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lunes, 7 de noviembre de 2011

EL TEMA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA PSICOLOGÍA COMUNITARIA EN LAS POLÍTICAS DEL NUEVO TRATO


EL TEMA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA PSICOLOGÍA COMUNITARIA  EN LAS POLÍTICAS DEL NUEVO TRATO  *

Andrés Leiva G.**
                             A mi Clon

Introducción


            Ignacio Martin-Baró define el problema del bien común o bien social en referencia el sector social donde nos situemos. Para este autor la cuestión es desde donde juzgamos la deseabilidad social.  (Martin-Baró 1998:317). Es decir, desde donde construimos las categorías con las cuales vamos a tratar de leer la realidad que queremos intervenir. Podemos situarnos desde una concepción de realidad como condición de posibilidad siempre abierta al cambio social; o bien, podríamos decir, como recurso en el cual la transformación del hombre permita la transformación de la realidad. O de forma muy diferente, como es el caso de la psicología comunitaria estadounidense, en la cual la realidad se plantea como déficit, y debe ser complementada con posiciones externas, como por ejemplo políticas estatales-institucionales de servicios de salud o participación.

            Se puede decir que, en general, la psicología comunitaria latinoamericana ha respondido a la interrogante de definir el sector social desde el cual se va a leer la realidad eligiendo los sectores populares. Es decir, la psicología comunitaria latinoamericana y chilena se plantean como objetivo original asegurar la coherencia de las demandas de los sectores populares de los países de la región con las intervenciones que se realizan sobre estos mismos actores.

            Otro desarrollo de la disciplina en Latinoamérica, muy ligada a las teorías estadounidenses, y que se mantuvo en su lógica, se basaba en la idea de proveer servicios a la comunidad modificando su orientación y tratando de producir un cambio en  el nivel estructural-funcional de los servicios de salud. Esta orientación suponía una falla en las instituciones en las cuales el Estado delega la socialización de los individuos, lo que generaría grupos marginados (Montero 1984). Esta orientación que corresponde a la definición de salud mental comunitaria surgió bajo la influencia directa de la psicología estadounidense en la latinoamericana. Aunque su análisis no es el objetivo de este artículo, merece una mayor atención, ya que los objetivos de esta orientación estarían francamente reñidos con los de la psicología comunitaria latinoamericana. Esta se liga al cambio social,  pero considerándolo como una alternativa a las condiciones de exclusión, y poniendo el énfasis en “devolver el poder” a los sujetos de intervención, y no en tratar de perfeccionar una tecnología social en beneficio del poder político imperante.

            En general, a nivel teórico, todas las visiones de participación de la psicología comunitaria mantienen una concepción de mundo en la cual los sujetos clásicos de intervención de la disciplina estarían fuera de ésta. Por decirlo así, todas estas orientaciones son integracionistas: plantean que los sujetos se integren a la sociedad. El objeto de intervención se constituye como excluido. Esta idea se transforma, en el plano paradigmático, en una concepción según la cual la psicología estadounidense pretende cambiar el aparato estatal de salud, y en el caso de Latinoamérica, otorgando un "plus" a los sujetos –que denomina “concientización” o “empowerment”-,  lo que les permitiría transformar la realidad. En el primer caso, el énfasis está en lo que el Estado piensa como deseabilidad social, que es una adaptación a un cierto esquema político,  por cierto muy ligado al funcionalismo. En el caso de Latinoamérica, en cambio, se ha entendido muchas veces que la psicología está ligada a cierto objetivo político de transformación del Estado -como representante de los intereses de los sectores opresores, y diferente de los sectores oprimidos-, en el cual el papel de los sujetos de intervención es crucial.  De ahí que el énfasis esté puesto en los sectores de exclusión, como los únicos que podrían asegurar su "liberación".

            La psicología comunitaria, desde sus inicios en Latinoamérica, ha compartido la crítica sobre la dependencia ideológica-académica, política y económica que se encuentran los países de la región respecto a Estados Unidos (Krause y Jaramillo 1998). Los psicólogos reconocían la necesidad de participar en los cambios sociales necesarios para superar esta realidad, y se sumaron a los trabajos interdisciplinarios de orden comunitario, ya existentes a finales de los años cincuenta. Dichos trabajos proponían un cambio de la lectura –externa y poco coherente-, que los sujetos populares  efectuaban de la realidad que los afectaba. Para esto, se plantearon la necesidad de participar en los movimientos sociales que buscaban este objetivo, de una parte, y de otra, hacer coherente la intervención y  su teorización  con las demandas de los sectores populares (Martín-Baro 1998). De este modo, la psicología comunitaria se proponía  como su tarea central, cambiar las condiciones de los sectores populares, orientando las intervenciones en relación a las necesidades y demanda de estos sectores.

            Dado el desarrollo tardío de la disciplina en Latinoamérica, cerca de dos décadas después de su surgimiento en Estados Unidos, la psicología comunitaria se ha visto presionada a adaptarse a las condiciones que el ambiente le exigía. Es decir, debido a las crecientes contradicciones de la realidad de nuestros países, de una parte, y de otra, motivada por las profundas transformaciones dentro de sectores de la iglesia o de los movimientos obrero-populares de tendencia marxista de la región, la psicología comunitaria se sumó a la creciente critica de la psicología de la época y definió, en general, el sector social de los pobres como objeto de estudio e intervención. Sin embargo, debido a las crecientes dificultades de su práctica y reflexión por la incomunicación de los agentes con otras instancias nacionales e internacionales; por la intervención norteamericana; las dictaduras militares de la región; la falta de recursos económicos; la escasez de medios de difusión profesional, y otras, la psicología comunitaria experimentó un creciente desarrollo ligado a las experiencias individuales, muy poco sistematizadas por cierto, lo que a la larga mermó su responsabilidad de establecer lineamientos claros sobre como responder a las demandas sociales (cfr. Krause y Jaramillo 1998).

            Con el posterior proceso de institucionalización de la disciplina, que fue facilitado por los procesos de “retorno a la democracia” en  nuestros países, los trabajos de psicología comunitaria la mayoría de las veces fueron absorbidos por las políticas de salud pública. En Chile, dichas tareas se caracterizaron por un fuerte énfasis en mejorar la calidad de vida y las necesidades sociales (Krause y Jaramillo 1998). Dentro de esta concepción, los programas se caracterizaron por tener una visión en la cual los servicios de atención social  se consideraron un derecho ciudadano. Se les otorgaron instrumentos económicos, técnicos y humanos con los cuales se trató de dar condiciones  que facilitaran la libertad y la igualdad de los ciudadanos, así como el progreso social y económico (Rozas 1994-1995, en Krause y Jaramillo 1998).

            En nuestros días, desde la llegada al poder del tercer presidente de la Concertación, asoma una nueva forma de asegurar la participación en nuestro país. Esto se expresa ya en los compromisos que el presidente Ricardo Lagos efectúo en su campaña presidencial, en los cuales manifestó la preocupación de su colectividad política por reinstalar, decididamente, la participación ciudadana en la sociedad. Se entendía que sus formas anteriores estaban mostrando déficits y signos de agotamiento (Cfr. Ministerio Secretaría General de Gobierno 2000). Para esto, el gobierno actual ha planteado el llamado Nuevo Trato de fortalecimiento de la sociedad civil, que es una alternativa viable sobre esta problemática.

            Esto evidencia una preocupación del Estado en reexaminar las canales y formas de participación existentes en el país. Se observa, de una u otra manera, una vuelta sobre los pasos a las épocas anteriores, en las cuales las alternativas de participación estaban ligadas a un proyecto político en el gobierno (por ejemplo la Unidad Popular), y luego, en los ochenta, mediante la actividad de  las diversas organizaciones no gubernamentales. Dada esta situación, es relevante examinar, de una parte, cuáles son las orientaciones de la psicología comunitaria histórica, para hacernos  una idea de lo que, en términos de contenido, propone como participación; y, de otra, juzgar sobre los tipos de participación actuales impulsadas por las políticas del actual gobierno.

Orígenes y énfasis de la psicología comunitaria latinoamericana y su relación con la participación

            A continuación, se expondrá una pequeña historia del origen y los énfasis de la disciplina, así como del contexto en el cual nace; asimismo, se presentaran algunos de los enfoques de teorías clásicas que emergieron en Latinoamérica y que han ejercido una influencia directa sobre la psicología comunitaria. Se explicitaran los aspectos principales de lo que se ha entendido por participación en  Maritza Montero, en la sociología militante del grupo Rosca, en la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, y en la psicología de la liberación de Ignacio Martin-Baró. A continuación, se abordarán las formas de participación, y algunos de sus referentes teóricos, propuestas por la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaria General de Gobierno chileno. Finalmente, se examinará la psicología comunitaria y su presencia en nuestro país. 

            La intervención psicológica comunitaria surgió a finales de los años cincuenta. Nació como una alternativa frente a las cuestionadas prácticas psicológicas de esa época que eran básicamente de orientación individual y poco coherentes con la realidad que vivían los pueblos latinoamericanos (Krause y Jaramillo 1998). Se caracterizó por un fuerte énfasis práctico, relacionado concretamente con las prácticas sociales y políticas, y con un compromiso con el cambio social. Su desarrollo estuvo ligado a los movimientos que cuestionaron la pertinencia y características de las ciencias sociales respecto de la realidad latinoamericana (Marín 1980, cit. en Matías Asún 2001) . Los principales aspectos del contexto de los años en que surge la psicología comunitaria fueron: el surgimiento del movimiento antipsiquiátrico italiano, con su preocupación de redefinir el rol del experto institucional de salud; los movimientos políticos de liberación en el Tercer Mundo; el fuerte auge académico de la disciplina (la creación de cátedras, revistas, etc.), y la política de salud de inicios de los años sesenta en los Estados Unidos (Alfaro 1993 y Domingo Asún et al. 1995).  En Latinoamérica, se destaca el impacto del Concilio Vaticano II y de la revolución cubana (Alfaro 1993 y Domingo Asún et al.1995); la influencia de los movimientos de emancipación, concientización y liberación, cuyos exponentes más representativos son la teología de la liberación,  la educación popular,  y la sociología militante; asimismo, los movimientos de critica y disidencia que abogaban por una identidad latinoamericana que no dependiera directamente de potencias extranjeras (Domingo Asún et al. 1995).

            Desde finales de la década de los cincuenta, del siglo pasado, en Latinoamérica se venían realizando trabajos comunitarios de índole interdisciplinaria, en conjunto con las actividades de movilización social (Montero 1984).  Algunos de estos trabajos se orientaron al desarrollo y participación comunitarios, -basados en la metodología de la investigación acción-, buscando promover el cambio social y  la concientización (Krause y Jaramillo 1998, Montero 1984).

            La psicología comunitaria como disciplina[1] comienza a fines de los sesenta, del siglo pasado,  en el contexto de una serie de condiciones sociales y políticas que crearon un clima propicio para su surgimiento. En este momento histórico, se generó una preocupación creciente por la aplicabilidad de la psicología al proceso de reivindicación de los grupos “marginados”. Los psicólogos enfocaron sus críticas a la psicología individual y a su búsqueda en factores individuales de  explicación a los problemas sociales (Krause y Jaramillo 1998).

            Krause y Jaramillo (1998) han destacado tres grandes influencias  sobre el desarrollo de la psicología comunitaria en Latinoamérica. La primera es la preocupación por los graves problemas económicos y sociales que afectaban a los países latinoamericanos, por ejemplo, la dependencia económica. Esto provocó una creciente toma de conciencia de las comunidades, y la búsqueda de autonomía en los procesos de toma de decisiones respecto las transformaciones sociales que se requerían.
           
            Segundo. El creciente descontento respecto a la psicología social latinoamericana, la cual desconocía las características y los problemas de la realidad social de los países de la región. Se generó una actitud crítica que consideró a esta disciplina como una reproducción de la psicología social experimental estadounidense. Esto impulsó la aparición de posturas teóricas y prácticas más radicales respecto a la coherencia entre la intervención y la voz de los beneficiarios de ella.
           
            Tercero. La influencia de enfoques teóricos y prácticos innovadores como la educación popular orientada a la concientización,  y la investigación-acción que promovía la idea de autogobierno en las comunidades.

            Estos autores concluyen que la psicología comunitaria emergió como un esfuerzo paralelo de diversos grupos, tanto de psicólogos como de otros profesionales de las ciencias sociales, que se enfrentan  a las problemáticas del subdesarrollo y de la dependencia de los países latinoamericanos (Montero 1984).

            Maritza Montero propone una definición de la psicología comunitaria que enfatiza el compromiso de  la disciplina con el intento de participación de los sujetos de intervención. Esta sería "la rama de la psicología cuyo objeto es el estudio de los factores psicosociales que permiten desarrollar, fomentar y mantener el control y poder que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social,  para solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios en esos ambientes y en la estructura social" (1984: 390). Como puede verse, el elemento central de esta definición es el énfasis en el poder y el control en la comunidad sobre su ambiente, desplazándolo los agentes interventores u organismo externo de cualquier signo u origen (Ibid).

            Debido a la dependencia que la psicología comunitaria tenía en esos años con las orientaciones estadounidenses, las propuestas de intervención oscilaron y continúan haciéndolo entre la alternativa de proveer servicios en torno a la salud mental, concebida dentro del contexto sociocultural, otorgando importancia a los factores ambientales, y la alternativa de una psicología orientada al cambio social buscando la justicia social, por medio de la participación de la comunidad. La disciplina definió como sus principales propósitos el quiebre de la condición de dependencia de las comunidades, y la estimulación de sus capacidades de autogobierno (Krause y Jaramillo 1998).

            Para la psicología comunitaria el sujeto de intervención no podía ser visto en una lógica de “acomodación” a su ambiente, como lo planteaba el desarrollo de la salud mental comunitaria, de origen estadounidense, que postulaba el cambio de la atención ofrecida por los servicios de salud (Escobar 1979 y Montero 1984). La psicología comunitaria surge de la concepción de que las transformaciones sociales deben hacer aparecer al sujeto activo de las mismas. Es decir, los cambios sociales no serán posibles sin la participación de los individuos a los que van dirigidas. Señala Montero que “el trabajo debe ser autogestión y no pura manifestación externa”  (1984:391).      
           
            La idea “rectora” de la psicología comunitaria era la de posibilitar el aumento de poder de los actores sociales objeto de su intervención. Rappaport frente a la pregunta de quien tendría que definir la realidad de los actores sociales, responde que la estrategia adecuada es de dar poder a las personas de manera que ellas puedan actuar por sí mismas (1977, cit. en Krause y Jaramillo 1998). Esta postura luego será la base de las teorías de intervención llamadas genéricamente empowerment. Se plantea que la intervención debería cumplir con tres condiciones básicas, a saber: (a) respeto de la diversidad de las personas y las comunidades y el valor en la promoción de la autogestión; (b) la ubicación del locus de control y del poder en la comunidad; y (c) la unión inseparable de la teoría y la práctica. (Ibid:36)

            En el sentido teórico, el intento de Maritza Montero por definir un paradigma sobre la psicología social y de tránsito hacia la comunitaria presenta aspectos relevantes para determinar el carácter de la participación. Montero,  cuestionando el paradigma imperante en la psicología social latinoamericana, propone un paradigma emergente cuyos principales postulados son, de una parte, el carácter histórico de la psicología, que sitúa su  objeto de estudio en el devenir, constituido por hechos culturales y espacialmente situados, es decir, los fenómenos psicosociales se dan en  realidades  especificas (1994). De otra, la realidad social como orientadora fundamental de los estudios psicológicos. Esto implica considerar que: (a) la realidad es una construcción cotidiana; (b) la realidad social debe ser entendida en una perspectiva dialéctica, en la cual persona y sociedad se construyen mutuamente; (c) la psicología debe asumir los problemas de la realidad social, tomar en cuenta la estructura económica y social y sus efectos en la formación del ser social.

            Otros de los ámbitos que la autora enuncia dentro de su propuesta es el reconocimiento del papel activo de los seres humanos, los cuales son considerados como actores y constructores de su realidad. Esta orientación, ubica al sujeto de intervención en el centro de dicho proceso, es decir, aquel que se supone sería estudiado ahora se convierte en investigador de su realidad, y de los efectos que ejerce sobre el mismo. Por ello, debe participar en la formulación de objetivos, como en todo el proceso, así como también, metodológicamente, se debe dejar espacio a la autogestión (Montero 1994).

            Finalmente, la autora enfatiza la necesidad de orientar el estudio desde la perspectiva de los “oprimidos”, ya no desde la perspectiva del hombre promedio, y la idea de trabajar para que sus sujetos de estudio, empleando sus capacidades y potencialidades, adquieran conciencia y control sobre sus vidas y circunstancias vitales. En este sentido, la autora sigue las orientaciones de la “Psicología de la Liberación”  de Ignacio Martin-Baró, como se expondrá más adelante.

La investigación acción participante


            La investigación acción participante se desarrolla a partir de los años setenta, y fue elaborada por el grupo Rosca en Colombia, de Castillo, Libreros y, el más conocido de ellos,  Fals-Borda. El postulado central de esta metodología es la idea de la inserción del investigador en la comunidad, donde debe recoger la información necesaria sobre la historia, y los requerimientos sociales para la movilización política y el cambio social. Así mismo, este método surge como un intento de vincular la investigación de la realidad social con su transformación.
            Desde la década del ochenta, del siglo pasado, la investigación acción participante ejerce influencia en autores latinoamericanos como Maritza Montero e Ignacio Martin-Baró, y encontrará un espacio de desarrollo en el proyecto de la psicología de la liberación (Jiménez-Dominguez 1991). La investigación acción participante incluye la participación desde su inicio, y se establece como una de las posturas más claras respecto a la participación de los sujetos de intervención, tanto desde el momento (artificial por cierto) de la elaboración de la intervención, o los temas desde los cuales debe desprenderse, hasta en la acción sobre el ambiente en el que viven los actores sociales.

            La investigación acción participante se puede sintetizar, según Jiménez-Dominguez (1991), en los siguientes aspectos:

            (a) Busca desarrollar ciencia popular, en el sentido de que la ciencia no debe convertirse en un fetiche, sino que debe responder a objetivos colectivos concretos. Debe abandonar el colonialismo y comprometerse con la transformación social, económica, política y cultural.

            (b) En consecuencia, su método se basa en la participación y el compromiso que intenta ir más allá de las nociones de observación participante y observación intervención. De esta manera, se propone la inserción del investigador como agente del proceso estudiado. El método, que incluyó aportes de la revolución china y vietnamita, implica cuatro tareas. La primera, es el análisis  de la estructura social y determinación de los grupos claves. Segunda, la selección de temas y enfoques, según el nivel de conciencia de dichos grupos. Tercera, la indagación de las raíces históricas de la estructura social. Cuarta, la presentación de los  resultados a los grupos clave para dinamizar su acción (Jiménez-Domínguez 1991).

            Primera.  Para la investigación acción participante, la región, en vez de la nación, se considera como su núcleo cultural, social y político. La nación se considera artificial, parcialmente irreal y ajena al pueblo, en cambio la región se forma desde los orígenes de éste y en el espacio cotidiano. De ella y desde sus problemas deben emerger las fórmulas que articulen a la sociedad. El investigador, en conjunto con los miembros de las comunidades regionales, debe “diseñar su trabajo con ellos y sus órganos de acción, y su producción intelectual y técnica debe ser primeramente para ellos. Para lo cual se debe establecer un idioma adecuado, los conceptos e hipótesis deben ser verificados en la confrontación con los grupos de base y su realidad y no en los grandes esquemas teóricos” (1991:113).
            Segunda. En la investigación acción participante el investigador busca articular el conocimiento empírico que estaría ligado al sentido común del pueblo, con el conocimiento científico. La presentación de los resultados de la investigación sería una restitución, un modo de devolución sistemática de ese conocimiento mediante “la recuperación critica de la base cultural" (Ibid).

            Tercera. Como consecuencia de la radicalidad de la propuesta de la investigación acción participante, la organización política se enmarca en la idea de una débil correspondencia con los grupos políticos, y en el hecho de que la movilización se concibe como una articulación, tratando de crear una "lealtad superior" sobre las regiones, donde se pudiera respetar los valores locales.

            Toda esta noción de trabajo-intervención con las comunidades y no para las comunidades sirve a los psicólogos latinoamericanos como una metodología  aplicable en la mayoría de las acciones comunitarias, que se realizan en los diferentes países de la región.

La educación popular


            La educación popular ejerce una clara influencia en la psicología comunitaria.  Este enfoque educativo ha sido empleado como una metodología de amplio uso en el trabajo comunitario. Para la educación popular el tema de la participación es central. En el pensamiento de Paulo Freire, la educación se plantea la liberación de los sujetos oprimidos de Latinoamérica mediante la inserción de los sujetos de la intervención, desde su inicio, en dicha tarea, que en este caso sería la alfabetización. Asimismo se trata de potenciar el pensamiento crítico que implica toda educación de adultos. Para Freire, la idea de educar a los sujetos sociales parte de un absoluto respeto por el saber de los más desposeídos; la idea es reconocer en su "vida cotidiana" los elementos que permitan dar cuenta de la materialidad de las relaciones sociales de explotación. Para eso, en la primera etapa de la alfabetización se trabaja con hechos o palabras generadoras, y en un segundo momento se buscan temas generadores que permitan la reflexión sobre su entorno en general, y así, con esta creciente reflexión crítica, se posibilita la acción política de cambio social sobre las condiciones que están viviendo. Este es un método de transformación de la realidad mediante la transformación del hombre. Lo “que se pretende investigar realmente, -escribe Freire-, no son los hombres, como si fueran piezas anatómicas, sino su pensamiento-lenguaje referido a la realidad, los niveles de percepción sobre esta realidad, y su visión del mundo, mundo en el cual se encuentran envueltos sus temas generadores” (1997:113).

            En esta propuesta de intervención, desde la educación, para favorecer el cambio social, la participación de los sujetos es casi un supuesto incuestionable. Para Freire la educación liberadora no puede ser, ni hacerse, si no cuenta con la participación de los educandos. Es decir, la educación debe constantemente impulsar en su acción la posibilidad de que los sujetos se apropien de la reflexión sobre su realidad. Esto es lo contrario de que Freire llama “la concepción bancaria" de la educación, en la cual los educandos son simples recipientes que los educadores llenan con los contenidos de sus depósitos de conocimiento.

            Para este enfoque la participación opera durante todo el proceso, desde las jornadas de discusión sobre las palabras generadoras, hasta la programación de los contenidos de los módulos de aprendizaje, llamados por el autor círculos de cultura, cuyo fin más inmediato es la alfabetización. El fin mediato se define como el inédito viable (Ibid:121), en el cual los sujetos reflexionan en un posible que no es, pero que en la praxis (acción y reflexión continua) -propuesta por ellos mismos, mediante su acción  sobre en la realidad-, se establece como el objetivo político de cambio. En síntesis, para la educación popular la participación está íntimamente ligada con la liberación de los hombres por la reflexión de su dialéctica con la realidad. Freire piensa que nadie se educa solo, así como nadie se libera solo.

“La Psicología de la Liberación”


            Para algunos desarrollos de la  psicología social latinoamericana, que ejercen influencia en psicología comunitaria, la coherencia con el sujeto concreto y sus demandas asume un carácter más radical. En Psicología de la liberación (1998) del hispano-salvadoreño Ignacio Martin-Baró se propone la idea irrevocable de la unión de la psicología y las demandas de los sectores populares. Para este autor,  el objetivo de la psicología social es posibilitar la desideologización, y posteriormente la concientización de los sujetos marginados, por el estudio de la acción en tanto ideología. Martín-Baró describe la situación de los países latinoamericanos, en los años ochenta, del siglo pasado, con la intervención norteamericana y su política de "seguridad nacional", como una situación estructural de injusticia, con fuertes procesos de confrontación revolucionaria, y la acelerada satelización  de los Estados nacionales (Ibid 1998). En este contexto, la propuesta de psicología de la liberación plantea el papel que correspondería al psicólogo.

            Martin-Baró comienza su análisis desde la idea de que la proliferación de la psicología se debe a la función que estaba asumiendo como una ideología de recambio (1998:166). En el centro de esta misma preocupación, se encontraba el escaso aporte de la psicología a la comprensión de los problemas de los sectores populares, ya que se había orientado profesionalmente a los sectores medios de la población. Para este autor,  la psicología estaba contribuyendo a mantener y regenerar las estructuras ideológicas de la dominación tan presente en esa época, con la consecuencia de que “el contexto social se convierte así en una especie de naturaleza, un presupuesto incuestionado frente a cuyas exigencias “objetivas” el individuo debe buscar individual y aun “subjetivamente” la resolución de sus problemas” (Ibid:167).  La idea de preguntarse por estas coordenadas permite a Martin-Baró reflexionar sobre cuales serían las consecuencias del quehacer psicológico sobre determinada sociedad, en este caso sobre las sociedades de Latinoamérica, especialmente respecto de su responsabilidad de su  papel en la mantención del orden establecido, es decir, en que se convierta en un instrumento útil para la reproducción del sistema (Braunstein et al. 1979 en Martin-Baró 1998).

            La psicología de la liberación propone el estudio de la conciencia, desde una óptica dialéctica que comprende que la única transformación y liberación posible de la realidad de los países latinoamericanos es la transformación de la realidad y del individuo, en la transformación constante de ésta por aquel. Desde esta óptica, la conciencia se refiere a “todo aquel ámbito en donde cada persona encuentra el impacto reflejo de su ser y de hacer en sociedad, donde asume y elabora un saber sobre sí mismo y sobre la realidad que le permite ser alguien, tener una identidad personal y social; (...) es el saber y no-saber sobre sí mismo, sobre el propio mundo y sobre los demás, un saber  práxico antes que mental” (Ibid:168).

            La importancia de este saber es el conocimiento inserto en la praxis cotidiana, la más de las veces inconsciente e ideológicamente naturalizado, en cuanto permite o impide a los pueblos el control sobre su propia existencia (Ibid 1998). Para Martin-Baró, entonces, el estudio de la conciencia desde esta mirada le permitiría proponer a la psicología social como el estudio de la acción en tanto ideológica.

            Un análisis crítico de la conciencia de los pueblos latinoamericanos y su concientización suponen tres aspectos: (a) el ser humano se transforma al ir cambiando su realidad, por lo que es un proceso tanto dialéctico como activo; (b) mediante la paulatina descodificación del mundo, la persona capta los mecanismos que le oprimen y deshumanizan, con lo que se derrumba la conciencia que mistifica esa situación como natural y se le abre el horizonte a nuevas posibilidades de acción, esta conciencia crítica ante la realidad potencia una nueva praxis, que posibilita a la vez nuevas formas de conciencia;  (c) el nuevo saber de la persona sobre su realidad circundante  implica un nuevo saber sobre sí misma y sobre su identidad social (Martin-Baró 1998, siguiendo a Freire 1970 y 1973).

            La concientización así planteada, haría posible que todo saber verdadero, se realice en vinculación esencial a un hacer transformador sobre la realidad, y este hacer transformador deberá necesariamente significar un cambio en las relaciones entre los seres humanos. El horizonte de la psicología es la búsqueda de la desalienación de las personas y de los grupos, que les ayude a lograr un saber crítico sobre sí mismas y sobre su realidad. La concientización de los sujetos mediante la desideologización permitiría el cambio social, desde: (a) una conciencia crítica sobre las raíces, objetivas y subjetivas, de la enajenación social, ya que ésta se desarrolla contra de todos los velos de justificaciones, racionalizaciones y mitos que encubren los determinismos últimos de los pueblos y posibilita el cambio esperado; (b) el proceso mismo de concientización supone salir de la mecánica del par dominador-dominado, ya que solo puede realizarse a través del dialogo, es decir, desde nuestra interpretación, desde la horizontalidad y la participación de los sujetos de intervención (Ibid 1998).

Participación


             Como hemos visto, el eje articulador de gran parte de la psicología comunitaria es la participación. A continuación, expondremos los lineamientos generales de lo que podrá ser entendido como participación en los programas comunitarios.En el año 1999 la División de Organizaciones Sociales (DOS) del  Ministerio Secretaría General de Gobierno de Chile encargó un estudio sobre categorías de participación con el objetivo de proveer al gobierno de una matriz de participación social  en programas con componentes participativos. Esta se utilizaría como  instrumento metodológico que permitiera recabar información sobre las características de los procesos participativos generados en los programas sociales (Ministerio Secretaría General de Gobierno 1999).

            El diagnóstico de este trabajo señala que existiría un agotamiento y crisis de los espacios de participación, tanto del Estado como de la sociedad civil. Se plantea que las organizaciones sociales además de haber perdido su vitalidad y legitimidad, han tenido dificultades en encontrar nuevos modelos de acción de agrupamiento y de interlocución con el Estado. Hay que añadir que los canales de participación de los programas sociales se limitan a ser mecanismos excesivamente instrumentalizados y predefinidos, sin generar espacios de autonomía y empoderamiento, sin distribuir poder y generar capacidades de la comunidad, a pesar de la versatilidad e innovación de los programas, lo que habría generado una suerte de “congelamiento” del activismo social y de la participación social y comunitaria (Ibid  1999).

            En este contexto, se propone un marco analítico para caracterizar distintas  modalidades de participación a lo largo del ciclo de los programas e identificar el o los sujetos de la participación. Este marco cuenta con tres aspectos.

A. Tipos o modalidades de participación


            Abarca  tres elementos: (a) Participación en la toma de decisiones y control social de los compromisos públicos asumidos. Se refiere a la injerencia de los agentes comunitarios (individuos, grupos comunidades) en los procesos de toma de decisiones;  así como en la formulación de políticas públicas; en los diseños de ellas y de programas, y en la fiscalización y control que pueda ejercer la comunidad. Este elemento implica el ejercicio de los derechos ciudadanos, derecho de ser informado, derecho a opinar y reclamar, derecho a apelar e impugnar decisiones de la autoridad, a confrontar ideas, a llegar a consensos y  a decidir.

            (b) Participación asociada a la ejecución y gestión de los programas. Se refiere a la valoración de la participación como un instrumento que contribuye a elevar la calidad de la acción social del gobierno. Se  orienta a estimular, favorecer y promover, en distintos grados y niveles, la participación directa de la población beneficiaria en la gestión de los programas y proyectos sociales.

            (c) Participación como usuario activo de beneficios sociales. Se refiere a la participación entendida como beneficio que el nivel central entrega, donde casi no existen posibilidades de intervención propia y autonomía de parte de la población.

            Otro aspecto es el de la participación como proceso de fortalecimiento del capital social de la comunidad. Se refiere a los recursos, activos y capacidades con que cuentan las personas, las familias y las organizaciones sociales para salir adelante con su propio esfuerzo. El fortalecimiento de redes sociales y de la capacidad de interacción con el Estado y los programas públicos permite la acumulación y fortalecimiento del capital social. Así la participación tiende a ampliar su entorno, conectándose con otros y creando redes sociales, económicas, de asesoría y asistencia técnica permitiéndoles conectarse con el mundo que los rodea.

            Ahora a partir de los tipos o modalidades de participación se presenta un esquema analítico que servirá para determinar los programas sociales comunitarios.





Acumula capital social
                  Habilitación social                                                    Consultiva
                 y empoderamiento
       Participa en las decisiones                                                   Utiliza la oferta
                        Gestionaría                                                            Instrumental
Satisface necesidades básicas

           
            El primer eje (vertical) responde a la pregunta ¿para qué sirve o en qué beneficia la participación social al que participa? El extremo “satisfacción de necesidades básicas” se refiere, por ejemplo, obtener una vivienda, un subsidio etc. Es decir, necesidades básicas, sentidas, concretas y acotadas. El otro extremo “acumula capital social”, se refiere a que además de satisfacer una necesidad básica hay un aprendizaje y desarrollo de los individuos que participan.

            El segundo eje (horizontal) responde a la pregunta ¿en qué consiste o de qué se trata la participación? Este tiene  que ver con la influencia que tienen los destinatarios sobre lo que hace y como lo hace el programa. En el extremo “utiliza la oferta”, los destinatarios no tienen ninguna influencia sobre el programa. En el extremo “participa de la toma de decisiones” se refiere a la capacidad de los destinatarios de influir en la toma de decisiones.

            La combinación de los ejes que dan lugar a cuatro cuadrantes que permiten ubicar los tipos de participación y la injerencia de los sujetos en cada etapa de los programas.

            La participación como habilitación social y empoderamiento. Esta contempla la combinación entre participación en la toma de decisiones y la acumulación de capital social. Los destinatarios adquieren destrezas y capacidades, fortalecen sus espacios y organizaciones, y actúan con un sentido de identidad y de comunidad. Además incrementan su capacidad de negociación e interlocución con el sector público.

            La participación gestionaria. Combina la participación en la toma de decisiones con la satisfacción de necesidades. Los destinatarios son considerados como gestionadores de programas públicos, dando respuesta a problemas locales o sectoriales. Generaría en la comunidad capacidad para gestionar, y supone información para actuar como interlocutor de las agencias estatales.

            La participación instrumental. Combina la participación en la satisfacción de necesidades con la que utiliza la oferta entregada por los programas.

            La participación consultiva.  Es aquella que utiliza la oferta, pero que a la vez tiene capacidad para la acumulación de capital social. Se relaciona con un tipo de participación  en que los programas efectuarían una especie de consulta  de la autoridad a la población.

B. Momento en que tiene lugar la participación en el ciclo de los programas sociales


            (a)  Difusión de información sobre el programa: se refiere al modo como se da a conocer la información a la comunidad.

            (b) Participación en el diagnóstico, definición y priorización de necesidades: esta forma incorpora la identificación conjunta de las demandas reales de la comunidad, por ésta y por los agentes del Estado. La comunidad propone, prioriza, y define cuáles necesidades son las más importantes.

            (c) Participación en el diseño de los programas: en este tipo se elaboran en conjunto los contenidos, prioridades, etapas y actividades.

            (d) Participación en la ejecución o gestión del proyecto:  los beneficiarios participan mediante actividades concretas, sea en recursos o en la administración.

            (e) Participación en  instancias de evaluación de resultados: en esta etapa los sujetos son invitados a evaluar lo ejecutado.

            (f) Control social y rendición de cuentas: consiste en el control acerca de las decisiones tomadas, los recursos públicos utilizados y la calidad de lo realizado.

            (g) Rediseño de programas: a partir de la experiencia acumulada, permite rediseñar el programa con los cambios propuestos.
 
 
 

C. Sujetos de la participación


            Se refiere a quien participa en los programas sociales: (a) personas individuales que participan sin necesidad de asociarse; (b) personas individuales que a propósito del programa se asocian: ya sea por que el programa lo estipula o como resultado espontáneo del programa; (c) líderes o dirigentes de organizaciones sociales y productivas, territoriales, funcionales, tengan o no personalidad jurídica.

            Los modos de participación más coherentes con la idea general de la psicología comunitaria, diferenciándola de sus desarrollos ligados a la salud pública, serían sólo los dos primeros tipos  de participación señalados por la División de Organizaciones Sociales. Es decir,  la idea de participación como habilitación social y empoderamiento, y participación gestionaria, entendiendo que el sujeto social debiera tener acceso a todos los tipos de participación.

La psicología comunitaria en Chile


            Sus inicios en Chile se pueden situar en los años sesenta, del siglo pasado, simultáneamente a los trabajos comunitarios que aportaron elementos conceptuales y nuevos diseños abordar de los problemas de la salud mental (Domingo Asún et al. 1995).La práctica comunitaria, desde sus comienzos, plantea como uno de sus valores el hacer psicología en forma más equitativa y adecuada a los recursos del país,  y prescribe al psicólogo un rol de agente de cambio social (Ibid 1995).

            Durante sus inicios, la disciplina se comprometió con los valores de las comunidades que se pretendía intervenir. Ambos enfoques, emblemáticos de la psicología comunitaria en Chile -la salud mental poblacional (Weinstein) y la psiquiatría intracomunitaria (Marconi)-, se propusieron enfatizar la investigación de la conciencia y la cultura de los potenciales destinatarios de la intervención, y valoraron la participación e incorporación de la comunidad en la intervención, buscando ser coherentes con la voz de los sectores populares. Lo que se buscó fue integrar a los sujetos otorgando un efectivo reconocimiento de las prácticas y los aportes que éstos generaban al desarrollo de la salud mental (Krause y Jaramillo 1998: 29).

            Desde los setenta, debido al golpe militar, el panorama cambió. Las acciones impulsadas por el Estado fueron sustituidas por otras  financiadas por organismos internacionales, realizadas por las organizaciones no gubernamentales, y grupos ligados a la Iglesias. Pero, se mantuvo el énfasis de que la focalización de las intervenciones en los grupos marginados, en este caso, los perseguidos políticos. Se acogió la demanda de asistencia, incluso arriesgando la  integridad de los agentes de intervención, y se promovió el trabajo comunitario en el desarrollo de grupos y de la comunidad, en la situación autoritaria.

            Principalmente, los psicólogos comunitarios se dedicaron en los últimos veinte años a diferentes áreas, realizando un “replanteamiento sobre el rol del Estado, el rol de la organización social, el rol del profesional y de la relación entre ellos” (Domingo Asún et al. 1995). En síntesis, estas áreas son principalmente las siguientes: (a) reconstrucción del tejido social: se prioriza el desarrollo de las organizaciones populares; (b) revalorización de los grupos: se privilegia el grupo como unidad de trabajo, a la vez que se otorga un lugar central de aprendizaje a la dimensión de proceso; (c)  revalorización de las tareas de subsistencia: se asume que la crisis económica es larga, y se pone énfasis en el desarrollo de recursos propios, la subsistencia se vuelve un problema colectivo que requiere organización; (d)  fortalecimiento de la democracia en la base: se procura generar decisiones a nivel de los grupos en relación a pautas democráticas, se desarrollan organizaciones sectoriales, y se trabaja en la descentralización de las decisiones propias del sector; (e) se reemplazo del rol de experto profesional el cual es sustituido por el de asesor, o facilitador del proceso. Esto revaloriza la sabiduría popular, a la vez que introduce la investigación y planificación participativa; (f)  desarrollo de recursos no tradicionales: se utilizan recursos como la solidaridad, la organización y tecnologías apropiadas que respetan al hombre y la naturaleza; (g)  desarrollo del poder local: se fortalece la identidad histórica local creando vínculos, revitalizando las demandas a nivel local y las estrategias de autogestión del poder que faciliten que la comunidad decida sobre sus áreas de competencia.

            En los últimos años, después de los noventa, ha habido un cambio en los énfasis de la intervención, en el cual los principales  objetivos han sido la calidad de vida y las necesidades sociales, a la vez que se ha producido una creciente institucionalización de los agentes de intervención. Según Mariane Krause (1997), cerca del 80% de los centros de trabajo comunitarios están recibiendo fondos de  parte de los organismos del Estado. Este tema reviste especial importancia, debido a que bajo las condiciones del régimen militar los organismos no gubernamentales se establecieron como interlocutores de las demandas de la población. Gran parte de su trabajo tuvo carácter contestatario, generando una especie de "mundo alternativo", desde el cual se desprendieron la mayoría de las áreas de trabajo ya señaladas. (Domingo Asún 1995)

            Ahora bien, actualmente -y siguiendo las conclusiones de Krause y Jaramillo (1998, cap. 6)-, existiría una participación parcial en los procesos de intervención. Los agentes gubernativos incluyen a los sujetos de intervención en el diseño e implementación de las acciones comunitarias, pero no en la totalidad de los proyectos. (Ibid:216). Así pues, se señala que la unidad de intervención es preferentemente el grupo, siendo la siguiente unidad el individuo, y la que cuenta con menor representación es la comunidad como unidad de intervención (Ibid:220).

            También se señala que los criterios de definición de los “problemas” de la comunidad se elaboran desde dos marcos: desde aproximaciones de orden psicosocial y de orden psicológico o psiquiátrico; y se deja de lado la posibilidad de una participación activa de los sujetos de intervención en la etiología de su problemáticas.

            Desde nuestra perspectiva, la psicología comunitaria estaría mostrando, cada vez más, que los antecedentes de las intervenciones, los elementos que definen los objetivos, la unidad de  la intervención y el fin hacia donde se orientan los agentes sociales estarían en desfase respecto al sujeto que pretende intervenir.  Pareciera que los objetivos, metodologías, y otras, se formulan desde un lugar distinto al de los propios sujetos de intervención.

            Pensamos que una hipótesis plausible sería que la psicología comunitaria actualmente  es incapaz de dar cuenta del sujeto histórico y concreto que tiene al frente, tanto a nivel teórico, por la distancia temporal de la reflexión que sigue siendo soporte de las intervenciones (¿quién sigue al desarrollo de la psicología comunitaria?), cómo a nivel práctico, ya que estaría en coherencia con intereses externos a sus orígenes, pervirtiendo así los objetivos históricos de su accionar.

El momento actual y la relación de la participación en las políticas públicas


            En los años noventa, con la llegada de Ricardo Lagos a la presidencia se establece una nueva política de participación, auspiciada, de una parte, desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y sus informes de 1998 y 2000, y de otra, por los desarrollos teóricos de Giddens y Beck de la llamada tercera vía europea, y también, en el espacio local, por una cierta percepción política de que los antiguos gobiernos de la Concertación habrían dejado de lado al mundo social.

            Esta nueva política sobre el tema de la participación se llama Nuevo Trato y el aparato estatal encargado de su ejecución es la División de Organizaciones Sociales (DOS.). Esta política comienza ya en la campaña presidencial, aunque no con el nombre genérico actual. Su idea principal es fortalecer el tercer sector, entendido éste como sociedad civil, en contraposición con el segundo sector, el mercado y sus actores, y el primer sector, el Estado o la sociedad política (Ministerio Secretaría General de Gobierno 2000).

            Siendo la idea central la de establecer una nueva institucionalidad para la participación ciudadana, se vuelve relevante revisar algunos de sus postulados. El origen político de esta concepción puede remontarse a la campaña presidencial, pero sólo se constituye en política a partir del trabajo de la División de Organizaciones Sociales, basado en  el programa de gobierno de la Concertación III. Esto se expresa en el lema de "crecer con igualdad", donde se entenderá que "para crecer con igualdad debemos otorgar más poder a la ciudadanía, de modo que participe más activamente en las decisiones que le atañen en su barrio, en su comunidad, en su región, con un estilo de gobierno más cercano a la gente y con una política mas comprometida con una distribución más equitativa de los recursos" (Programa de Gobierno de la Concertación III: 1999 en Ministerio Secretaría General de Gobierno: 2000).

            Así pues, se manifiesta la responsabilidad ética del compromiso sobre la participación, al señalar que el "Estado (en materia de participación) debe estar al servicio de las personas y de la comunidad, y no al servicio de sus funcionarios o de otros intereses" (Ibid, paréntesis nuestro). Finalmente, esta aspiración de fortalecer los lazos del Estado con el tercer sector se ha traducido en: (a) políticas de fortalecimiento de las expresiones asociativas de la comunidad, mediante la instauración de una instancia gubernamental para establecer un diagnóstico de la situación de la participación en los programas y políticas públicas; (b) la creación de un Consejo de la Sociedad Civil, y por último (c) la generación de espacios de voluntariado desde el Estado.

            Entre los supuestos conceptuales del denominado Nuevo Trato, está la idea de que " las sociedades modernas, en la medida que han circunscrito las áreas prioritarias de la intervención estatal, han invertido en la generación y fortalecimiento de capital social" (Navarrete en Ministerio Secretaría General de Gobierno: 2000). Por ello se entiende el beneficio de fortalecer el tejido social, puesto que en Europa la disminución de los beneficios estatales se ha absorbido en las comunidades con un fuerte tejido social.

            El Nuevo Trato se elaboró considerando el informe sobre desarrollo humano de 1998 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el cual se planteaba la interpretación de que la dinámica de la modernización social en Chile ha generado una asincronía entre el sistema institucional, público y privado, y los sujetos . Esto se debe a que el sistema institucional no considera la subjetividad de los ciudadanos, y esto explicaría el distanciamiento entre el Estado y los ciudadanos. Para resolver esto se  propone un “Nuevo Contrato Social”, que debería emerger desde la sociedad política o primer sector. Luego con el Informe del 2000 del mismo Programa se postula que la sociedad política debe tratar de integrar a los sujetos como protagonistas de la modernización social mediante: (a) el fortalececimiento de la sociedad civil, vigorizando su libertad, como portadores de derechos; (b) el acrecentamiento del capital social, esto es, de los vínculos entre las personas y/o sus expresiones asociativas.

            Esta orientación adoptada por el gobierno chileno da prioridad a los hechos de asociatividad, es decir, se trata de trabajar con las organizaciones del tercer sector. Este trabajo, con las características señaladas, busca potenciar el capital social de los sectores populares. Todo lo anterior corresponde al objetivo político de "fortalecer el vínculo entre las personas, junto con aprender a escucharlas para poder comprender e interpretar sus demandas, sus inquietudes mudas y sus aspiraciones colectivas " (Ibid:8).

            Esta nueva orientación debe asegurar que el discurso público se hace cargo del malestar de los ciudadanos, de manera que el Nuevo Trato sea percibido como la voluntad política del gobierno de interpretar a los ciudadanos, fortalecer su capital social y promover  las relaciones de confianza entre ellos y de estos con la instituciones (Ibid: 2000). Para ello se impulsaran tres medidas, una de carácter institucional, que trata el tema de la participación en las políticas públicas; el fortalecimiento de la sociedad civil o tercer sector  y la creación de un programa de voluntariado. La segunda medida será de tipo comunicacional, tanto de difusión como de escucha de los ciudadanos, y la tercera es de tipo simbólico, en la que se elaboraran y difundirán señales e hitos que permiten a los ciudadanos recuperar la noción de pertenencia a una comunidad de semejantes.
           

A modo de conclusión


            La psicología comunitaria clásica latinoamericana ha impulsado en sus trabajos un modo de participación que potencia la capacidad de los sujetos de intervención para decidir sobre su acción y su capacidad gestionaria sobre los proyectos que le atañen. Es decir, está orientada al cambio social de las condiciones de exclusión que históricamente han presentado las sociedades de la región. Esta postura de la psicología latinoamericana  rechaza la idea de la salud mental comunitaria estadounidense cuya idea central es la de modificar la estructura estatal para mejorar la socialización de los sujetos. El planteamiento latinoamericano intentaba devolver el poder a los sujetos de la intervención, y no mejorar el poder político imperante.

            La psicología comunitaria siempre ha tenido presente la idea de  recurso de los agentes de intervención, en contraposición a la idea de déficit de los actores-objetos de éstas.  Por ello, es que su idea de participación propone  como su más alto escalón la autogestión de los sujetos. Se podría pensar que ésta sería la idea rectora de los trabajos de la psicología comunitaria de los últimos años, pero debido a los cambios políticos experimentados en nuestros países se hace evidente la necesidad de revisarla a la luz de las nuevas políticas impulsadas por el Estado.

            En el trabajo de la psicología comunitaria en los últimos años surge el interrogante sobre el tipo de participación que estamos proponiendo en las prácticas. Es decir, nos preguntamos si estamos entendiendo la participación como una acción que establece un alto nivel de coherencia entre las demandas de los sectores populares y excluidos con la intervención que realizamos, con el objetivo de integrarlos al mundo y no al Estado, mediante el trabajo conjunto para desarrollar un “plus” que posibilite una  nueva y activa relación de los agentes con su entorno. Es decir, es relevante pensar en qué medida la participación, en la práctica de la psicología comunitaria, está en coherencia o no con los postulados que constituyen la disciplina en cuanto tal. Esto es, en qué medida se está realizando el ideal de la completa coherencia entre la  intervención y las demandas. Esto confirma la relevancia de preguntarse cómo   se está dando la participación en nuestro país.

            Las políticas de Nuevo Trato se establecen como una línea de trabajo cuyo énfasis está en fortalecer el tejido social, es decir el tercer sector y su capacidad de asociación para generar vínculos de confianza para una nueva institucionalidad. Este trabajo busca potenciar el capital social mediante una concepción de la  participación impulsada desde el Estado.

            Es obvio, a la luz de los intentos de crear esta nueva institucionalidad  para la participación, que  una interrogante posible y necesaria sería una revisión de esta nueva institucionalidad, desde las categorías de intervención desarrolladas históricamente por la psicología comunitaria, tales como el desarrollo comunitario, el cambio social, la promoción general de la salud, la prevención, y otras, y desde categorías, como autogestión, empowerment, desarrollo de redes, asesoría técnica, desarrollo de organizaciones y participación. Esta última que nos parece la más representativa de toda la psicología comunitaria. Con esto podríamos dar cuenta de los grados de coherencia entre las prácticas y las demandas de los sectores intervenidos. Asimismo, se podría revisar su relación con las categorías que están siendo usadas por las nuevas políticas de gestión, tales como: canales de participación con el Estado, niveles de absorción y escucha de las demandas del tercer sector y del Estado, capital social, fortalecimiento del tejido social, etc.

            Proponemos indagar cómo es que los discursos que han sustentado o han sido el marco teórico de las intervenciones se asemejarían a las primeras orientaciones (con la participación como su elemento más característico), pero que en términos de la práctica  parecieran  corresponder a intervenciones sustentadas por otros intereses distintos a los de los sujetos-objetos de intervención y, sobre todo a la luz de la política del Nuevo Trato desde el Estado. Creemos que se crea una tensión de la coherencia de los intereses de la comunidad y los objetivos de intervención.

            En una investigación relativamente reciente, se muestra un conflicto o tensión, dentro de los centros de intervención, entre las ideas "rectoras" de sus programas y objetivos, y el nivel práctico de sus trabajos (Krause y Jaramillo 1998). Los énfasis originales de la psicología comunitaria plantean la participación como uno de sus elementos centrales, como una práctica necesaria desde el inicio (diagnóstico, priorización, etc.) hasta el término de la intervención (evaluación). Incluso, como ya se señaló, considera la autogestión como el nivel mas alto de participación, y uno de sus objetivos a largo plazo. En suma, se busca desarrollar una participación resolutiva en decisiones y con capacidad de gestión. Se entendía -y este podría ser el eje de una futura investigación-, que la construcción del discurso que “soportaría” las intervenciones, y por tanto la lectura de la realidad que los psicólogos efectuaban, debía corresponder a la idea de una extrema coherencia con el sujeto histórico y concreto (Martin-Baró 1998). 

            La idea de la coherencia extrema, ligada a la creación de una “identidad de los sujetos intervenidos” (Martin-Baró 1998), cuestiona la idea de beneficiarios pasivos de los servicios de salud, y se orienta hacia una concepción de sujetos activos en la transformación de la realidad en la cual viven. Se intentaba clarificar quién y desde dónde se determinan los elementos de diagnóstico, los planes o las alternativas de intervención, los criterios de patología, etc. que sustentan a cada una de las intervenciones. Es claro que el lugar desde donde se determinen los criterios para abordar el tema de la “identidad”, y por tanto la idea de "patología" o "conflicto" de los sectores a intervenir, estará determinando también, la finalidad de las intervenciones, que dependen de los intereses que las orienten. Desde la psicología comunitaria, la intervención será coherente sólo en el caso de la participación de los sujetos y de sus demandas se integren en los programas y prácticas de intervención.

            Desde aquí haciendo nuestro lo expuesto por Krause y Jaramillo (1998), pensamos que las prácticas de las intervenciones en la psicología comunitaria en Chile evidencian una tensión con los discursos que las sustentan. Dicha tensión se “presenta tanto como conflicto entre la teoría (que incluye el cambio social, por ejemplo, en coherencia con la demanda planteada), y la práctica del agente comunitario" (que no incluye el cambio social, y tampoco la participación completa de los actores sociales); dándose también esta tensión entre la actualidad y la tradición histórica de la intervención comunitaria en Chile” (Ibid:225-226 los paréntesis son nuestros).

            Pensamos que, con el correr de los años, el discurso de participación con que se inicio la psicología comunitaria, que buscaba una clara coherencia con la situación histórica y potenciar a los sectores populares, se ha transformado en sólo prácticas de intervención que corresponden a los intereses de otros sectores, y no de los que en sus inicios se pretendía. Con el correr de los años, desde el régimen militar hasta nuestros días, la psicología comunitaria, con la institucionalización, ha experimentado una clara forma de ideologización de sus prácticas, generando el ocultamiento de las problemáticas sociales y de las demandas de intervención de los sujetos intervenidos. Constatamos que los objetivos de los centros de atención, por ejemplo, se constituyen en el objetivo de la intervención, y no el centrarse en las demandas de los sectores que se pretende intervenir.

            La práctica de los psicólogos, en el contexto de esta institucionalización, ha terminado mermando la clásica postura crítica sobre su actividad. A ello se agrega el hecho de gran parte de las organizaciones no gubernamentales que se dedican al trabajo comunitario esta siendo financiada por aportes del Estado.  La llamada política del Nuevo Trato, al convertir a las organizaciones en los interlocutores básicos de los sujetos de intervención, pareciera situar a las organizaciones por sobre los sujetos. Por la vía de los aportes económicos el tercer sector se estaría acercando cada vez más al primer sector, el Estado.

            Dado este contexto, proponemos efectuar una revisión crítica de las categorías de intervención y de participación de los sujetos de intervención en la construcción de las categorías que fundamentan los programas y proyectos de intervención que se encuentren o autodefinan dentro de los criterios de psicología comunitaria. Así, la pregunta que emerge sería, ¿cuál es la participación de los sujetos de intervención y sus demandas dentro de las categorías de intervención de los programas enmarcados dentro de la psicología comunitaria?

            Nuestra propuesta es que los psicólogos que trabajan a nivel comunitario recuperen su posicionamiento crítico y redefinan sus objetivos y su "intención" respecto al carácter que imprimen a sus intervenciones. Les proponemos repensar toda su actividad para mantener o recuperar su autonomía y la de los sujetos de intervención, que parecieran haber perdido.

            Se hace necesario pensar para qué y para quién se están haciendo esfuerzos, es decir, para lograr que los sectores elegidos por las intervenciones puedan hacerse cargo de sus inquietudes y problemáticas, o bien  dichos esfuerzos sirven a una institucionalidad que amenaza con absorber los intentos legítimos de los sujetos por recuperar el poder -que pareciera siempre estar desplazado hacia referentes externos-, que en este caso sería el Estado y sus políticas en materia de participación.

                                                                                    San Miguel, otoño del 2003.

 

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* Trabajo producido en el marco del Primer Concurso de Proyectos de Investigación de Alumnos del Observatorio del Bien Común de la Universidad Bolivariana.

** Psicólogo de la Escuela de Psicología de la Universidad Bolivariana
[1] Existe en la actualidad una polémica académica sobre el carácter de disciplina de la psicología comunitaria. Para algunos autores la psicología comunitaria forma parte de la psicología social aplicada, y otros consideran que es independiente de la psicología social. Esta polémica no es tema de este artículo, y aquí se considerará a la psicología comunitaria como una disciplina aparte, entendiendo que al menos ha tenido cierto grado de autonomía en sus prácticas, en la historia de las intervenciones

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