la Liberación” de Ignacio Martin-Baró, como se expondrá más
adelante.
La investigación acción participante
La investigación acción participante
se desarrolla a partir de los años setenta, y fue elaborada por el grupo Rosca
en Colombia, de Castillo, Libreros y, el más conocido de ellos, Fals-Borda. El postulado central de esta
metodología es la idea de la inserción del investigador en la comunidad, donde
debe recoger la información necesaria sobre la historia, y los requerimientos
sociales para la movilización política y el cambio social. Así mismo, este
método surge como un intento de vincular la investigación de la realidad social
con su transformación.
Desde la década del ochenta, del
siglo pasado, la investigación acción participante ejerce influencia en autores
latinoamericanos como Maritza Montero e Ignacio Martin-Baró, y encontrará un
espacio de desarrollo en el proyecto de la psicología de la liberación
(Jiménez-Dominguez 1991). La investigación acción participante incluye la
participación desde su inicio, y se establece como una de las posturas más
claras respecto a la participación de los sujetos de intervención, tanto desde
el momento (artificial por cierto) de la elaboración de la intervención, o los
temas desde los cuales debe desprenderse, hasta en la acción sobre el ambiente
en el que viven los actores sociales.
La investigación acción participante
se puede sintetizar, según Jiménez-Dominguez (1991), en los siguientes
aspectos:
(a) Busca desarrollar ciencia
popular, en el sentido de que la ciencia no debe convertirse en un fetiche,
sino que debe responder a objetivos colectivos concretos. Debe abandonar el
colonialismo y comprometerse con la transformación social, económica, política
y cultural.
(b) En consecuencia, su método se
basa en la participación y el compromiso que intenta ir más allá de las
nociones de observación participante y observación intervención. De esta
manera, se propone la inserción del investigador como agente del proceso
estudiado. El método, que incluyó aportes de la revolución china y vietnamita,
implica cuatro tareas. La primera, es el análisis de la estructura social y determinación de
los grupos claves. Segunda, la selección de temas y enfoques, según el nivel de
conciencia de dichos grupos. Tercera, la indagación de las raíces históricas de
la estructura social. Cuarta, la presentación de los resultados a los grupos clave para dinamizar
su acción (Jiménez-Domínguez 1991).
Primera. Para la investigación acción participante, la
región, en vez de la nación, se considera como su núcleo cultural, social y
político. La nación se considera artificial, parcialmente irreal y ajena al
pueblo, en cambio la región se forma desde los orígenes de éste y en el espacio
cotidiano. De ella y desde sus problemas deben emerger las fórmulas que
articulen a la sociedad. El investigador, en conjunto con los miembros de las
comunidades regionales, debe “diseñar su trabajo con ellos y sus órganos de
acción, y su producción intelectual y técnica debe ser primeramente para ellos.
Para lo cual se debe establecer un idioma adecuado, los conceptos e hipótesis
deben ser verificados en la confrontación con los grupos de base y su realidad
y no en los grandes esquemas teóricos” (1991:113).
Segunda. En la investigación acción
participante el investigador busca articular el conocimiento empírico que
estaría ligado al sentido común del pueblo, con el conocimiento científico. La presentación
de los resultados de la investigación sería una restitución, un modo de
devolución sistemática de ese conocimiento mediante “la recuperación critica de
la base cultural" (Ibid).
Tercera. Como consecuencia de la
radicalidad de la propuesta de la investigación acción participante, la
organización política se enmarca en la idea de una débil correspondencia con
los grupos políticos, y en el hecho de que la movilización se concibe como una
articulación, tratando de crear una "lealtad superior" sobre las
regiones, donde se pudiera respetar los valores locales.
Toda esta noción de
trabajo-intervención con las
comunidades y no para las
comunidades sirve a los psicólogos latinoamericanos como una metodología aplicable en la mayoría de las acciones comunitarias,
que se realizan en los diferentes países de la región.
La educación popular
La educación popular ejerce una
clara influencia en la psicología comunitaria.
Este enfoque educativo ha sido empleado como una metodología de amplio
uso en el trabajo comunitario. Para la educación popular el tema de la
participación es central. En el pensamiento de Paulo Freire, la educación se
plantea la liberación de los sujetos oprimidos de Latinoamérica mediante la
inserción de los sujetos de la intervención, desde su inicio, en dicha tarea,
que en este caso sería la alfabetización. Asimismo se trata de potenciar el
pensamiento crítico que implica toda educación de adultos. Para Freire, la idea
de educar a los sujetos sociales parte de un absoluto respeto por el saber de
los más desposeídos; la idea es reconocer en su "vida cotidiana" los
elementos que permitan dar cuenta de la materialidad de las relaciones sociales
de explotación. Para eso, en la primera etapa de la alfabetización se trabaja
con hechos o palabras generadoras, y
en un segundo momento se buscan temas
generadores que permitan la reflexión sobre su entorno en general, y así,
con esta creciente reflexión crítica, se posibilita la acción política de
cambio social sobre las condiciones que están viviendo. Este es un método de
transformación de la realidad mediante la transformación del hombre. Lo “que se
pretende investigar realmente, -escribe Freire-, no son los hombres, como si
fueran piezas anatómicas, sino su pensamiento-lenguaje referido a la realidad,
los niveles de percepción sobre esta realidad, y su visión del mundo, mundo en
el cual se encuentran envueltos sus temas generadores” (1997:113).
En esta propuesta de intervención,
desde la educación, para favorecer el cambio social, la participación de los
sujetos es casi un supuesto incuestionable. Para Freire la educación liberadora
no puede ser, ni hacerse, si no cuenta con la participación de los educandos.
Es decir, la educación debe constantemente impulsar en su acción la posibilidad
de que los sujetos se apropien de la reflexión sobre su realidad. Esto es lo
contrario de que Freire llama “la concepción bancaria" de la educación, en
la cual los educandos son simples recipientes que los educadores llenan con los
contenidos de sus depósitos de conocimiento.
Para este enfoque la participación
opera durante todo el proceso, desde las jornadas de discusión sobre las
palabras generadoras, hasta la programación de los contenidos de los módulos de
aprendizaje, llamados por el autor círculos
de cultura, cuyo fin más inmediato es la alfabetización. El fin mediato se
define como el inédito viable
(Ibid:121), en el cual los sujetos reflexionan en un posible que no es, pero
que en la praxis (acción y reflexión continua) -propuesta por ellos mismos,
mediante su acción sobre en la
realidad-, se establece como el objetivo político de cambio. En síntesis, para
la educación popular la participación está íntimamente ligada con la liberación
de los hombres por la reflexión de su dialéctica con la realidad. Freire piensa
que nadie se educa solo, así como nadie se libera solo.
“La Psicología de la Liberación”
Para algunos desarrollos de la psicología social latinoamericana, que
ejercen influencia en psicología comunitaria, la coherencia con el sujeto
concreto y sus demandas asume un carácter más radical. En Psicología de la liberación (1998) del hispano-salvadoreño Ignacio
Martin-Baró se propone la idea irrevocable de la unión de la psicología y las
demandas de los sectores populares. Para este autor, el objetivo de la psicología social es
posibilitar la desideologización, y posteriormente la concientización de los
sujetos marginados, por el estudio de la acción en tanto ideología. Martín-Baró
describe la situación de los países latinoamericanos, en los años ochenta, del
siglo pasado, con la intervención norteamericana y su política de
"seguridad nacional", como una situación estructural de injusticia,
con fuertes procesos de confrontación revolucionaria, y la acelerada
satelización de los Estados nacionales
(Ibid 1998). En este contexto, la propuesta de psicología de la liberación
plantea el papel que correspondería al psicólogo.
Martin-Baró comienza su análisis
desde la idea de que la proliferación de la psicología se debe a la función que
estaba asumiendo como una ideología de recambio (1998:166). En el centro de
esta misma preocupación, se encontraba el escaso aporte de la psicología a la
comprensión de los problemas de los sectores populares, ya que se había
orientado profesionalmente a los sectores medios de la población. Para este
autor, la psicología estaba
contribuyendo a mantener y regenerar las estructuras ideológicas de la
dominación tan presente en esa época, con la consecuencia de que “el contexto
social se convierte así en una especie de naturaleza, un presupuesto
incuestionado frente a cuyas exigencias “objetivas” el individuo debe buscar
individual y aun “subjetivamente” la resolución de sus problemas”
(Ibid:167). La idea de preguntarse por
estas coordenadas permite a Martin-Baró reflexionar sobre cuales serían las
consecuencias del quehacer psicológico sobre determinada sociedad, en este caso
sobre las sociedades de Latinoamérica, especialmente respecto de su
responsabilidad de su papel en la
mantención del orden establecido, es decir, en que se convierta en un
instrumento útil para la reproducción del sistema (Braunstein et al. 1979 en
Martin-Baró 1998).
La psicología de la liberación
propone el estudio de la conciencia, desde una óptica dialéctica que comprende
que la única transformación y liberación posible de la realidad de los países
latinoamericanos es la transformación de la realidad y del individuo, en la
transformación constante de ésta por aquel. Desde esta óptica, la conciencia se
refiere a “todo aquel ámbito en donde cada persona encuentra el impacto reflejo
de su ser y de hacer en sociedad, donde asume y elabora un saber sobre sí mismo
y sobre la realidad que le permite ser alguien, tener una identidad personal y
social; (...) es el saber y no-saber sobre sí mismo, sobre el propio mundo y
sobre los demás, un saber práxico antes
que mental” (Ibid:168).
La importancia de este saber es el
conocimiento inserto en la praxis cotidiana, la más de las veces inconsciente e
ideológicamente naturalizado, en cuanto permite o impide a los pueblos el
control sobre su propia existencia (Ibid 1998). Para Martin-Baró, entonces, el
estudio de la conciencia desde esta mirada le permitiría proponer a la
psicología social como el estudio de la acción en tanto ideológica.
Un análisis crítico de la conciencia
de los pueblos latinoamericanos y su concientización suponen tres aspectos: (a)
el ser humano se transforma al ir cambiando su realidad, por lo que es un
proceso tanto dialéctico como activo; (b) mediante la paulatina descodificación
del mundo, la persona capta los mecanismos que le oprimen y deshumanizan, con
lo que se derrumba la conciencia que mistifica esa situación como natural y se
le abre el horizonte a nuevas posibilidades de acción, esta conciencia crítica
ante la realidad potencia una nueva praxis, que posibilita a la vez nuevas
formas de conciencia; (c) el nuevo saber
de la persona sobre su realidad circundante
implica un nuevo saber sobre sí misma y sobre su identidad social
(Martin-Baró 1998, siguiendo a Freire 1970 y 1973).
La concientización así planteada,
haría posible que todo saber verdadero, se realice en vinculación esencial a un
hacer transformador sobre la realidad, y este hacer transformador deberá
necesariamente significar un cambio en las relaciones entre los seres humanos.
El horizonte de la psicología es la búsqueda de la desalienación de las
personas y de los grupos, que les ayude a lograr un saber crítico sobre sí
mismas y sobre su realidad. La concientización de los sujetos mediante la
desideologización permitiría el cambio social, desde: (a) una conciencia
crítica sobre las raíces, objetivas y subjetivas, de la enajenación social, ya
que ésta se desarrolla contra de todos los velos de justificaciones,
racionalizaciones y mitos que encubren los determinismos últimos de los pueblos
y posibilita el cambio esperado; (b) el proceso mismo de concientización supone
salir de la mecánica del par dominador-dominado, ya que solo puede realizarse a
través del dialogo, es decir, desde nuestra interpretación, desde la horizontalidad
y la participación de los sujetos de intervención (Ibid 1998).
Participación
Como hemos visto, el eje articulador de gran
parte de la psicología comunitaria es la participación. A continuación,
expondremos los lineamientos generales de lo que podrá ser entendido como
participación en los programas comunitarios.En el año 1999 la División de
Organizaciones Sociales (DOS) del
Ministerio Secretaría General de Gobierno de Chile encargó un estudio
sobre categorías de participación con el objetivo de proveer al gobierno de una
matriz de participación social en
programas con componentes participativos. Esta se utilizaría como instrumento metodológico que permitiera
recabar información sobre las características de los procesos participativos
generados en los programas sociales (Ministerio Secretaría General de Gobierno
1999).
El diagnóstico de este trabajo
señala que existiría un agotamiento y crisis de los espacios de participación,
tanto del Estado como de la sociedad civil. Se plantea que las organizaciones
sociales además de haber perdido su vitalidad y legitimidad, han tenido
dificultades en encontrar nuevos modelos de acción de agrupamiento y de
interlocución con el Estado. Hay que añadir que los canales de participación de
los programas sociales se limitan a ser mecanismos excesivamente
instrumentalizados y predefinidos, sin generar espacios de autonomía y
empoderamiento, sin distribuir poder y generar capacidades de la comunidad, a
pesar de la versatilidad e innovación de los programas, lo que habría generado
una suerte de “congelamiento” del activismo social y de la participación social
y comunitaria (Ibid 1999).
En este contexto, se propone un
marco analítico para caracterizar distintas
modalidades de participación a lo largo del ciclo de los programas e
identificar el o los sujetos de la participación. Este marco cuenta con tres
aspectos.
A. Tipos o modalidades de participación
Abarca tres
elementos: (a) Participación en la toma
de decisiones y control social de los compromisos públicos asumidos. Se
refiere a la injerencia de los agentes comunitarios (individuos, grupos
comunidades) en los procesos de toma de decisiones; así como en la formulación de políticas
públicas; en los diseños de ellas y de programas, y en la fiscalización y
control que pueda ejercer la comunidad. Este elemento implica el ejercicio de
los derechos ciudadanos, derecho de ser informado, derecho a opinar y reclamar,
derecho a apelar e impugnar decisiones de la autoridad, a confrontar ideas, a
llegar a consensos y a decidir.
(b) Participación asociada a la ejecución y gestión de los programas.
Se refiere a la valoración de la participación como un instrumento que
contribuye a elevar la calidad de la acción social del gobierno. Se orienta a estimular, favorecer y promover, en
distintos grados y niveles, la participación directa de la población
beneficiaria en la gestión de los programas y proyectos sociales.
(c)
Participación como usuario activo de
beneficios sociales. Se refiere a la participación entendida como beneficio
que el nivel central entrega, donde casi no existen posibilidades de
intervención propia y autonomía de parte de la población.
Otro
aspecto es el de la participación como
proceso de fortalecimiento del capital social de la comunidad. Se refiere a
los recursos, activos y capacidades con que cuentan las personas, las familias
y las organizaciones sociales para salir adelante con su propio esfuerzo. El
fortalecimiento de redes sociales y de la capacidad de interacción con el
Estado y los programas públicos permite la acumulación y fortalecimiento del
capital social. Así la participación tiende a ampliar su entorno, conectándose
con otros y creando redes sociales, económicas, de asesoría y asistencia
técnica permitiéndoles conectarse con el mundo que los rodea.
Ahora a partir de los tipos o
modalidades de participación se presenta un esquema analítico que servirá para
determinar los programas sociales comunitarios.
Acumula capital social
Habilitación social Consultiva
y empoderamiento
Participa
en las decisiones
Utiliza la oferta
Gestionaría
Instrumental
Satisface necesidades básicas
El primer eje (vertical) responde a
la pregunta ¿para qué sirve o en qué beneficia la participación social al que
participa? El extremo “satisfacción de necesidades básicas” se refiere, por
ejemplo, obtener una vivienda, un subsidio etc. Es decir, necesidades básicas,
sentidas, concretas y acotadas. El otro extremo “acumula capital social”, se
refiere a que además de satisfacer una necesidad básica hay un aprendizaje y
desarrollo de los individuos que participan.
El segundo eje (horizontal) responde
a la pregunta ¿en qué consiste o de qué se trata la participación? Este
tiene que ver con la influencia que
tienen los destinatarios sobre lo que hace y como lo hace el programa. En el extremo
“utiliza la oferta”, los destinatarios no tienen ninguna influencia sobre el
programa. En el extremo “participa de la toma de decisiones” se refiere a la
capacidad de los destinatarios de influir en la toma de decisiones.
La combinación de los ejes que dan
lugar a cuatro cuadrantes que permiten ubicar los tipos de participación y la
injerencia de los sujetos en cada etapa de los programas.
La
participación como habilitación social y empoderamiento. Esta
contempla la combinación entre participación en la toma de decisiones y la
acumulación de capital social. Los destinatarios adquieren destrezas y
capacidades, fortalecen sus espacios y organizaciones, y actúan con un sentido
de identidad y de comunidad. Además incrementan su capacidad de negociación e
interlocución con el sector público.
La
participación gestionaria. Combina la participación en la toma de decisiones
con la satisfacción de necesidades. Los destinatarios son considerados como
gestionadores de programas públicos, dando respuesta a problemas locales o
sectoriales. Generaría en la comunidad capacidad para gestionar, y supone
información para actuar como interlocutor de las agencias estatales.
La
participación instrumental. Combina la participación en la satisfacción de
necesidades con la que utiliza la oferta entregada por los programas.
La
participación consultiva. Es aquella
que utiliza la oferta, pero que a la vez tiene capacidad para la acumulación de
capital social. Se relaciona con un tipo de participación en que los programas efectuarían una especie
de consulta de la autoridad a la
población.
B. Momento en que tiene lugar la participación en el ciclo de los programas sociales
(a) Difusión de información sobre el programa: se
refiere al modo como se da a conocer la información a la comunidad.
(b) Participación en el
diagnóstico, definición y priorización de necesidades: esta forma incorpora la
identificación conjunta de las demandas reales de la comunidad, por ésta y por
los agentes del Estado. La comunidad propone, prioriza, y define cuáles
necesidades son las más importantes.
(c) Participación en el diseño de los
programas: en este tipo se elaboran en conjunto los contenidos, prioridades,
etapas y actividades.
(d) Participación en la ejecución o
gestión del proyecto: los beneficiarios
participan mediante actividades concretas, sea en recursos o en la
administración.
(e) Participación en instancias de evaluación de resultados: en
esta etapa los sujetos son invitados a evaluar lo ejecutado.
(f) Control
social y rendición de cuentas: consiste en el control acerca de las decisiones
tomadas, los recursos públicos utilizados y la calidad de lo realizado.
(g) Rediseño de programas: a partir
de la experiencia acumulada, permite rediseñar el programa con los cambios
propuestos.
C. Sujetos de la participación
Se refiere a quien participa en los programas
sociales: (a) personas individuales que participan sin necesidad de asociarse;
(b) personas individuales que a propósito del programa se asocian: ya sea por
que el programa lo estipula o como resultado espontáneo del programa; (c)
líderes o dirigentes de organizaciones sociales y productivas, territoriales,
funcionales, tengan o no personalidad jurídica.
Los
modos de participación más coherentes con la idea general de la psicología
comunitaria, diferenciándola de sus desarrollos ligados a la salud pública,
serían sólo los dos primeros tipos de
participación señalados por la División de Organizaciones Sociales. Es
decir, la idea de participación como
habilitación social y empoderamiento, y participación gestionaria, entendiendo
que el sujeto social debiera tener acceso a todos los tipos de participación.
La psicología comunitaria en Chile
Sus inicios en Chile se pueden situar en los años
sesenta, del siglo pasado, simultáneamente a los trabajos comunitarios que
aportaron elementos conceptuales y nuevos diseños abordar de los problemas de
la salud mental (Domingo Asún et al. 1995).La práctica comunitaria, desde sus
comienzos, plantea como uno de sus valores el hacer psicología en forma más
equitativa y adecuada a los recursos del país,
y prescribe al psicólogo un rol de agente de cambio social (Ibid 1995).
Durante sus inicios, la disciplina
se comprometió con los valores de las comunidades que se pretendía intervenir.
Ambos enfoques, emblemáticos de la psicología comunitaria en Chile -la salud
mental poblacional (Weinstein) y la psiquiatría intracomunitaria (Marconi)-, se
propusieron enfatizar la investigación de la conciencia y la cultura de los
potenciales destinatarios de la intervención, y valoraron la participación e
incorporación de la comunidad en la intervención, buscando ser coherentes con
la voz de los sectores populares. Lo que se buscó fue integrar a los sujetos
otorgando un efectivo reconocimiento de las prácticas y los aportes que éstos
generaban al desarrollo de la salud mental (Krause y Jaramillo 1998: 29).
Desde los setenta, debido al golpe
militar, el panorama cambió. Las acciones impulsadas por el Estado fueron
sustituidas por otras financiadas por
organismos internacionales, realizadas por las organizaciones no
gubernamentales, y grupos ligados a la Iglesias. Pero, se mantuvo el énfasis de
que la focalización de las intervenciones en los grupos marginados, en este
caso, los perseguidos políticos. Se acogió la demanda de asistencia, incluso
arriesgando la integridad de los agentes
de intervención, y se promovió el trabajo comunitario en el desarrollo de
grupos y de la comunidad, en la situación autoritaria.
Principalmente, los psicólogos
comunitarios se dedicaron en los últimos veinte años a diferentes áreas,
realizando un “replanteamiento sobre el rol del Estado, el rol de la
organización social, el rol del profesional y de la relación entre ellos”
(Domingo Asún et al. 1995). En síntesis, estas áreas son principalmente las siguientes:
(a) reconstrucción del tejido social: se prioriza el desarrollo de las
organizaciones populares; (b) revalorización de los grupos: se privilegia el
grupo como unidad de trabajo, a la vez que se otorga un lugar central de
aprendizaje a la dimensión de proceso; (c)
revalorización de las tareas de subsistencia: se asume que la crisis
económica es larga, y se pone énfasis en el desarrollo de recursos propios, la
subsistencia se vuelve un problema colectivo que requiere organización;
(d) fortalecimiento de la democracia en
la base: se procura generar decisiones a nivel de los grupos en relación a
pautas democráticas, se desarrollan organizaciones sectoriales, y se trabaja en
la descentralización de las decisiones propias del sector; (e) se reemplazo del
rol de experto profesional el cual es sustituido por el de asesor, o
facilitador del proceso. Esto revaloriza la sabiduría popular, a la vez que
introduce la investigación y planificación participativa; (f) desarrollo de recursos no tradicionales: se
utilizan recursos como la solidaridad, la organización y tecnologías apropiadas
que respetan al hombre y la naturaleza; (g)
desarrollo del poder local: se fortalece la identidad histórica local
creando vínculos, revitalizando las demandas a nivel local y las estrategias de
autogestión del poder que faciliten que la comunidad decida sobre sus áreas de
competencia.
En los últimos años, después de los
noventa, ha habido un cambio en los énfasis de la intervención, en el cual los
principales objetivos han sido la
calidad de vida y las necesidades sociales, a la vez que se ha producido una
creciente institucionalización de los agentes de intervención. Según Mariane
Krause (1997), cerca del 80% de los centros de trabajo comunitarios están
recibiendo fondos de parte de los
organismos del Estado. Este tema reviste especial importancia, debido a que
bajo las condiciones del régimen militar los organismos no gubernamentales se
establecieron como interlocutores de las demandas de la población. Gran parte
de su trabajo tuvo carácter contestatario, generando una especie de "mundo
alternativo", desde el cual se desprendieron la mayoría de las áreas de
trabajo ya señaladas. (Domingo Asún 1995)
Ahora bien, actualmente -y siguiendo
las conclusiones de Krause y Jaramillo (1998, cap. 6)-, existiría una
participación parcial en los procesos de intervención. Los agentes gubernativos
incluyen a los sujetos de intervención en el diseño e implementación de las
acciones comunitarias, pero no en la totalidad de los proyectos. (Ibid:216).
Así pues, se señala que la unidad de intervención es preferentemente el grupo,
siendo la siguiente unidad el individuo, y la que cuenta con menor
representación es la comunidad como unidad de intervención (Ibid:220).
También se señala que los criterios
de definición de los “problemas” de la comunidad se elaboran desde dos marcos:
desde aproximaciones de orden psicosocial y de orden psicológico o
psiquiátrico; y se deja de lado la posibilidad de una participación activa de
los sujetos de intervención en la etiología de su problemáticas.
Desde nuestra perspectiva, la
psicología comunitaria estaría mostrando, cada vez más, que los antecedentes de
las intervenciones, los elementos que definen los objetivos, la unidad de la intervención y el fin hacia donde se
orientan los agentes sociales estarían en desfase respecto al sujeto que
pretende intervenir. Pareciera que los
objetivos, metodologías, y otras, se formulan desde un lugar distinto al de los
propios sujetos de intervención.
Pensamos que una hipótesis plausible
sería que la psicología comunitaria actualmente
es incapaz de dar cuenta del sujeto histórico y concreto que tiene al
frente, tanto a nivel teórico, por la distancia temporal de la reflexión que sigue
siendo soporte de las intervenciones (¿quién sigue al desarrollo de la
psicología comunitaria?), cómo a nivel práctico, ya que estaría en coherencia
con intereses externos a sus orígenes, pervirtiendo así los objetivos
históricos de su accionar.
El momento actual y la relación de la participación en las políticas públicas
En los años noventa, con la llegada
de Ricardo Lagos a la presidencia se establece una nueva política de
participación, auspiciada, de una parte, desde el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) y sus informes de 1998 y 2000, y de otra, por los
desarrollos teóricos de Giddens y Beck de la llamada tercera vía europea, y
también, en el espacio local, por una cierta percepción política de que los
antiguos gobiernos de la Concertación habrían dejado de lado al mundo social.
Esta nueva política sobre el tema de
la participación se llama Nuevo Trato
y el aparato estatal encargado de su ejecución es la División de Organizaciones
Sociales (DOS.). Esta política comienza ya en la campaña presidencial, aunque
no con el nombre genérico actual. Su idea principal es fortalecer el tercer
sector, entendido éste como sociedad civil, en contraposición con el segundo
sector, el mercado y sus actores, y el primer sector, el Estado o la sociedad
política (Ministerio Secretaría General de Gobierno 2000).
Siendo la idea central la de
establecer una nueva institucionalidad para la participación ciudadana, se
vuelve relevante revisar algunos de sus postulados. El origen político de esta
concepción puede remontarse a la campaña presidencial, pero sólo se constituye
en política a partir del trabajo de la División de Organizaciones Sociales,
basado en el programa de gobierno de la
Concertación III. Esto se expresa en el lema de "crecer con igualdad",
donde se entenderá que "para crecer con igualdad debemos otorgar más poder
a la ciudadanía, de modo que participe más activamente en las decisiones que le
atañen en su barrio, en su comunidad, en su región, con un estilo de gobierno
más cercano a la gente y con una política mas comprometida con una distribución
más equitativa de los recursos" (Programa
de Gobierno de la Concertación III: 1999 en Ministerio Secretaría General
de Gobierno: 2000).
Así pues, se manifiesta la
responsabilidad ética del compromiso sobre la participación, al señalar que el
"Estado (en materia de participación) debe estar al servicio de las
personas y de la comunidad, y no al servicio de sus funcionarios o de otros
intereses" (Ibid, paréntesis nuestro). Finalmente, esta aspiración de
fortalecer los lazos del Estado con el tercer sector se ha traducido en: (a)
políticas de fortalecimiento de las expresiones asociativas de la comunidad,
mediante la instauración de una instancia gubernamental para establecer un
diagnóstico de la situación de la participación en los programas y políticas
públicas; (b) la creación de un Consejo de la Sociedad Civil, y por último (c)
la generación de espacios de voluntariado desde el Estado.
Entre los supuestos conceptuales del
denominado Nuevo Trato, está la idea
de que " las sociedades modernas, en la medida que han circunscrito las
áreas prioritarias de la intervención estatal, han invertido en la generación y
fortalecimiento de capital social" (Navarrete en Ministerio Secretaría
General de Gobierno: 2000). Por ello se entiende el beneficio de fortalecer el
tejido social, puesto que en Europa la disminución de los beneficios estatales
se ha absorbido en las comunidades con un fuerte tejido social.
El Nuevo Trato se elaboró considerando el informe sobre desarrollo
humano de 1998 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual se
planteaba la interpretación de que la dinámica de la modernización social en
Chile ha generado una asincronía entre el sistema institucional, público y
privado, y los sujetos . Esto se debe a que el sistema institucional no
considera la subjetividad de los ciudadanos, y esto explicaría el
distanciamiento entre el Estado y los ciudadanos. Para resolver esto se propone un “Nuevo Contrato Social”, que
debería emerger desde la sociedad política o primer sector. Luego con el
Informe del 2000 del mismo Programa se postula que la sociedad política debe
tratar de integrar a los sujetos como protagonistas de la modernización social
mediante: (a) el fortalececimiento de la sociedad civil, vigorizando su libertad,
como portadores de derechos; (b) el acrecentamiento del capital social, esto
es, de los vínculos entre las personas y/o sus expresiones asociativas.
Esta orientación adoptada por el
gobierno chileno da prioridad a los hechos de asociatividad, es decir, se trata
de trabajar con las organizaciones del tercer sector. Este trabajo, con las
características señaladas, busca potenciar el capital social de los sectores
populares. Todo lo anterior corresponde al objetivo político de
"fortalecer el vínculo entre las personas, junto con aprender a
escucharlas para poder comprender e interpretar sus demandas, sus inquietudes
mudas y sus aspiraciones colectivas " (Ibid:8).
Esta nueva orientación debe asegurar
que el discurso público se hace cargo del malestar de los ciudadanos, de manera
que el Nuevo Trato sea percibido
como la voluntad política del gobierno de interpretar a los ciudadanos,
fortalecer su capital social y promover
las relaciones de confianza entre ellos y de estos con la instituciones
(Ibid: 2000). Para ello se impulsaran tres medidas, una de carácter
institucional, que trata el tema de la participación en las políticas públicas;
el fortalecimiento de la sociedad civil o tercer sector y la creación de un programa de voluntariado.
La segunda medida será de tipo comunicacional, tanto de difusión como de
escucha de los ciudadanos, y la tercera es de tipo simbólico, en la que se
elaboraran y difundirán señales e hitos que permiten a los ciudadanos recuperar
la noción de pertenencia a una comunidad de semejantes.
A modo de conclusión
La psicología comunitaria clásica latinoamericana ha
impulsado en sus trabajos un modo de participación que potencia la capacidad de
los sujetos de intervención para decidir sobre su acción y su capacidad
gestionaria sobre los proyectos que le atañen. Es decir, está orientada al
cambio social de las condiciones de exclusión que históricamente han presentado
las sociedades de la región. Esta postura de la psicología latinoamericana rechaza la idea de la salud mental comunitaria
estadounidense cuya idea central es la de modificar la estructura estatal para
mejorar la socialización de los sujetos. El planteamiento latinoamericano
intentaba devolver el poder a los sujetos de la intervención, y no mejorar el
poder político imperante.
La psicología comunitaria siempre ha
tenido presente la idea de recurso de
los agentes de intervención, en contraposición a la idea de déficit de los
actores-objetos de éstas. Por ello, es
que su idea de participación propone
como su más alto escalón la autogestión de los sujetos. Se podría pensar
que ésta sería la idea rectora de los trabajos de la psicología comunitaria de
los últimos años, pero debido a los cambios políticos experimentados en
nuestros países se hace evidente la necesidad de revisarla a la luz de las
nuevas políticas impulsadas por el Estado.
En el trabajo de la psicología
comunitaria en los últimos años surge el interrogante sobre el tipo de
participación que estamos proponiendo en las prácticas. Es decir, nos
preguntamos si estamos entendiendo la participación como una acción que
establece un alto nivel de coherencia entre las demandas de los sectores
populares y excluidos con la intervención que realizamos, con el objetivo de
integrarlos al mundo y no al Estado, mediante el trabajo conjunto para
desarrollar un “plus” que posibilite una
nueva y activa relación de los agentes con su entorno. Es decir, es
relevante pensar en qué medida la participación, en la práctica de la psicología
comunitaria, está en coherencia o no con los postulados que constituyen la
disciplina en cuanto tal. Esto es, en qué medida se está realizando el ideal de
la completa coherencia entre la
intervención y las demandas. Esto confirma la relevancia de preguntarse
cómo se está dando la participación en
nuestro país.
Las políticas de Nuevo Trato se establecen como una
línea de trabajo cuyo énfasis está en fortalecer el tejido social, es decir el
tercer sector y su capacidad de asociación para generar vínculos de confianza
para una nueva institucionalidad. Este trabajo busca potenciar el capital
social mediante una concepción de la
participación impulsada desde el Estado.
Es obvio, a la luz de los intentos
de crear esta nueva institucionalidad
para la participación, que una
interrogante posible y necesaria sería una revisión de esta nueva
institucionalidad, desde las categorías de intervención desarrolladas
históricamente por la psicología comunitaria, tales como el desarrollo
comunitario, el cambio social, la promoción general de la salud, la prevención,
y otras, y desde categorías, como autogestión, empowerment, desarrollo de redes, asesoría técnica, desarrollo de
organizaciones y participación. Esta última que nos parece la más
representativa de toda la psicología comunitaria. Con esto podríamos dar cuenta
de los grados de coherencia entre las prácticas y las demandas de los sectores
intervenidos. Asimismo, se podría revisar su relación con las categorías que
están siendo usadas por las nuevas políticas de gestión, tales como: canales de
participación con el Estado, niveles de absorción y escucha de las demandas del
tercer sector y del Estado, capital social, fortalecimiento del tejido social,
etc.
Proponemos indagar cómo es que los
discursos que han sustentado o han sido el marco teórico de las intervenciones
se asemejarían a las primeras orientaciones (con la participación como su
elemento más característico), pero que en términos de la práctica parecieran
corresponder a intervenciones sustentadas por otros intereses distintos
a los de los sujetos-objetos de intervención y, sobre todo a la luz de la
política del Nuevo Trato desde el
Estado. Creemos que se crea una tensión de la coherencia de los intereses de la
comunidad y los objetivos de intervención.
En una investigación relativamente
reciente, se muestra un conflicto o tensión, dentro de los centros de
intervención, entre las ideas "rectoras" de sus programas y
objetivos, y el nivel práctico de sus trabajos (Krause y Jaramillo 1998). Los
énfasis originales de la psicología comunitaria plantean la participación como
uno de sus elementos centrales, como una práctica necesaria desde el inicio
(diagnóstico, priorización, etc.) hasta el término de la intervención
(evaluación). Incluso, como ya se señaló, considera la autogestión como el nivel
mas alto de participación, y uno de sus objetivos a largo plazo. En suma, se
busca desarrollar una participación resolutiva en decisiones y con capacidad de
gestión. Se entendía -y este podría ser el eje de una futura investigación-,
que la construcción del discurso que “soportaría” las intervenciones, y por
tanto la lectura de la realidad que los psicólogos efectuaban, debía
corresponder a la idea de una extrema coherencia con el sujeto histórico y
concreto (Martin-Baró 1998).
La idea de la coherencia extrema,
ligada a la creación de una “identidad de los sujetos intervenidos”
(Martin-Baró 1998), cuestiona la idea de beneficiarios pasivos de los servicios
de salud, y se orienta hacia una concepción de sujetos activos en la
transformación de la realidad en la cual viven. Se intentaba clarificar quién y
desde dónde se determinan los elementos de diagnóstico, los planes o las
alternativas de intervención, los criterios de patología, etc. que sustentan a
cada una de las intervenciones. Es claro que el lugar desde donde se determinen
los criterios para abordar el tema de la “identidad”, y por tanto la idea de
"patología" o "conflicto" de los sectores a intervenir,
estará determinando también, la finalidad de las intervenciones, que dependen
de los intereses que las orienten. Desde la psicología comunitaria, la
intervención será coherente sólo en el caso de la participación de los sujetos
y de sus demandas se integren en los programas y prácticas de intervención.
Desde aquí haciendo nuestro lo
expuesto por Krause y Jaramillo (1998), pensamos que las prácticas de las
intervenciones en la psicología comunitaria en Chile evidencian una tensión con
los discursos que las sustentan. Dicha tensión se “presenta tanto como
conflicto entre la teoría (que incluye el cambio social, por ejemplo, en
coherencia con la demanda planteada), y la práctica del agente
comunitario" (que no incluye el cambio social, y tampoco la participación
completa de los actores sociales); dándose también esta tensión entre la actualidad
y la tradición histórica de la intervención comunitaria en Chile” (Ibid:225-226
los paréntesis son nuestros).
Pensamos que, con el correr de los
años, el discurso de participación con que se inicio la psicología comunitaria,
que buscaba una clara coherencia con la situación histórica y potenciar a los
sectores populares, se ha transformado en sólo prácticas de intervención que
corresponden a los intereses de otros sectores, y no de los que en sus inicios
se pretendía. Con el correr de los años, desde el régimen militar hasta
nuestros días, la psicología comunitaria, con la institucionalización, ha
experimentado una clara forma de ideologización de sus prácticas, generando el
ocultamiento de las problemáticas sociales y de las demandas de intervención de
los sujetos intervenidos. Constatamos que los objetivos de los centros de
atención, por ejemplo, se constituyen en el objetivo de la intervención, y no
el centrarse en las demandas de los sectores que se pretende intervenir.
La práctica de los psicólogos, en el
contexto de esta institucionalización, ha terminado mermando la clásica postura
crítica sobre su actividad. A ello se agrega el hecho de gran parte de las
organizaciones no gubernamentales que se dedican al trabajo comunitario esta
siendo financiada por aportes del Estado.
La llamada política del Nuevo
Trato, al convertir a las organizaciones en los interlocutores básicos de
los sujetos de intervención, pareciera situar a las organizaciones por sobre
los sujetos. Por la vía de los aportes económicos el tercer sector se estaría
acercando cada vez más al primer sector, el Estado.
Dado este contexto, proponemos
efectuar una revisión crítica de las categorías de intervención y de
participación de los sujetos de intervención en la construcción de las categorías
que fundamentan los programas y proyectos de intervención que se encuentren o
autodefinan dentro de los criterios de psicología comunitaria. Así, la pregunta
que emerge sería, ¿cuál es la participación de los sujetos de intervención y
sus demandas dentro de las categorías de intervención de los programas
enmarcados dentro de la psicología comunitaria?
Nuestra propuesta es que los
psicólogos que trabajan a nivel comunitario recuperen su posicionamiento
crítico y redefinan sus objetivos y su "intención" respecto al
carácter que imprimen a sus intervenciones. Les proponemos repensar toda su
actividad para mantener o recuperar su autonomía y la de los sujetos de
intervención, que parecieran haber perdido.
Se hace necesario pensar para qué y para quién se están haciendo esfuerzos, es decir, para lograr que
los sectores elegidos por las intervenciones puedan hacerse cargo de sus
inquietudes y problemáticas, o bien
dichos esfuerzos sirven a una institucionalidad que amenaza con absorber
los intentos legítimos de los sujetos por recuperar el poder -que pareciera
siempre estar desplazado hacia referentes externos-, que en este caso sería el
Estado y sus políticas en materia de participación.
San
Miguel, otoño del 2003.
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Idem (1994), “Paradigmas de la Psicología
Social-Comunitaria latinoamericana” en Maritza Montero (coord.) Psicología Social Comunitaria: Teoría,
Método y Experiencia, op.cit.
* Trabajo producido en el marco del Primer Concurso de
Proyectos de Investigación de Alumnos del Observatorio del Bien Común de la
Universidad Bolivariana.
** Psicólogo
de la Escuela de Psicología de la Universidad Bolivariana
[1] Existe en la actualidad una polémica académica
sobre el carácter de disciplina de la psicología comunitaria. Para algunos
autores la psicología comunitaria forma parte de la psicología social aplicada,
y otros consideran que es independiente de la psicología social. Esta polémica
no es tema de este artículo, y aquí se considerará a la psicología comunitaria
como una disciplina aparte, entendiendo que al menos ha tenido cierto grado de
autonomía en sus prácticas, en la historia de las intervenciones
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