ECONOMIA DEL CUIDADO Y POLITICA ECONOMICA:

ECONOMIA DEL CUIDADO Y POLITICA ECONOMICA:

Una aproximación a sus interrelaciones Versión preliminar – Sujeta a revisión


Corina Rodríguez Enríquez1

Agosto, 2005


Introducción

La incorporación de la perspectiva de género en el campo de las ciencias sociales y en los análisis de políticas públicas ha constituido un aporte significativo para avanzar en el mejoramiento del bienestar de las mujeres y de toda la sociedad. En el campo específico de la economía, este avance ha sido tal vez más lento y tardío que en otras disciplinas. Con todo, hoy existe un abundante cuerpo teórico, metodológico y analítico que ha permitido incorporar en el análisis económico la complejidad del mundo real y dar cuenta de las razones y raíces de las inequidades  persistentes.

Uno de los aportes de esta perspectiva se relaciona con el estudio de las especificidades del trabajo de las mujeres, tanto en lo que hace a la esfera productiva como a la reproductiva. Esto es, tanto el trabajo que las mujeres realicen en el ámbito del intercambio mercantil, como el que realizan en el ámbito del hogar, vinculado con la atención, cuidado y reproducción de sus miembros. La división sexual del trabajo en estas dos esferas se encuentra en la raíz de las inequidades de género existentes.

En los últimos años se ha acuñado el término “economía del cuidado” para referirse más específicamente a este espacio de actividades, bienes y servicios necesarios para la reproducción cotidiana de las personas. Y se ha señalado extensamente la importancia de este espacio para el desarrollo económico de los países y el bienestar de sus poblaciones. También se ha mostrado, que como todo el resto de los espacios sociales, la economía del cuidado presenta una particular configuración de género, y el impacto que sobre la misma tienen las políticas públicas en general y económicas en particular no resulta neutral.

El objetivo central de este trabajo es avanzar en el estudio de las múltiples dimensiones de la economía del cuidado y su interrelación específica con la política económica, con especial atención a su configuración en el caso latinoamericano. La pretensión es identificar tanto vacíos de investigación como elementos relevantes para el diseño de políticas públicas.

Para ello el trabajo se organiza de la siguiente forma. En la sección I se discute el concepto de la economía del cuidado, su tratamiento en la disciplina económica y sus múltiples dimensiones. En la sección II, se pasa revista a la particular configuración que la economía del cuidado adopta en América Latina, con especial referencia al caso argentino. En la sección III, se intentan sistematizar los puntos de vinculación entre la economía del cuidado y diferentes aspectos de las políticas económicas. En la sección IV, se ensayan algunas sugerencias para continuar la investigación y para tomar en cuenta en la acción de política pública en la materia.


I.    La definición de la Economía del Cuidado y su tratamiento en la disciplina económica

El término economía del cuidado se ha difundido de manera relativamente reciente para referir a un espacio bastante indefinido de bienes, servicios, actividades, relaciones y valores relativos a las necesidades  más básicas y relevantes para  la existencia y reproducción de las


1    Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicet) y del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (Ciepp). Buenos Aires, Argentina.   crodriguezenriquez@ciepp.org.ar
personas, en las sociedades en que viven. Como todo concepto en construcción sus alcances y límites son difusos. Podría argumentarse que en realidad toda actividad humana tiene como objetivo final la propia reproducción, como personas y como sistema social. Esto puede ser cierto, pero la economía del cuidado, con sus ambigüedades, refiere a un espacio más acotado.

Se trata más bien de aquellos elementos que cuidan o “nutren” a las personas, en el sentido que les otorgan los elementos físicos y simbólicos imprescindibles para sobrevivir en sociedad (Unifem,2000). Así, el cuidado refiere a los bienes y actividades que permiten a las personas alimentarse, educarse, estar sanas y vivir en un hábitat propicio. Abarca por tanto al cuidado material que implica un trabajo, al cuidado económico que implica un costo y al cuidado psicológico que implica un vínculo afectivo (Batthyany, 2004).

Asociarle al término cuidado el concepto de economía implica concentrarse en aquellos aspectos de este espacio que generan, o contribuyen a generar, valor económico. Es decir, lo que particularmente interesa a la economía del cuidado, es la relación que existe entre la manera cómo las sociedades organizan el cuidado de sus miembros, y el funcionamiento del sistema económico.

En esta sección nos proponemos discutir las múltiples dimensiones asociadas al concepto de economía del cuidado, y establecer el recorte conceptual que sugerimos adoptar.


    Economía del cuidado y reproducción social

Una primera aproximación iguala la noción de cuidado, a la de trabajo no remunerado realizado en el ámbito del hogar. Esta es la concepción de economía de cuidado que mayor difusión ha tenido en los trabajos de la economía feminista2. En ellos se asocia el término a la idea de trabajo de cuidado no remunerado. La carencia de retribución implica que excluye los bienes y servicios de cuidado que son provistos por el sector público, el sector privado y el “tercer sector” (ONGs). La idea de trabajo indica que se trata de actividades costosas en términos de tiempo y energía, y se realizan como obligaciones (contractuales o sociales) (Unifem, 2000).

Esta idea es extendida al concepto de reproducción social, que refiere específicamente al cuidado de las personas y su capacidad para trabajar. Desde este punto de vista, la economía del cuidado refiere al espacio donde la fuerza de trabajo es reproducida y mantenida, incluyendo todas aquellas actividades que involucran la crianza de los niños, las tareas de cocina y limpieza, el mantenimiento general del hogar y el cuidado de los enfermos o discapacitados. “La reproducción social de las personas es un proceso material y moral. Requiere bienes, mercancías, servicios, trabajo y amor. Está engastada en un conjunto de convenciones sociales y marcos institucionales que se configuran para regular la división social de las responsabilidades con respeto a los niveles de vida de la sociedad en su conjunto y en sus diferentes sectores”. (Picchio, 1999: 210).

En realidad, puede argumentarse que el término “reproducción social” se utiliza para referirse ampliamente a la reproducción de las condiciones ideológicas y materiales que sostienen a un sistema social. La “reproducción de la fuerza de trabajo” es un concepto definido más estrechamente que se refiere a la manutención diaria de los trabajadores y futuros trabajadores junto con su educación y capacitación. El término “reproducción humana”, por su parte, se


2    La economía feminista es una corriente de pensamiento económico heterodoxo que ha hecho énfasis en la necesidad de incorporar las relaciones de género, como una variable relevante en la explicación del funcionamiento de la economía y de la diferente posición de los hombres y las mujeres como agentes económicos y sujetos de las políticas económicas. Uno de los temas en los que esta perspectiva ha hecho hincapié, es en la necesidad de recuperar la noción de provisión de bienestar individual y colectivo como objetivo fundamental de la economía. . En el estudio de la manera en que las economías resuelven la provisión de este bienestar, o bien, en la forma que estos sistemas se reproducen, aparece jugando un rol de particular importancia el trabajo destinado a cuidar de las personas, y a proveerlas de lo que necesitan para continuar su vida en sociedad. Para un trabajo fundante de esta corriente de pensamiento ver Ferber y Nelson (1993) y su actualización, Ferber y Nelson (2003). También consultar  www.iaffe.org.
aplica específicamente a la crianza de los niños y de la lactancia. La idea del trabajo de cuidado como reproducción social, se asemejaría al concepto de reproducción de la fuerza de trabajo.

Asociar el trabajo doméstico (es decir, el trabajo de cuidado no remunerado realizado al interior de los hogares) con la idea de reproducción social, no implica considerar que la reproducción social se limita sólo a ello, sino asumir que el trabajo doméstico es el núcleo de este proceso. “Puede complementarse con trabajo asalariado en el hogar, trabajo asalariado en los servicios públicos y privados y trabajo social voluntario, pero la responsabilidad final de armonizar las demás formas de trabajo y/o absorber sus insuficiencias sigue recayendo sobre el trabajo familiar no remunerado”. (Picchio, 1999: 203)

Asimismo, el trabajo doméstico no está delimitado estrictamente por el lugar donde se realiza (el hogar) o sus funciones, ni por el hecho de no estar remunerado. Se caracteriza por la forma de control que se deriva de las relaciones familiares personales. (Picchio, 1999). Por lo mismo, el cuidado es una actividad altamente genérica. Se encuentra realizada mayormente por mujeres, y es por medio del cuidado que la identidad genérica de las mujeres es construida. (Batthyany, 2004).


    El cuidado en la disciplina económica3

Los aportes teóricos, desde la economía, sobre el trabajo de cuidado, referido fundamentalmente como trabajo doméstico no remunerado, se inician con los economistas clásicos. Ellos identificaron la importancia de la reproducción de la fuerza de trabajo, pero concentraron su atención sólo en la cuestión de los “bienes salarios” consumidos por los hogares, sin explorar el rol del trabajo doméstico en este proceso. Esto es así porque su interés radicaba en la relación entre el valor del trabajo (su precio natural) y el precio del trabajo (el salario), tal como se determina en el mercado. Para ellos el precio del trabajo está dado por el valor de los bienes de subsistencia del trabajador, sin los cuales no podría participar en los procesos productivos y, por consiguiente, crear riqueza. El trabajo doméstico, entonces, contribuiría a la generación del valor de estos bienes de subsistencia consumidos por los trabajadores. En el contexto de esta discusión, los clásicos asumieron como natural el modelo jerárquico del matrimonio y la familia
con la autoridad investida en la figura del esposo/padre4.

Marx, por su parte, en el desarrollo de su teoría del valor-trabajo reconoció como tal tanto al que resultaba productivo desde el punto de vista capitalista, como al que resultaba productivo desde un punto de vista social. Sin embargo, el énfasis estuvo puesto en el análisis del primero resultando marginal el estudio de las especificidades del segundo. Engels, sí observó en más detalle el rol de la familia nuclear en el desarrollo capitalista, señalando que el objetivo principal del hogar patriarcal era la reproducción de la propiedad privada. Así, remarcaba que la monogamia surgió de la concentración de suficiente riqueza en las manos de un solo individuo, un hombre, y de la necesidad de legar esa riqueza a sus hijos. Para este propósito se requería la
monogamia de la mujer, no del hombre5. Para Marx y Engels (y otros autores marxistas) la única forma en que las mujeres podían conseguir igualdad con los hombres era socializando el
trabajo doméstico y el cuidado de los niños.

El posterior desarrollo de la escuela marginalista invisibilizó por completo este aspecto. Considerando al trabajo exclusivamente como un factor productivo que los individuos intercambian en el mercado, divorció su precio (salario) de cualquier proceso social o histórico. Relacionando el valor económico con la posibilidad y el deseo de intercambio, todo trabajo sin remuneración (o sin mercado) dejó de ser considerado como objeto de análisis. Fuera del esquema quedó también el abordaje de los condicionantes por los cuales los individuos eligen


3    Sigo aquí principalmente la lectura que Rodríguez Enríquez (2001) realiza de Gardiner (1997).
4    La excepción son los trabajos de John Stuart Mill y Harriet Taylor quienes reconocieron la importancia de la inserción de las mujeres en el mercado de empleo como elemento esencial para la distribución democrática de
decisiones y responsabilidades al interior de los hogares.
5    Engels (1972).
ofrecer o no su fuerza de trabajo en el mercado de empleo6. Todo individuo se considera racional y por lo tanto ejerciendo la opción (entre trabajo y no trabajo) que maximiza su utilidad (bienestar).

Sin embargo, desde la propia teoría neoclásica sí existió una aproximación a la consideración del trabajo doméstico en la elección de los individuos a través de lo que se conoce como “Nueva Economía del Hogar” [New Home Economics]. Desde esta perspectiva se considera que el hogar decide como una unidad la participación de sus miembros en el mercado de empleo, y por ende la correspondiente responsabilidad sobre las tareas domésticas. Lo que se busca es entonces maximizar la utilidad conjunta de los miembros del hogar, sujeta a las restricciones de ingresos y tiempo. La división tradicional por género del trabajo dentro del hogar se considera una respuesta económica racional del hogar a la valoración que el mercado hace del tiempo de cada uno de sus miembros, lo que a su vez se considera que está reflejando
la productividad de los individuos en el mercado7.

En el ámbito de la teoría feminista, el “debate del trabajo doméstico” volvió sus pasos sobre la teoría marxista. El principal punto de discusión fue la relación entre el trabajo doméstico y la acumulación capitalista. Y existieron dos posiciones básicas. Una argumentaba que el trabajo doméstico subsidiaba a la producción capitalista con su rol en la reproducción de la fuerza de trabajo, directamente incrementando el beneficio capitalista. La otra postura negaba la noción de subsidio y en cambio consideraba al trabajo doméstico como esencial para la reproducción de la fuerza de trabajo en este tipo de sociedades.

Desde la primera visión se redefinió el valor de la fuerza de trabajo como el tiempo de trabajo total necesario para su reproducción, es decir, el tiempo de trabajo necesario utilizado en el trabajo del hogar además del tiempo abstracto incorporado en las mercancías consumidas. De esta manera la plusvalía es apropiada por los capitalistas que le pagan a los trabajadores hombres un salario que es menor que el valor de su fuerza de trabajo.

Así, la contribución que el trabajo doméstico realiza a la producción de plusvalía es la de mantener el valor de la fuerza de trabajo por debajo del costo de su reproducción. El mecanismo para esto consiste en la retención dentro del hogar de aquellos aspectos de la reproducción y el mantenimiento de la fuerza de trabajo que no son rentables ni para la producción capitalista ni para el Estado, en caso de que éste eventualmente se hiciera cargo. La configuración futura del trabajo doméstico dependería entonces, de la interrelación de los costos de la reproducción de la fuerza de trabajo, el proceso de acumulación capitalista y la demanda de trabajo femenino remunerado.

La perspectiva que considera al trabajo doméstico como un elemento indispensable para la supervivencia del modo capitalista de producción lo entiende como producción en sí mismo, ya no de mercancías, sino de valor de uso. Su fin último es proveer fuerza de trabajo para su venta. Desde esta perspectiva, la principal razón por la cual el trabajo doméstico sobrevive es porque el capitalismo requiere trabajadores que sean individuos libres ofreciendo su fuerza de trabajo en el mercado.

El “debate del trabajo doméstico” no exploró el problema de las relaciones de género ni se preguntó si no serían los hombres, además de, o en lugar de los capitalistas, quienes se benefician del trabajo doméstico. Asimismo prestó poca atención al hecho de que es la combinación de trabajo doméstico y trabajo remunerado, más que el trabajo doméstico sólo, lo



6    En realidad, considerando a todos los agentes económicos, y entre ellos obviamente a las mujeres, como racionales, los neoclásicos entienden que la decisión de ofrecer o no la fuerza de trabajo en el mercado tiene que ver con la búsqueda de la situación óptima de cada uno, y por lo tanto es la mejor (y única en el equilibrio) decisión posible.
7    Esto significa, por ejemplo, que si los hombres y las mujeres jóvenes comienzan siendo igualmente productivos en
ambas esferas de la producción, la discriminación de género en el mercado de empleo (que reduce el salario de las mujeres por debajo de su productividad de mercado) implicará que las mujeres se responsabilicen por una mayor
cuota del trabajo doméstico y los hombres por una mayor cuota de trabajo remunerado en el mercado (Gardiner, 1997).
que caracteriza a la experiencia de las mujeres en el capitalismo. El “debate sobre el patriarcado” discutió alguno de estos elementos.
Dentro de este desarrollo pueden distinguirse tres perspectivas8. La primera utiliza una definición estricta de la familia patriarcal identificándola con el hogar que consiste en un jefe, un cónyuge dependiente y los hijos e hijas. Existe así un interés común en los hombres en contar con una mujer que esté disponible para servirlos dentro del hogar. A medida que las mujeres van accediendo al mercado laboral y obteniendo otras medidas de equidad social, la autoridad del hombre dentro de la familia declina y la segregación de género en los empleos se convierte en la principal manera de perpetuar la dependencia económica de las mujeres en la familia patriarcal. De esta manera, en las sociedades industriales contemporáneas se ha formado un nuevo acuerdo entre patriarcado y capitalismo por el cual las mujeres casadas son asalariadas y trabajadoras domésticas, acuerdo que se basa en los diferenciales de salarios y la segregación en las ocupaciones, con el objetivo mencionado de perpetuar la dependencia económica de las mujeres (Hartmann, 1981).

Una segunda perspectiva dentro de este debate argumenta que el patriarcado se reserva más apropiadamente para situaciones donde la sociedad está organizada bajo figuras patriarcales identificables y donde la violencia física y la ideología se combinan con mecanismos económicos para producir una sistemática subordinación de las mujeres. Por lo tanto, el patriarcado se basa en las relaciones sociales de reproducción humana, es decir, en el control sobre las mujeres (y sobre los hijos) por parte de los hombres, especialmente en el control de su sexualidad y fertilidad9.

La tercera visión es la que sitúa al debate en una perspectiva global y ecológica. Mies (1986), principal exponente de esta visión, considera que el patriarcado capitalista es un sistema global que somete a las mujeres. En este sistema el trabajo doméstico (la producción de vida y de valores de uso para la satisfacción de las necesidades humanas) es esencial para la acumulación capitalista porque es esencial para la existencia de trabajo asalariado. El rol de las mujeres como esposas es necesario tanto para reproducir la fuerza de trabajo, como para disminuir la competencia con los trabajadores masculinos en el mercado de empleo, así como por el hecho de convertirse en consumidoras.

Más recientemente, la economía feminista ha realizado importantes contribuciones al estudio del trabajo no remunerado, resaltando sus aspectos de género, su invisibilidad y su aporte central a la reproducción social y el funcionamiento de la economía10. Estudiando el ámbito de la economía del cuidado, han demostrado la invalidez de muchos de los supuestos de los
modelos micro-económicos convencionales. Así, han señalado que “en lugar de desafiar la división tradicional del trabajo mediante la cual los hombres se “especializan” en el trabajo remunerado y las mujeres en el trabajo doméstico u otras actividades no remuneradas, estos modelos dan por sentada una serie de características de género (estáticas) –es decir, las mujeres cocinan mejor que los hombres y son mejores que ellos para el cuidado infantil, mientras que los hombres son mejores en el trabajo de mercado- con el propósito de explicar y justificar la división tradicional del trabajo y sus inequidades correspondientes dentro y fuera del hogar.” (Benería, 2003b: 41).

En esa línea, Nelson (1993, 1996) aboga por una modificación del foco central del análisis económico, pasando del intercambio y la elección (choice) a la provisión (provisioning), esto es, a los bienes y procesos necesarios para la supervivencia humana. Cuando este elemento (la supervivencia humana) se transforma en el corazón del análisis económico, los servicios inmateriales como el cuidado de los niños y niñas, el cuidado de la salud y la preocupación por la transmisión de las habilidades (educación), se vuelven tan centrales como la alimentación y la



8    Existe una cuarta perspectiva que es la desarrollada por las mujeres negras, principalmente en el Reino Unido y en los Estados Unidos.
9    Las principales exponentes de esta visión son Mackintosh (1977) y Folbre (1994). Ellas señalan que no son sólo los hombres quienes se benefician del trabajo doméstico sino también las futuras generaciones y la sociedad toda.
10    Algunos de estos aportes son los que nutren el presente trabajo.
vivienda. Algo similar propone Power (2004) cuando sugiere que el punto de partida del análisis económico debe ser la provisión social (social provisioning). Con este término quiere resaltar el análisis de las actividades económicas como procesos sociales interdependientes. Este concepto permite incluir el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres, así como las normas sociales que afectan tanto lo procesos como sus resultados.

Finalmente, existe un creciente corpus que incorpora esta temática en los estudios de las características de género de la política macroeconómica. Más adelante volveremos sobre este punto.


    El trabajo de cuidado no remunerado

Como se mencionó anteriormente, la versión más difundida de la economía del cuidado es la que asocia a la misma con las tareas domésticas no remuneradas realizadas al interior de los hogares. Quedan así excluidas en esta concepción, las actividades y servicios de cuidado provistos por trabajadores y trabajadoras del sector público o del “tercer sector” (organizaciones comunitarias), y por asalariados y cuentapropistas del sector privado.

La pregunta siguiente sería: qué actividades domésticas no remuneradas se incluyen en el dominio de la economía del cuidado? Se incluyen todas las actividades realizadas por los miembros del hogar que tengan como objetivo cuidar de sí mismos o de otros miembros? Al respecto parece haber consenso en aplicar el criterio de la tercera persona desarrollado por M. Reid11. Este refiere a todas las actividades desarrolladas por y para los miembros del hogar que podrían ser delegadas a una tercera persona y que producen bienes o servicios mercantilizables (en el sentido de pasibles del intercambio mercantil). Se distingue de esta manera de las tareas
de cuidado personal que cada persona realiza por sí misma (comer, lavarse) y actividades recreativas que no pueden delegarse (mirar televisión, escuchar música).

De este modo, el trabajo de cuidado o doméstico se refiere al conjunto de actividades realizadas en y para la esfera doméstica con la finalidad de asegurar la reproducción cotidiana de sus miembros. “Engloba tareas tales como: servicios de apoyo (pagos diversos, trámites administrativos, compras del hogar, transporte); producción de bienes y servicios en el hogar (limpiar la casa, lavar los platos, lavar y planchar la ropa, cocinar, tirar la basura, confeccionar prendas para los miembros del hogar); abastecimiento de agua y combustible (acarrear agua, recoger leña); construcción y reparación de la vivienda; y servicios específicos de cuidado (de niños, ancianos, enfermos). (Redón, 2000; citado por Ariza y de Oliveira, 2003).

La idea de producción mercantilizable ha sido bastante criticada, porque de alguna manera implica tomar al mercado como el patrón de referencia y considerar que las actividades del hogar son económicas sólo si producen bienes o servicios que podrían eventualmente intercambiarse mercantilmente. Sin embargo, aún cuando el principio en un sentido estricto adopta la producción mercantil como referencia, el mismo no excluye aquellas actividades que no tengan una correspondencia mercantil, en tanto puedan ser realizadas por una tercera persona. (Benería 2003a)

Lo que sí parece excluirse con este criterio, son aquellas actividades personales como el cuidado afectivo o el sexo. Aun cuando esto podría discutirse, lo cierto es que extender la definición a este tipo de actividades implicaría discutir el propio concepto de trabajo hasta un nivel de ambigüedad casi irresoluble. Además, la operacionalización misma parece casi imposible. Por caso, cómo podría estimarse el valor económico o la contribución al PBI del amor maternal, la satisfacción sexual entre miembros de una pareja, o el compañerismo fraternal?

El trabajo de cuidado o doméstico no remunerado así definido, presenta múltiples dimensiones. En primer lugar, se trata de actividades que dependen de manera muy importante de las relaciones interpersonales que se establecen entre el proveedor del bien o servicio de cuidado


11    Esta idea es desarrollada originalmente en Reid (1934). Para un análisis feminista del trabajo de Reid, ver Yi (1996).
y el recipiente del mismo. Este tipo de relaciones pueden ser al menos de tres tipos: i) relaciones de cuidado de personas que podrían por sus medios proveerse de los servicios de cuidado, pero que los exigen de otras personas por cuestiones sociales, culturales y hasta económicas; ii) relaciones de cuidado donde la persona cuidada no puede proveerse autónomamente los servicios de cuidado por ser demasiado joven, demasiado mayor, o por estar enferma o discapacitada; iii) relaciones de cuidado recíproca, donde los servicios de cuidado se ofrecen espontáneamente, y donde no existe un patrón de continuidad. (Gardiner, 1997)

El hecho que las actividades de cuidado se desarrollen en base a relaciones de persona a persona, donde habitualmente las partes se llaman por sus nombres de pila, por razones que involucran afecto y respeto, no implica, sin embargo mistificar este tipo de vínculos. Queda claro que el trabajo de cuidado puede hacerse de manera indeseable, realizado bajo presiones sociales, culturales, psicológicas o incluso violencia física.

En segundo lugar, existe una creencia generalizada que sostiene que las mujeres están naturalmente mejor dotadas para llevar adelante el cuidado de los niños y niñas y por extensión, esto les da una ventaja comparativa para proveer de cuidado a otras personas, incluyendo las personas mayores y enfermas, y de paso, al resto de los adultos de los hogares. En definitiva, el hecho de que el trabajo de cuidado no remunerado al interior de los hogares sea realizado mayormente por las mujeres del hogar, consistiría en un simple proceso de especialización, que como los economistas afirman, conlleva eficiencia.

Queda claro a esta altura que no hay evidencias que sustenten este tipo de afirmaciones, y que la “especialización” de las mujeres en las tareas de cuidado es una construcción social, basada en las prácticas patriarcales hegemónicas. Como afirma Folbre (2001) las reglas patriarcales tradicionales hicieron más que incrementar la especialización femenina en la crianza de los niños y niñas. También incrementaron la especialización de las mujeres en la provisión de otro tipo de servicios de cuidado. La dependencia económica implicó que el bienestar de las mujeres dependiera del bienestar de sus padres y esposos, un incentivo poderoso para prestar atención en las necesidades de los otros. A quienes se les niega una concepción cultural de sí mismos como individuos, pueden incluso no pensar en sí como personas separadas. El patriarcado no fue simplemente un medio de privilegiar a los hombres. Fue también una estrategia para asegurar una oferta adecuada de servicios de cuidado.

Este proceso social y cultural de especialización de las mujeres en las tareas de cuidado va de la mano de la separación de las esferas de la producción y reproducción12, y de la consecuente exclusión y segregación de las mujeres en el mercado de empleo13. Esto se sintetizaría en la idea de domesticidad (Williams, 2000), determinada por dos características.  La primera es la organización del trabajo de mercado (empleo) en torno a la norma de un “trabajador ideal”
que se ocupa a tiempo completo e incluso trabaja horas extras, y que destina muy poco tiempo a las tareas de mantenimiento físico del hogar y cuidado de las personas dependientes. La segunda característica central es el sistema de provisión de los servicios de cuidado, que marginaliza a quienes desarrollan esa tarea.

La norma del trabajador ideal consiste en la estructuración de la organización del empleo, de forma tal de posibilitar a las unidades de producción demandar fuerza de trabajo que pueda emplearse a tiempo completo, asumir horas de trabajo en exceso a la jornada habitual y aceptar movilidad geográfica. Esta norma requiere que los trabajadores que la conforman cuenten con un flujo disponible de trabajo doméstico que les permita no sólo tener atendidas sus propias


12    De hecho, el trabajo asalariado y el trabajo doméstico surgen como categorías diferenciadas a partir del desarrollo de las economías capitalistas industriales, que provocó una división entre la esfera de lo público (el mercado) y la esfera de lo privado (el hogar). Esta frontera adquiere características diferenciadas según los contextos: es común encontrar situaciones donde los hogares siguen haciéndose cargo de muchas actividades productivas (o que lo serían si se desarrollaran en el mercado) y situaciones donde el mercado o el Estado han asumido funciones reproductivas (por caso, cuidado de niños o personas mayores, servicios domésticos de distinto tipo).
13    Utilizo el término mercado de empleo en lugar del más difundido de mercado de trabajo, para indicar que el primero refiere sólo a una manifestación del trabajo humano, aquel que adopta la forma mercantil.
necesidades, sino, además, verse exentos de asumir responsabilidades en la atención de las necesidades de los otros con quienes convive.

La estructuración genérica actual permite a los hombres contar con este flujo de trabajo doméstico en mucha mayor medida que las mujeres. Y esto se hace obviamente más evidente en los sectores de bajos ingresos que no pueden siquiera contratar estos servicios en el mercado. Esta situación se refleja en la discriminación de género en el mercado de empleo. La inmensa mayoría de las mujeres no pueden constituirse en trabajadores ideales y esto las segrega a trabajos a tiempo parcial, a trabajos de menores responsabilidades y constituye un límite estricto en las  posibilidades de desarrollo de una carrera. Esto sucede tanto porque las mujeres combinan un empleo remunerado con sus responsabilidades domésticas, como así también por la intermitencia de su inserción laboral debida a las interrupciones provocadas a lo largo de su ciclo de vida.

La contracara de esta situación es la marginación de quienes se dedican a las tareas de cuidado. En un doble sentido. Por un lado, las personas que ejercen sus responsabilidades domésticas se ven discriminadas en el mercado de empleo, si simultáneamente se insertan en él. Por otro lado, las personas que “deciden” dedicarse exclusivamente a las tareas de cuidado, ven subvalorada su contribución al hogar y a la sociedad. Más aún, quienes deciden ofrecer sus servicios domésticos en el mercado de empleo, reciben paupérrimas condiciones de trabajo, malas remuneraciones y baja consideración de la utilidad social de su tarea.

Este sistema de domesticidad mantiene marcados rasgos de género. Aún cuando se han producido evidentes progresos en la inserción de las mujeres al mercado de empleo, lo mismo no ha sucedido con la inserción de los hombres a las tareas de cuidado. “La domesticidad no ha muerto, ha mutado” (Williams, 2000: 3). En este sentido, la inequidad de género asociada a la domesticidad, está hoy adoptando mecanismos estructurales más impersonales, que son vividos a través de formas culturales más fluidas. Una consecuencia de esto es la (re)producción de la subordinación aún cuando las mujeres actúan crecientemente como individuos que no se encuentran bajo el comando directo de un individuo hombre (Fraser, 1997).

La domesticidad no sólo adjudica tareas específicas a las mujeres, sino también a los hombres, que se encuentran “obligados” a conformar la norma de “trabajadores ideales”. En este sentido, así como la mayor inserción de las mujeres en el empleo no modificó las expectativas respecto a sus responsabilidades domésticas, tampoco disminuyó las expectativas de que los hombres sean los proveedores del hogar. Esto último resulta evidente en los hogares donde ambos cónyuges están insertos en el mercado de empleo. Independientemente del nivel de ingreso de cada uno de ellos, el hombre está “sosteniendo” al hogar, y la mujer “colaborando” en esta tarea.

Otro aspecto que refuerza el imperio de la domesticidad es la idea que los niños y niñas deben ser criados por su progenitores. En este sentido, la expectativa es que las madres posean todo el tiempo y el amor del mundo para dedicar a sus hijos e hijas. La misma expectativa no se sostiene siempre para los padres varones. Esto también resulta una falsa ética. Cuando se afirma que los niños no deberían ser criados por “extraños”, no se tiene en cuenta, por ejemplo, cuan extraños son los docentes que “crian” a los niños durante los 10 años de educación formal
obligatoria14.

La convivencia de la domesticidad con la mayor inserción de las mujeres en el mercado de empleo dio lugar al nacimiento de la doble jornada femenina15. Este término se utiliza para describir la naturaleza del trabajo que realizan las mujeres que se insertan en el mercado de


14    Nadie en su sano juicio se atrevería a discutir la forma de organización de la escolaridad, a pesar de lo cual muchos y muchas sí discuten la conveniencia de los servicios públicos y privados de cuidado infantil.
15    La tasa de participación femenina ha ido aumentando en la mayoría de los países, sin una redistribución de los tiempos dedicados a las tareas domésticas. Es decir, lo que se observa son varias formas de inflexibilidad de la
división del trabajo doméstico que reflejan características sociales que actúan como freno en el proceso de equilibrio.
La “rigidez” que se observa con más frecuencia está en la sustitución del trabajo femenino por el masculino (Kabeer, 1998). Claramente, el aumento en el tiempo de las mujeres en el mercado laboral, se ajustó por una disminución de su
tiempo de ocio, y no por el aumento en el tiempo dedicado a las actividades domésticas por parte de otros miembros
del hogar.
empleo y continúan realizando el trabajo no remunerado en el hogar. A esto se suma en algunos casos, el trabajo comunitario. La multiplicidad de roles que han asumido las mujeres, como perceptoras de ingreso en un empleo, como principales responsables de las tareas del hogar y del cuidado de los menores y las personas mayores, y como agentes activos en sus propias comunidades, las han llevado a buscar la manera de ajustarse a esta presión sobre su propio tiempo. En la mayoría de los casos, este ajuste se realiza limitando las horas de descanso y el tiempo de ocio personal (Floro, 1999). En síntesis, la doble (o triple) jornada se traduce en un deterioro de la calidad de vida de las mujeres.


    La provisión extra-hogar de servicios de cuidado

Ahora bien, la forma que adopta la domesticidad y la distribución del trabajo de cuidado no remunerado también se encuentra condicionado por la existencia de servicios de cuidado provistos por fuera del hogar. Esto es, servicios de cuidado ofrecidos por el propio Estado, y servicios de cuidado mercantilizados y provistos por el sector privado. Más aún, dada la relevancia que tiene la existencia de estas ofertas de servicio de cuidado en las estrategias domésticas de los hogares, lo que se sugiere es considerar un concepto de economía de cuidado ampliada, que contemple no sólo el trabajo no remunerado al interior de los hogares, sino también la provisión pública y privada de servicios de cuidado.

Qué tipo de servicios abarca la provisión extra-hogar de servicios de cuidado? Con seguridad, empleo doméstico (en el sentido más tradicional del término), servicios de cuidado de niños, personas mayores y personas enfermas y discapacitadas, servicios de educación y salud. Adicionalmente pueden agregarse los servicios de entretenimiento (incluyendo la oferta de sexo)16 .

Es interesante ver cómo la provisión pública y privada de estos servicios se entiende de alguna manera como una extensión de las responsabilidades asumidas al interior de los hogares. Y en este sentido hay dos características que se repiten: i) se trata de actividades donde existe sobre- representación de fuerza de trabajo femenina y ii) las condiciones de trabajo y los niveles de remuneración son bajos.

La provisión pública de servicios de cuidado se ha concentrado fundamentalmente en: i) provisión de educación pública; ii) provisión de salud pública; iii) provisión de servicios de cuidado infantil; iv) provisión de cuidado a personas mayores, enfermas y discapacitadas; v) políticas de licencias parentales relacionadas con el cuidado de los niños y niñas recién nacidos y de muy corta edad.

Las características de esta provisión pública difiere enormemente entre países. En el caso de los países de América Latina se han desarrollado fundamentalmente los dos primeros tipos de servicios de cuidado, y la provisión del resto es enormemente deficiente. En sentido general, puede decirse que existe una ausencia absoluta de una política pública de cuidado. La premisa pareciera ser que ésta es una responsabilidad fundamentalmente de los hogares, y la provisión pública es simplemente un complemento para aquellos hogares que no pueden resolverlo por sí mismos. Así, existe una tendencia a la focalización de estos servicios en la población que más lo necesita, en diferentes formatos (subsidios a madres solas con hijos e hijas menores, subsidio a la provisión privada de servicios de cuidado, etc.).

Esta ausencia de políticas públicas de cuidado, implica que la resolución del mismo varíe significativamente por clases sociales. Así se alimenta el círculo vicioso, los hogares que pueden afrontar el costo de contratar servicios de cuidado privados tienen más posibilidades de una inserción más plena en el mercado laboral de todos sus miembros adultos, y por ende, la posibilidad de obtener mayores ingresos por trabajo. Por el contrario, los hogares de sectores de bajos ingresos que no pueden contratar servicios de cuidado privados, construyen otras estrategias que implican la no inserción de las mujeres en el mercado laboral o su inserción


16    Este es el criterio adoptado por Durano (2005).
precaria, por ejemplo, en la forma de trabajo domiciliario. Otra alternativa, es asignarle las responsabilidades de cuidado a las mujeres jóvenes o adolescentes del hogar, con lo que se limitan sus posibilidades de educarse o insertarse tempranamente en el mercado laboral.

En la actualidad, entonces, se produce una combinación de efectos sobre la economía del cuidado. En primer lugar, la mayor participación femenina en el mercado de empleo no ha sido apoyada por una generación equivalente de oferta de servicios de cuidado que hicieran compatible la vida laboral de las mujeres y la atención de las responsabilidades domésticas. La variable de ajuste, ha sido la calidad del tiempo y de la vida de las mujeres.

En segundo lugar, los procesos de retracción de las institucionales de los tradicionales estados de bienestar han producido al menos dos efectos sobre la economía del cuidado. Por un lado, ha implicado el retorno al ámbito del hogar de responsabilidades en la reproducción social que habían sido asumidas colectivamente. Claramente, estas mayores responsabilidades han recaído fundamentalmente sobre las mujeres. Por otro lado, se evidencia un marcado deterioro en la calidad de los servicios públicos de cuidado.

En tercer lugar, y en parte como consecuencia de todo lo anterior, ha crecido la mercantilización de la provisión de servicios de cuidado en el sector privado. Este proceso involucra, la tradicional oferta de trabajo doméstico remunerado, con las particularidades que este tipo de empleo presenta. Esto es, un trabajo precario, en general mal remunerado, sin cobertura social y con relaciones de trabajo que en algunos casos se aproximan a la servidumbre. Asimismo, la mercantilización del cuidado se evidencia en la creciente oferta de servicios privados de educación, salud, y cuidado de niños, niñas, personas enfermas y mayores. El rasgo particular de estos diferentes servicios de cuidado es su elevado costo, lo que los hace inaccesibles para vastos sectores de la población. También existe una fuerte segmentación de la oferta, con servicios de excelencia para aquellos sectores sociales que pueden pagarlo y una calidad decreciente a medida que disminuye su costo.

Así resulta que, el costo de estos servicios de cuidado provistos privadamente se incrementa cuanto más se pretende que los mismos se asemejen a la “ideal” provisión de cuidado al interior de los hogares. De esta forma, resultan mucho más costosos los servicios que ofrecen atención personalizada y domiciliaria. Por supuesto, el costo también se incrementa con la calificación de las personas que proveen el servicio.

El caso del trabajo doméstico remunerado en los hogares es particularmente relevante dentro de la provisión extra-hogar de servicios de cuidado. Para el caso de los países de América Latina dos parecen ser las características más relevantes: i) el importante nivel de informalidad de este sector, con todas sus consecuencias: bajos salarios, ninguna protección social ni legal, malas condiciones laborales, etc.; ii) el proceso de migraciones de trabajadoras domésticas a los países centrales (particularmente a los Estados Unidos)17.

En síntesis, aquí se propone trabajar con el concepto de economía de cuidado ampliada para referir al sistema de reproducción social conformado tanto por el trabajo doméstico no remunerado realizado al interior de los hogares, así como a la provisión pública y privada de servicios de cuidado. Estas esferas están íntimamente relacionadas y cada una de ellas presenta múltiples dimensiones. Profundizar en el estudio de esta temática desde la disciplina económica es un elemento esencial para poder pensar políticas económicas que contribuyan en la búsqueda de equidad en la distribución del bienestar social.


II.    La configuración de la Economía del Cuidado en América Latina

En América Latina, los tres elementos que constituyen la economía del cuidado (trabajo no remunerado,  provisión  pública  y  provisión  mercantil)  se  combinan  para  brindar  una


17    Anderson (2000) realiza una interesante contribución sobre este tema. En el capítulo donde estudia el caso de las trabajadoras domésticas sudamericanas en el mercado de Estados Unidos, habla directamente de “esclavitud contemporánea”.
configuración caracterizada por un peso mayúsculo sobre la esfera doméstica y dentro de ésta un distribución todavía muy tradicional en términos de género. En esta sección presentamos de manera sintética los principales rasgos de esta configuración, con referencia principal al caso de Argentina.


    Organización familiar y economía del cuidado

El análisis del trabajo de cuidado no remunerado se vincula con el análisis de los hogares. Desde la perspectiva aquí adoptada el hogar constituye una institución social, que si bien puede ser un ámbito de cooperación, amor y cuidados mutuos, también lo es de conflicto, negociación
y asimetría de poder18. Es en el marco de este ámbito que los miembros del hogar deciden la
distribución de sus funciones fundamentales: sostenimiento económico del hogar y cuidado y atención de las personas dependientes.

Una primera aproximación a la organización del trabajo de cuidado lo puede dar, entonces, la propia estructura de los hogares, es decir, la manera en que las personas deciden agruparse para vivir. La información disponible para América Latina indica que los hogares nucleares completos (una pareja con o sin hijos) siguen siendo predominantes. En un contexto de relativa estabilidad en la estructura de los hogares, dos cambios que ameritan ser considerados: un aumento ligero de los hogares unipersonales y una expansión de las familias dirigidas por mujeres. (Ariza y de Oliveira: 2003).

Torrado (2003), analizando la información de la segunda mitad del siglo XX, confirma estas tendencias generales para el caso de Argentina. Así, señala que los principales cambios en la organización familiar están dados por el aumento de las familias monoparentales, la relativa disminución de las familias extensas y compuestas y la correlativa preeminencia de la forma nuclear, acompañada por una disminución del tamaño medio de las familias, como consecuencia del menor número de hijos.

Como puede verse en el cuadro 1, según la última información censal disponible, del año 2001, el hogar multi-personal familiar sigue siendo la forma de organización predominante (84,2% del total de hogares), con mayoría de hogares nucleares (63,2% del total de hogares). Claramente estos pesos relativos varían según los grupos étareos y fundamentalmente según el sexo de la persona considerada jefa de hogar.


Cuadro 1.

Argentina – Estructura de los hogares, según grupos de edad y sexo del jefe



Tipo de hogar (1)   
Hogares        Grupos de edad    y sexo del jefe          
        14-24 años    25-44 años    45-64 años    65 años o más      
        Varones    Mujeres    Varones    Mujeres    Varones    Mujeres    Varones    Mujeres   
 
Total        100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0      
1.    Hogar unipersonal    15,0    15,7    26,3    6,5    14,3    8,5    22,2    14,6    53,5      
2.    Hogar multipersonal familiar    84,2    80,7    66,0    92,9    84,5    91,1    77,1    85,0    45,1      
2.1.    Hogar nuclear    63,2    62,9    37,0    79,2    62,7    67,7    45,4    63,8    20,3      
2.1.1.    Hogar nuclear completo    53,0    62,5    19,0    77,9    20,3    64,3    10,0    60,2    3,0      
2.1.2.    Hogar nuclear incompleto    10,2    0,4    18,1    1,4    42,4    3,3    35,4    3,5    17,3      
2.2.    Hogar extendido    19,6    15,8    25,6    12,5    19,6    22,1    30,0    20,1    23,7      
2.3.    Hogar compuesto    1,4    2,0    3,4    1,2    2,2    1,4    1,8    1,1    1,1      
3.    Hogar multipersonal no familiar                                          
(jefes y    otros no familiares)    0,8    3,6    7,7    0,6    1,3    0,4    0,7    0,4    1,5   
Fuente: Indec. Censo 2001.

Asimismo, en Argentina también se verifica el progreso en la jefatura femenina de los hogares como central en las mutaciones de la organización familiar. Según Torrado (2003) este hecho está siendo afectado por distintos elementos: el envejecimiento de la población derivado de la caída de la natalidad, que tiende a aumentar el volumen relativo de los viudos de ambos sexos; el progreso de la esperanza de vida que favorece más el incremento de las viudas que viven en

18    En este sentido, se adhiere a la idea de conflictos cooperativos desarrollada por Sen (1990).
hogares unipersonales; el divorcio y la separación de las uniones de hecho, que favorecen el incremento de las familias monoparentales con jefatura femenina.

Las características sociodemográficas de los hogares se asocian con diversas modalidades de relaciones intra-familiares. En lo que atañe a la distribución de las tares domésticas, los arreglos nucleares, sobre todo en las etapas de expansión del ciclo familiar, suponen una carga considerable de trabajo para las mujeres, más aún si ellas desempeñan alguna actividad extra- doméstica remunerada. Los hogares extensos, por su parte, permiten delegar algunas de las responsabilidades domésticas en otros integrantes (habitualmente también mujeres), disminuyendo la carga de trabajo de la cónyuge mujer y la demanda de colaboración del cónyuge varón (Ariza y de Oliveira, 2003).  Las decisiones de distribución de las responsabilidades domésticas se encuentren así mayormente determinadas por las relaciones familiares, que son fundamentalmente de carácter asimétrico y jerárquico, porque siguen la distribución interna de poder que marcan dos ejes básicos de diferenciación social: el género y la generación.

En este sentido, “la disminución de la fecundidad y del tamaño de los hogares, y la mayor esperanza de vida al nacer han acortado el tiempo total que las mujeres dedican a la esfera de la reproducción socio-biológica (embarazo, parto, crianza y socialización de los hijos), pero el envejecimiento de la población ha multiplicado, por otro lado, los deberes familiares relacionados con la atención y el cuidado a las personas mayores.” (Ariza y de Oliveira, 2003: 24)

En efecto, Guzmán y Huenchuan (2005), en un estudio realizado en la región, señalan que una alta proporción de personas mayores reciben apoyo familiar (entre 82% y 93%, dependiendo del país). El apoyo más importante proviene de los miembros que conviven en el hogar, especialmente de las hijas, muchas de las cuales no reciben ningún tipo de retribución económica por el cuidado de la persona a su cargo. De hecho la cohabitación es considerada como una de las formas más comunes de apoyo a las personas mayores, aunque se da también sin ella, especialmente el apoyo material y emocional (Celade, 2002; citado por Rico, 2005)

Sin dudas, las señaladas transformaciones ocurridas en la estructura y dinámica de los hogares (menor número de hijos, mayor inserción femenina en el mercado de empleo), han tenido algún impacto en la distribución de las responsabilidades domésticas al interior de los hogares19. Sin embargo, este proceso es aún muy incipiente, y aunque la información al respecto es escasa y parcial, Ariza y de Oliveira (2003: 36), en base a diferentes estudios (mayormente cualitativos) realizados en América Latina afirman que “en la mayoría de los sectores sociales la esposa
continúa siendo la responsable de la supervisión y/o realización de las tareas domésticas. En las contadas ocasiones en que tiene lugar, la participación doméstica masculina ocurre de manera esporádica (fines de semana, vacaciones, en casos de enfermedad), y con mayor regularidad cuando las cónyuges desempeñan actividades extra-domésticas remuneradas. La participación doméstica masculina es más frecuente entre los 30 y 39 años, en hombres de mayor escolaridad y socialización urbana. La reparación de la casa, el cuidado del coche y los trámites administrativos son las tareas habitualmente asignadas a los hombres en el mundo doméstico. Otro aspecto recurrente en diferentes países se refiere a la mayor participación de los varones en el cuidado de los hijos/as que en las labores de la casa propiamente dichas (lavar platos, cocinar, ir de compras, lavar y planchar)”20.




19    “Las parejas que han tenido acceso a una mayor escolaridad y a empleos de mejor calidad han logrado relaciones familiares más igualitarias, pero la participación de los varones en las tareas domésticas sigue siendo reducida, aún en los hogares de dos proveedores.” (Ariza y de Oliveira, 2003: 48)
20    Esto mismo señala Wainerman (2003b) para el caso de Argentina. En un estudio enfocado sobre las actitudes y
percepciones de los varones, señala que las parejas “están compartiendo algo más de las tareas domésticas y mucho más del cuidado de los niños que lo que hacían sus padres treinta años atrás. Los niños de hoy, socializados en este
clima, posiblemente lo reproducirán, si no lo ampliarán, al momento de llegar a la edad de formar sus propias familias.”
Esto mismo se advierte en la disminución de la tasa de actividad doméstica femenina ocurrida en América Latina entre 1994 y 2002, independientemente del lugar que ocupe la mujer en la estructura familiar (cónyuge, jefa, hija u otro) (Ver gráfico 1).


Al final del período, este indicador se ubicaba para el conjunto de los países de la región, en 28% de la población urbana femenina, con variaciones significativas según el número de niños pequeños en el hogar. Así, en hogares sin menores de 6 años, la tasa de actividad doméstica femenina disminuía a 26%, mientras se elevaba a 39,4% en caso de presencia de 2 o más niños pequeños. Por otro lado, mientras las mujeres de 20 a 24 años señalan a las responsabilidades domésticas como la principal causa de inactividad, para los varones ésta se debía a razones de estudio (Rico: 2005).

La tensión que se produce entre el inequitativo reparto de las responsabilidades de cuidado y la participación de las mujeres en el mercado de empleo es evidente, y cobra mayor importancia en momentos en que la tasa de participación femenina ha alcanzado niveles históricos en la región. En efecto, la tendencia histórica de una participación económica femenina que responde a los ciclos de vida (mayor antes del nacimiento del primer hijo y luego de la entrada del menor al sistema educativo formal) estaría mostrando un cambio de sentido. La tasa de participación de las mujeres casadas aumenta más que la de las mujeres solteras; las mujeres que entran al mercado de empleo no se retiran cuando nacen sus hijos y postergan cada vez más el momento de entrar en la pasividad (Sautu, 1997)21.

La dificultad de conciliar responsabilidades domésticas y trabajo en el mercado de empleo es verificado por Cerrutti (2003) en un estudio realizado para el caso de mujeres trabajadoras del Area Metropolitana en Argentina. En su muestra, surgió que la principal limitación para trabajar en actividades extra-domésticas se relaciona con la tenencia o no de niños pequeños en el hogar y con la ayuda familiar con la que se cuente para su cuidado.

Este estudio también pone en evidencia las diferencias de clase que se establecen en la organización doméstica, en este caso de hogares con mujeres activas. En los hogares de estratos medios y altos, las mujeres cuentan con trayectorias laborales más estables y formales, potenciado este hecho entre otros aspectos, por la posibilidad de contar, en la organización de



21    En otros elementos, esto se asocia con el hecho que el ingreso que las mujeres obtienen en sus empleos se aleja cada vez más de la idea de un ingreso secundario para el hogar.
las actividades de cuidado con servicio doméstico contratado, apoyo de familiares (madres y suegras) y la colaboración de los cónyuges varones.

En los hogares de estratos más bajos, por el contrario, las mujeres experimentan trayectorias laborales intermitentes, principalmente por lo que Cerrutti (2003) denomina factores de oferta22. Así, a estas mujeres les resulta muy difícil compatibilizar las tareas de cuidado con el trabajo extra-doméstico. No cuentan con el apoyo de parientes ni con los recursos para contratar
servicios de cuidado mercantiles. En muchos casos, además, tanto ellas como sus cónyuges están en desacuerdo de enviar a sus hijos  e hijas a guarderías.  “Para estas  trabajadoras ocasionales, el trabajo es una actividad que se realiza exclusivamente en momentos de gran necesidad, que perturba los arreglos familiares y que no proporciona ninguna satisfacción en el nivel personal. Valoran más el rol de madre y de esposa que ejercen, y el hecho de trabajar – tanto objetiva como subjetivamente- más que solucionarles problemas les complica la dinámica familiar.” (Cerrutti, 2003: 119)

En la misma línea se encuentra la evidencia recogida por Rodríguez Enríquez (2001) a partir de información de la Encuesta de Condiciones de Vida (1997). Allí se verifica que menos del 20% de los niños menores de 5 años asisten a jardín, guardería o servicios de cuidado. Cuando se indaga sobre las dificultades encontradas para enviar a los menores de 5 años a servicios de cuidado infantil, en el caso de los hogares con jefatura masculina y jefe ocupado, el 45% destaca que los servicios son caros, y el 29% que quedan lejos; para el caso de los hogares con jefa mujer ocupada, el 79% destaca que no envía a sus hijos menores a servicios de cuidado porque no hay vacante.

Como se ve, la dificultad de inserción en el mercado de empleo por parte de las mujeres con cargas de familia, no se debe sólo a las propias limitaciones de la organización familiar, sino también a cuestiones institucionales. En este mismo sentido apunta Rico (2005), cuando señala que entre los obstáculos que encaran las mujeres para acceder al mercado laboral figura el argumento ideológico, muy difundido entre los empleadores, según el cual el cumplimiento de los derechos de protección de la maternidad en el trabajo, consagrados en instrumentos internacionales y regionales, determina que el costo de la mano de obra femenina sea más alto
que el de la masculina. Varios estudios dan cuenta de la falacia de este argumento23.

En la observación de las dificultades para conciliar las responsabilidades de cuidado con el trabajo extra-doméstico se ponen de manifiesto sentimientos y orientaciones valorativas que incluyen desde la culpa (por la desatención de los hijos) hasta la sobre-exigencia para cumplir plenamente con todos los roles, con la consiguiente frustración que estos sentimientos producen por tratarse de una meta que resulta prácticamente imposible de cumplir (Cerrutti, 2003). Esto puede estar relacionado por lo que señalan Ariza y de Oliveira (2003), cuando enfatizan que a pesar de las incipientes transformaciones evidenciadas en la práctica (respecto a los roles de género en la distribución de responsabilidades domésticas), las concepciones que hombres y mujeres tienen sobre la familia, la división sexual de los roles, la maternidad y la paternidad, se han transformado mucho más lentamente. Esta concepción “idealizada” de la familia, permea todavía las leyes, la organización de la economía y la política.

Así, las mujeres parecen demandar mucho más de su propio tiempo, ajustándolo lo más posible a las múltiples obligaciones, y mucho menos hacia sus propios esposos, o a las instituciones que deberían amparar los derechos de las mujeres trabajadoras. Este uso intensivo del tiempo por parte de las mujeres se confirma en un estudio realizado en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se afirma que “el 90% de las mujeres (mayores de 14 años) se ocupan de las tareas domésticas, y esto implica una dedicación que alcanza una jornada diaria de 7 horas y 20 minutos, incluido los sábados y domingos, estableciendo un promedio general, entre las que


22    La categoría de trabajadora intermitente por factores de oferta, en el trabajo de Cerrutti (2003), se caracteriza por sus entradas y salidas de la fuerza laboral, por tener un bajo compromiso con el trabajo, por permanecer períodos relativamente prolongados sin trabajar y sin buscar trabajo, y por no contar con una capacitación ocupacional específica.
23    Al respecto ver Abramo y Todaro (2002).
hacen alguna tarea doméstica y aquellas sobre las que descansa la totalidad del trabajo.” Las cónyuges ocupadas disponen diariamente de más de 3 horas para las tares del hogar y éstas se duplican los fines de semana para “poner al día la tarea”. (Colombo y Rupnik: 1999).

En la misma línea se ubican las evidencias recogidas en una encuesta de uso del tiempo realizada en Montevideo, en el año 2003. Según consigna Aguirre (2005): i) cuando hay niños, las mujeres son las principales cuidadoras en el 90% de los hogares; ii) el 65% de las mujeres que son principales responsables del trabajo de cuidado no remunerado, realizan a la vez trabajo extra-doméstico; iii) el tiempo promedio dedicado al cuidado de los menores de 12 años es de 43 horas semanales.

En definitiva, el peligro que se de una “revolución estancada”, con una persistencia en la distribución tradicional de las responsabilidades domésticas entre varones y mujeres del hogar, independientemente del involucramiento de éstas en el mundo del trabajo extra-doméstico, que de esta manera no sólo perpetúe sino que ahonde la inequidad de género deber ser advertido y controlado (Wainerman: 2003a). La acción de política en este sentido es imprescindible.


    La provisión extra-hogar de servicios de cuidado

La provisión extra-hogar de servicios de cuidado está determinada por los modelos de organización de las instituciones sociales, o para ponerlo en términos de Esping-Andersen (1990), de la configuración del Estado de Bienestar (EB) en relación a la coordinación entre Estado, mercado y familia en la provisión de bienestar a las personas. Como señala Sojo (2005), es luego la combinación institucional de estos tres elementos lo que determina dos procesos de autonomía de las familias y las personas. Por un lado, el nivel de “des-mercantilización”, señalando el grado en que el EB consigue garantizar derechos económicos y sociales reales a las personas, por fuera de los mecanismos de intercambio mercantil. Por otro lado, el nivel de “des- familiarización”, que indica el grado en que el EB reduce el nivel de dependencia de los individuos respecto de sus familias, o bien, inversamente el aumento de la capacidad de control del individuo sobre recursos, independientemente de las reciprocidades familiares o conyugales.

En base a este último criterio, y según reseña Aguirre (2005), se pueden identificar dos tipos ideales de EB: i) el régimen familista, en el cual la responsabilidad principal del bienestar corresponde a las familias y a las mujeres en las redes de parentesco y ii) el régimen des- familiarizador, en el cual hay una derivación de las responsabilidades de cuidado hacia las
instituciones públicas y hacia el mercado24. En el primero, en tanto el supuesto ideológico es la
centralidad de la institución familiar y la división sexual tradicional del trabajo, sólo pueden existir estrategias y medidas de conciliación que permitan a las mujeres asumir simultáneamente su trabajo extra-doméstico y sus responsabilidades de cuidado. En este caso, las políticas activas no hacen más que consolidar la división tradicional del trabajo de cuidado. El segundo tipo, por el contrario, sería más amigable a políticas activas que reconfiguren los roles tradicionales, a la vez que actúen sobre la separación de lo público-privado. En este caso, el Estado asume gran parte de la infraestructura de cuidado infantil, otorga importantes ayudas a los padres y madres para el cuidado, y alienta a las empresas públicas y privadas a que otorguen facilidades a las trabajadoras que desean conciliar empleo y cuidado (Batthyany, 2004). Sin embargo, aún en configuraciones donde predomine la provisión pública o mercantil de servicios de cuidado, pueden perpetuarse los roles tradicionales de género, y esto es de hecho lo que parece suceder en la realidad.

La extensión de las instituciones del EB tradicional difiere significativamente entre los países de América Latina, y en la mayoría de los casos suelen encontrarse regímenes híbridos que combinan, con mayor o menor grado, componentes de distintos modelos ideales de EB. Lo cierto es que aún aquellos países que han conseguido un significativo nivel de desarrollo de


24    Esta tipificación puede ser análoga a la utilizada por Batthyany (2004) que identifica los tipos según la fortaleza o debilidad del modelo “hombre suministrador principal de recursos”. Cuando este modelo es fuerte, estaríamos en un tipo similar al familista. Cuando este modelo es débil estaríamos en el tipo des-familiarizador.
estas instituciones, han construido configuraciones con moderado nivel de des-mercantilización y casi ningún grado de des-familiarización. Sintéticamente, estas serían las principales características de estos regímenes:

•    La red de seguridad social se construyó en base a la red de seguridad laboral. Y esta última se edificó en torno a la relación salarial, bajo el supuesto que las economías podían sostener senderos de crecimiento económico estable que garantizaran niveles cercanos al pleno empleo.

•    La población se pensaba organizada en hogares que respondían al modelo del proveedor único. Esto es, familias con un jefe varón ocupado en un puesto asalariado, y una cónyuge mujer cuya principal responsabilidad era atender las obligaciones domésticas del hogar.

•    La base del derecho a la protección social radicaba en la situación frente al mercado laboral.
Así, se accedía a la cobertura en tanto ocupado, o en tanto dependiente de un ocupado. En términos extremos, los hombres estaban protegidos directamente por su condición de trabajadores asalariados y las mujeres y los niños y niñas por su condición de dependientes del primero. Esta lógica regía, con matices según la diversidad de la región, los esquemas básicos del seguro social: previsión, obras sociales de salud, asignaciones familiares, seguro de desempleo.

•    La situación de ocupación, también permitía el acceso a uno de los pocos servicios de cuidado provisto para la población trabajadora: las guarderías infantiles en los lugares de trabajo. Estas existían en algunos sectores productivos y en algunos establecimientos, a cargo tanto de instituciones públicas, como de empresas privadas y sindicatos o mutuales. Sin embargo, la extensión de la cobertura de este tipo de servicios, nuevamente muy heterogénea por país, nunca llegó a ser considerable.

•    Claramente, la particular configuración de los mercado de empleo latinoamericanos, con un peso relativo importante del trabajo asalariado no registrado y del empleo informal, implicaron que aún en sus momentos de apogeo, gran parte de la población quedara excluida del acceso a estos servicios sociales.

•    La escolarización formal en el nivel primario y pre-escolar completaba la oferta de servicios para el cuidado de los niños pequeños. Nuevamente, aquí existió mucha diversidad de situaciones al interior de la región, dependiendo de los niveles de escolarización alcanzados, la edad mínima de la obligatoriedad, y las condiciones de la oferta pública real de establecimientos  educativos.

•    Los servicios de cuidado para personas mayores y enfermas no fueron contemplados en estos diseños iniciales de instituciones sociales, más allá de los servicios públicos de salud, que atendieron desde siempre la mayor proporción de la internación crónica.

•    Finalmente, la oferta privada de servicios de cuidado completaron la provisión extra-hogar.
En este sentido, la contratación de servicio doméstico fue una característica habitual y temprana de los hogares de estratos económicos medios y altos en América Latina.

•    Otras ofertas mercantiles como servicios privados de guarderías, transporte escolar, hogares de ancianos, servicios de lavandería y alimentación, fueron escasos en la configuración original de estos regímenes de EB, pero su provisión desde el sector privado fue creciendo en el tiempo. Claro que estos servicios han estado disponibles sólo para los sectores socio- económicos que pudieron pagarlos.

•    Tanto en los escasos servicios públicos como en los servicios mercantiles de cuidado, la fuerza de trabajo contratada era mayormente femenina. De hecho, la enseñanza, las actividades de asistencia en la atención de la salud y el servicio doméstico fueron las ramas de actividad que concentraron la mayor parte de la población económicamente activa femenina cuando comenzó a incorporarse a tasas crecientes en el mercado de empleo. La
inequidad de género típica del mercado laboral, ya relevada por abundante literatura en la materia, se reprodujo en estos sectores.

La paulatina mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral, el lento proceso de debilitamiento de la tradicional familia patriarcal, conjuntamente con los procesos de ajuste de los presupuestos públicos ocurridos en la región, que implicó un profundo proceso de retracción de las instituciones del EB, impusieron un contexto crítico para la organización del cuidado. Más grave aún, cuando como consecuencia de las políticas económicas aplicadas durante las últimas décadas, esto sucede con vastos sectores de población bajo condiciones de pobreza, y desempleo.

El caso argentino actual puede servir para ilustrar la situación, siendo tal vez el ejemplo más extremo en la región, de apogeo y decadencia de sus instituciones sociales. Una primera observación a remarcar es que la información sobre cobertura de servicios de cuidado es muy escasa, lo que no deja de ser otro síntoma de la poca importancia que el tema tiene como responsabilidad de política pública.
Respecto al cuidado infantil, la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV-2001)25 revela, tal como lo expresa el cuadro 2, que el 46,8% de la población de 3 y 4 años del total del país asiste a algún centro de cuidado infantil (principalmente guarderías y jardines)26. Pero este nivel de asistencia difiere mucho por nivel socio-económico. Mientras que en los hogares del primer quintil de ingreso (los más pobres) menos del 30% asiste, este porcentaje se eleva a casi 90% en el estrato superior (quinto quintil). Asimismo, más de la mitad de la población que asiste a un
centro de cuidado infantil lo hace a un establecimiento público, pero nuevamente, esto cambia significativamente según el quintil de ingreso.

Cuadro 2

Argentina. Población de 3 y 4 años según asistencia a centros de cuidado infantil. 2001


Condición de asistencia a centros de cuidado infantil   
Total   
Quintil de ingreso      
Población de 3 y 4 años    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0    100,0      
Asiste    46,8    29,1    40,2    53,7    73,7    89,9      
Sector público    27,3    24,7    30,1    28,8    32,5    22,4      
Sector privado    19,5    4,4    10,1    24,9    41,2    67,5      
No asiste    53,2    70,9    59,8    46,3    26,3    10,1   

Fuente: Siempro. ECV 2001.

En Argentina, la asistencia a la educación formal es obligatoria desde el nivel inicial (pre- escolar), y sin dudas, uno de los rasgos positivos es que el país ha logrado sostener elevadas tasas de escolarización, cercanas a la universalidad absoluta en el nivel primario. En el caso de los niños y niñas más pequeños, la cobertura educativa del nivel pre-escolar es muy elevada (supera al 90%) y en este caso no se observan diferencias notorias por nivel socio-económico del hogar. Sí difieren en el sector que presta el servicio educativo, tal como puede verse en el cuadro 3.

Cuadro 3









25    La Encuesta de Condiciones de Vida fue realizada en dos oportunidades (años 1997 y 2001) por el Siempro (Sistema de Información y Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales), que dependía del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Presidencia de la Nación.
26    Desafortunadamente, no existe información disponible sobre la cobertura de este tipo de servicios de cuidado para niños y niñas menores de 3 años.
Argentina. Tasa de cobertura del nivel educativo preescolar. 2001


Sector    Total    Quintil de ingreso      
Total    91,8    87,1    94,0    94,1    97,5    95,2      
Sector público    69,8    80,3    81,4    65,5    45,5    32,0      
Sector privado    22,0    6,8    12,6    28,6    52,0    63,2   

Fuente: Siempro. ECV 2001.

Si bien la cobertura educativa es elevada, la duración de la jornada en los establecimientos es reducida, en particular, en los del sector público, por lo que la atención de los niños y niñas menores fuera del horario escolar todavía debe ser resuelta de algún modo por los hogares.

La contratación de servicio doméstico en el hogar es una variante frecuente en los sectores de ingresos medios y altos27. En su mayoría mujeres, estas trabajadoras suelen realizar múltiples actividades, incluyendo no sólo tareas de limpieza y mantenimiento del hogar, sino también la atención de los hijos e hijas menores en los horarios extra-escolares. Esto último es particularmente frecuente, aunque no exclusivo, en los hogares con hijos e hijas, donde ambos cónyuges se encuentran ocupados en el mercado de empleo.

El trabajo doméstico remunerado es una de las principales fuentes de ocupación de la fuerza de trabajo femenina. Ha representado históricamente casi un cuarto de la PEA femenina. Es uno de los ejemplos iniciales de cómo el ingreso de las mujeres a la actividad se produjo reproduciendo la división sexual del trabajo de la esfera doméstica. Las mujeres “salieron” al mercado a realizar los mismos trabajos que realizaban “dentro” de sus hogares. Esta sigue siendo la opción sobre todo para las mujeres de los sectores socio-económicos más bajos. Además, porque la manera en que se organiza el trabajo doméstico, con servicios por hora e intermitentes, les permite combinarlo mejor con sus propias responsabilidades de cuidado.

Una de las características más sobresalientes del trabajo doméstico remunerado en Argentina es su extremo nivel de precariedad. Según la información de la ECV (2001), más del 70% de las ocupadas en el servicio doméstico no recibía ningún tipo de beneficio de la seguridad social. Y apenas un 18% recibía aguinaldo, a pesar de trabajar en condiciones de no registración. Adicionalmente, las propias características de la relación de trabajo que mayormente se establece entre las ocupadas del servicio doméstico y los hogares que las emplean lo transforman en una actividad lindante con la servidumbre medieval.

El cuidado de los adultos mayores tampoco ha sido históricamente un componente importante dentro de la provisión pública de servicios sociales. La oferta de hogares de ancianos y centros de día desde este sector es escasa, y la oferta privada sólo accesible para sectores de ingresos medios-altos. Adicionalmente, existe una consideración cultural arraigada que considera que el doméstico es el mejor ámbito para la permanencia de los adultos mayores. Así lo establecen los propios documentos oficiales: “La posibilidad de que los adultos mayores que padecen diferentes grados y limitaciones de su capacidad funcional permanezcan insertos en el seno de sus hogares familiares y en la comunidad es, sin lugar a dudas, la situación más deseable.” (Vasallo y Sellanes, 2000: 38).

Así, cobra relevancia la prestación a domicilio de servicios de cuidado a la tercera edad, que viene a complementar el trabajo de cuidado de las personas mayores que es asumido mayoritariamente a través del trabajo no remunerado ejercido por las mujeres en los hogares. De hecho, según releva la ECV 2001, sólo el 7,6% de las personas mayores de 65 años declara haber recibido algún tipo de ayuda asistencial de personas diferentes a su entorno familiar.



27    No existe información disponible sobre la cantidad y características de hogares que contratan servicio doméstico. Una aproximación la brinda la información de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (1996/97) que revela que el promedio de los hogares destina el 2,5% del total de su gasto a contratar servicios para el hogar. Sin embargo este promedio oculta una razonable disparidad por nivel socio-económico. Mientras los hogares que se ubican en el primer decil de la escala distributiva destinan 0,1% de sus gastos a contratar estos servicios, esta magnitud asciende a casi 6% en el caso de los hogares del décimo decil.
Nuevamente, no existe información sistemática disponible sobre las particularidades de estos servicios en Argentina. La escasa evidencia demuestra que existe diversidad de arreglos que van desde la contratación de personal de acompañamiento, generalmente en condiciones similares a las del servicio doméstico del hogar, hasta la contratación de servicios a empresas especializadas, con personal con calificaciones específicas, según las necesidades de cuidado requeridas.

Respecto al cuidado de las personas enfermas, dos aspectos merecen señalarse. En primer lugar, el carácter altamente genérico de la oferta pública y privada de estos servicios. En segundo lugar, que el proceso de retracción del estado de bienestar y el deterioro de la atención pública de la salud, han profundizado el hecho que la mayor parte de estos cuidados recae en el ámbito doméstico, con características similares a las señaladas para el caso del cuidado de las personas mayores.

En la prestación pública de los servicios de salud se verifica: i) el predominio de mujeres en la dotación de fuerza de trabajo, con evidencias de segregación vertical y horizontal, conjuntamente con un proceso de mayor incorporación de varones en tareas técnicas o de baja calificación; ii) un fuerte proceso de terciarización de los servicios auxiliares; iii) un intenso proceso de flexibilización laboral, con multiplicidad de arreglos contractuales y diversas formas de precariedad; iv) un proceso de deterioro de la salud de los trabajadores del sector, a causa de las malas condiciones laborales; v) escasas expectativas de desarrollo de carrera por parte de los trabajadores de la salud (Pautassi, 2001; Burijovich y Pautassi, 2005).

Además, como ya se mencionó en la sección anterior, los servicios públicos de atención de la salud, y hasta cierta extensión los privados, se están articulando de manera creciente con el trabajo no remunerado de los familiares (básicamente las mujeres) de los pacientes. En relación con la hospitalización, las instituciones han comenzado a implementar dos prácticas en este sentido: i) incentivar la mayor permanencia de familiares en el hospital, así como su participación en algunos cuidados del paciente hospitalizado; y ii) ampliar la práctica del alta precoz. De esta manera, el tiempo de las mujeres no sólo no es liberado, sino que se dispone de él como un ingrediente central para la implementación de las políticas sanitarias28.


III.    Economía del Cuidado y Política Económica: principales articulaciones

Desde las distintas visiones comentadas en la sección anterior, queda en evidencia la centralidad del trabajo doméstico y la economía del cuidado en el funcionamiento del sistema de producción capitalista. Por lo mismo, la configuración de la economía del cuidado determina a, y es determinada por, las políticas económicas implementadas.

Por ejemplo, si la mayor parte de las actividades necesarias para la reproducción de la fuerza de trabajo se resuelven con trabajo no remunerado al interior de los hogares, este espacio puede resultar sensible a políticas que afecten el tiempo que los miembros del hogar dedican al trabajo dentro y fuera del hogar. Por caso, una política económica que promueva la baja en las remuneraciones al trabajo puede traducirse en la necesidad por parte de los hogares de incorporar mayor cantidad de miembros al empleo (los habitualmente llamados trabajadores secundarios). A su tiempo, esto puede implicar una presión sobre el tiempo e intensidad del trabajo de quienes permanecen a cargo de las actividades no remuneradas de cuidado.

En el mismo sentido, cuando la situación es como la descripta en el ejemplo (la economía del cuidado se resuelve fundamentalmente con trabajo no remunerado en los hogares), el gobierno puede sentirse con mayores grados de libertad para utilizar partidas del gasto público en fines diferentes a los servicios sociales, en la medida que las mismas no afectarán, en principio y directamente, el flujo de cuidado necesario para contar con la fuerza de trabajo requerida.

Por supuesto, estos efectos e interrelaciones no son ni tan lineales ni tan simples en el mundo real. Por lo mismo, un análisis profundo de estas inter-relaciones puede permitir, por un lado,

28    Ver Provoste Fernández (2003) que aborda esta temática para el caso de Chile.
prever el impacto que sobre la economía del cuidado, el bienestar de las personas y la equidad de género pueden tener determinadas decisiones de política. Y por otro lado, mejorar su diseño, en la medida que incorpora variables que juegan un rol importante en el funcionamiento del sistema económico, y pueden afectar el rendimiento real de las políticas adoptadas.

Elson y Cagatay (2000), en un trabajo ya clásico en el estudio de macroeconomía y género, han señalado tres sesgos presentes en los diseños de políticas macroeconómicas que afectan de manera particularmente negativa a la equidad de género. El primero es el llamado sesgo recesivo29, que refiere a la pérdida de capacidad de los gobiernos nacionales para afrontar efectivamente procesos económicos recesivos, debido al tipo de políticas macroeconómicas que se ven obligados a adoptar con el fin de atraer y retener capitales. Es decir, los gobiernos se ven compelidos a aplicar políticas  económicas ortodoxas que garanticen la estabilidad  macro
requerida por los flujos de capitales internacionales en su ambiente de negocios. De esta manera, cualquier acción anti-cíclica, que implique expansión del gasto, regulación de los mercados o control a la libre movilidad de capitales es rechazada.

De esta manera, los gobiernos no cuentan con herramientas para enfrentar los ciclos económicos negativos, que se prolongan y producen consecuencias sociales cada vez más profundas. El impacto de esta restricción es mayor en las mujeres porque son más vulnerables a la pérdida de empleos formales, están sobre-representadas en el empleo informal y asumen la mayor responsabilidad en la tarea de amortiguar los efectos negativos de la recesión en el hogar.

El segundo es el sesgo del proveedor masculino. El mismo señala que las políticas de pleno empleo que adoptan los gobiernos se basan en el supuesto que la esfera no mercantil de la reproducción social se articula con la economía de mercado de la producción de bienes a través de los salarios que perciben los proveedores masculinos y que en gran parte satisfacen las necesidades de dinero efectivo de las personas dependientes. Así, la titularidad de derechos a beneficios sociales se construye en base a la participación de las personas en el mercado laboral, excluyendo de manera relativamente mayor a las mujeres, que se insertan de manera precaria o dependen del proveedor masculino.

Los enfoques de política macroeconómica que confían sólo o principalmente en el pleno empleo para alcanzar los objetivos sociales como la distribución equitativa de los ingresos y la eliminación de la pobreza padecen del sesgo del proveedor masculino. Para revertirlo, las políticas de pleno empleo deberían ser complementadas con beneficios sociales para las personas en el sector informal, como así también, para quienes realizan tareas de cuidado no remuneradas, reconociéndolas así como personas con derechos propios.

El tercer sesgo es el de mercantilización, que señala que los antiguos beneficios sociales que distribuía el Estado de Bienestar se están reemplazando por prestaciones sociales individualizadas y de mercado destinadas a aquellas personas que pueden adquirirlas. Esto significa un retorno al ámbito doméstico de algunas responsabilidades de reproducción social que habían sido asumidas colectivamente. Para quienes no pueden con sus propios medios acceder a estas prestaciones sociales, quedan como alternativa la pobreza y la sobrecarga de trabajo. Esto ocurre, como ya se mencionó, cuando la política macroeconómica prioriza no solamente el equilibrio fiscal, sino la directa reducción de los gastos y los tributos.

Estos sesgos son ejemplos de articulaciones entre la macroeconomía y la economía del cuidado. En lo que sigue, se intenta profundizar en estos vínculos a nivel de áreas específicas de la política económica.


    Economía del cuidado y contabilidad nacional

Uno de los primeros elementos que vinculan al cuidado con la economía es el propio producto del trabajo de cuidado, que como ya ha sido extensamente mencionado, tiene un valor económico no reconocido, principalmente porque es realizado en su mayor parte sin remunerar

29    Elson y Cagatay (2000) hablan específicamente de “deflacionary bias”.
en el ámbito doméstico. De esta forma, existe una sub-valuación del producto económico, en la medida que no se incorpora en su estimación el valor de esta trabajo.

Este vínculo constituye uno de los espacios donde ha habido ya un aporte importante desde la academia y los ámbitos de política. Este aporte ha sido principalmente metodológico, y ha consistido en propuestas para la incorporación de la valorización del trabajo de cuidado doméstico no remunerado a la contabilidad nacional. Dimensionar el valor del trabajo no remunerado bajo las líneas metodológicas del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) es el camino para hacer visible su magnitud y relevancia y con ello incorporar el tema al análisis macroeconómico y a la toma de decisiones del gobierno y de la sociedad (Gómez Luna, 2003). “Añadir el trabajo doméstico a los agregados nacionales no significa aumentar la producción. Supone revelar la cantidad de trabajo oculto incorporado en la producción que permanece encubierto.” (Picchio, 1999: 218)30

La estrategia para incorporar el trabajo doméstico no remunerado en el SCN es la construcción de Extensiones o Cuentas Satélites de los Hogares. “Una cuenta satélite sectorial reúne y reorganiza toda la información de las cuentas nacionales para identificar y cuantificar específicamente los hechos económicos de un sector económico y  así analizar y diseñar políticas con un instrumental más fino.” (Gómez Luna, 2003: 175)31.

La incorporación del trabajo no remunerado al “lenguaje” de las cuentas nacionales implica elegir un método para expresarlo en unidades monetarias. El método sugerido es el de costos de los insumos, que en el caso del trabajo no remunerado implica imputar un determinado salario. La referencia suele ser alguna medida de salario de mercado. Aquí aparecen tres criterios posibles: i) el método de sustitución global, que considera como referencia el salario promedio de todo tipo de actividad doméstica; ii) el método de sustitución especializada, que considera como referencia el salario de la actividad doméstica específica; iii) el costo de oportunidad, que considera como referencia el salario que la persona que realiza la actividad doméstica podría recibir si se insertara en el mercado laboral. En este último caso, la referencia es el salario de una persona ocupada de similares características (principalmente, en términos de edad, sexo y registros educativos)32. (Benería, 2003a)

Cada uno de estos métodos tiene sus ventajas y desventajas. En particular, se afirma que el método de sustitución global suele implicar subestimación, dados los bajos salarios que se le pagan a los/las trabajadores/as domésticos. En cambio, el método de sustitución especializada puede producir el efecto contrario, en caso que se requieran calificaciones especialmente bien remuneradas. A su vez, el método del costo de oportunidad puede producir resultados tan absurdos como que la comida preparada por una médica tenga mucho mayor valor que aquella preparada por una mujer con estudios primarios incompletos, aun cuando esta última sea mucho mejor cocinera.

Dado el método de valoración elegido, luego se aplica a la unidad de trabajo no remunerado este valor (salario) de referencia. La unidad está determinada en tiempo de trabajo, aplicable a las actividades de trabajo remunerado y no remunerado. Aquí entran a jugar un papel muy importante las encuestas de uso del tiempo, que constituyen la fuente fundamental de información para este ejercicio de imputación.

Las encuestas de uso del tiempo son relevamientos a hogares, que permiten identificar el tiempo dedicado por cada miembro del hogar a las diferentes actividades que realiza. Su realización es,


30    Esta estrategia asume que vale la pena correr el riesgo de homologar el trabajo de cuidado no remunerado al trabajo mercantil, para poder poner el tema en la agenda de discusión. No son pocas las voces que discuten con esta perspectiva, considerando que este es un límite que luego resulta muy difícil superar.
31    Un impulso importante a esta línea de trabajo lo dio el Informe de Desarrollo Humano del PNUD en su edición de 1995, destinado a “La revolución hacia la igualdad en la condición de los sexos”.
32    En el caso mexicano reseñado por Gómez Luna (2003) se realizaron dos ejercicios. Uno considerando el salario
(incluyendo el pago  monetario y en especie, los impuestos y las contribuciones a  la seguridad social) de las actividades similares a las del trabajo doméstico no remunerado, y otra considerando el salario promedio de personas
de características similares (particularmente sexo y nivel educativo) de las personas que realizan el trabajo no
remunerado.
aunque creciente, aún limitada a nivel internacional. “Es claro que su potencial analítico es muy grande pues cubre un espectro que alcanza lo económico y lo social, puede responder a muchas de las actuales demandas de información relacionadas con la organización del hogar y su dinámica, y también a aquellos aspectos relacionados con la producción de bienes y servicios que se producen en el hogar y con la medición del trabajo en unidades de tiempo para su valoración. La misma contabilidad nacional puede encontrar en esta información una fuente adecuada para mejorar los registros de las actividades económicas del sector hogares.” (Gómez Luna, 2003: 182).

Como se mencionó, este tipo de metodologías de valoración del trabajo de cuidado no remunerado (tanto doméstico como voluntario) implica una equiparación entre el tiempo de trabajo dedicado a este tipo de actividades y el tiempo de trabajo dedicado a actividades mercantiles. Sin embargo, cabe preguntarse: Puede hacerse esta equiparación cuando estas actividades se dan en  condiciones y bajo normas  muy diferentes? Pueden asimilarse  los conceptos y medidas de productividad en cada caso? Pueden evaluarse con parámetros similares los productos obtenidos en el espacio mercantil y en el doméstico? Esta es una de las áreas donde se requiere mayor investigación y mayor esfuerzo creativo. En este sentido, la complementación de los estudios cuantitativos realizados con las encuestas de uso del tiempo, con investigaciones más cualitativas sobre las características y calidad de dicho tiempo puede ser una buena estrategia.


    Economía del cuidado y política fiscal y monetaria

La política fiscal atañe tanto a la política de gasto como a la política de ingresos públicos y las metas de déficit fiscal que se imponen los gobiernos. Aquí pueden  identificarse algunos vínculos más directos y otros más indirectos con la economía del cuidado.

En primer lugar, de la política de gasto público depende la provisión pública de servicios de cuidado. Involucra tanto la magnitud del presupuesto destinado a estos servicios (educación, salud, cuidado de niños y personas mayores) como la calidad de los servicios que se ofrecen.

Cuanto mayor es la disposición del gobierno a gastar en estos servicios, menor resulta la exigencia sobre el tiempo de cuidado no remunerado de los miembros (mujeres) de los hogares. Es decir, estudiar la magnitud y composición del gasto público en servicios sociales de cuidado, contrastándolo con la demanda potencial de estos servicios, permite dar cuenta de la magnitud de trabajo de cuidado no remunerado requerido.

La presión sobre el tiempo de las mujeres para hacerse cargo del cuidado no se ejerce solamente cuando el gasto público en servicios sociales de cuidado es reducido, sino también cuando este gasto se realiza ineficientemente. La burocracia en la atención, la localización inconveniente de los servicios, el exceso de requisitos para el acceso, son todos elementos que implican el supuesto de la flexibilidad y elasticidad del tiempo de las mujeres para poder llevar en cualquier momento a sus hijos e hijas al servicio médico, asistir a citas escolares, etc. (Batthyany, 2004).

En segundo lugar, la provisión de servicios públicos de cuidado también está determinada por la política de empleo público, elemento central de la política de gasto público en servicios sociales. En la medida que el nivel de gasto sirva para garantizar buenas condiciones laborales, estabilidad en el empleo, posibilidades de capacitación, expectativas de carrera y sostenidos niveles de remuneración, se garantizará buena parte de la calidad de los servicios prestados. Como ya fue mencionado a lo largo de este trabajo, esto resulta especialmente importante en el caso de los servicios de cuidado, por el tipo de relación interpersonal que se establece entre prestador y receptor del cuidado.

En tercer lugar, otro aspecto a observar refiere al empleo no remunerado que se utiliza en la provisión pública de servicios de cuidado. Esta es una dimensión que se ha enfatizado en el estudio de programas sociales en los países latinoamericanos, porque se ha detectado que los mismos se apoyan en gran medida en la participación “voluntaria” y no remunerada de personas (mayoritariamente mujeres) que se transforman en vínculos y efectores a los niveles local y
comunitario. Esta dimensión se ha consolidado al amparo el paradigma de la focalización y la intermediación de la sociedad civil en la prestación de servicios sociales. Si bien el involucramiento de la sociedad en el diseño, implementación y monitoreo de programas sociales es positivo, deben observarse estas derivaciones.

En el mismo sentido puede pensarse en la utilización que se hace de programas de transferencias monetarias, que requieren una contraprestación del tipo laboral como requisito de acceso. En algunos casos, a cambio de los modestos beneficios que se transfieren se utiliza la fuerza de trabajo de los beneficiarios y beneficiarias para prestar servicios de cuidado, muchas veces en instituciones públicas (realización de la contraprestación en escuelas u hospitales públicos), o en pequeños proyectos comunitarios. Nuevamente, hay que observar estas experiencias para que no se transformen en sustitutos de muy bajo costo, de los inexistentes o escasos servicios de cuidado público33.

En cuarto lugar, puede mencionarse el impacto que puede tener la utilización de gastos tributarios, como una manera de promover la provisión privada de servicios de cuidado. Sería el caso, por ejemplo, de políticas de desgravaciones impositivas a empresas a cambio de la provisión gratuita de servicios de cuidado a los hijos e hijas de sus trabajadores y trabajadoras en sus lugares de trabajo.

En quinto y último lugar, puede identificarse un vínculo más o menos directo entre la política tributaria y la economía del cuidado. Esta refiere al impacto que la estructura tributaria puede tener sobre el precio de los servicios de cuidado provistos mercantilmente. Es decir, una sistema impositivo que base su recaudación fuertemente sobre impuestos al consumo, sin discriminación por tipo de consumo, puede encarecer el acceso a bienes y servicios esenciales el cuidado. La política tributaria también puede manejarse en un sentido que estimule la provisión mercantil de estos servicios, en niveles accesibles para una mayor proporción de la población.

Uno de los instrumentos con los que desde hace un tiempo se intenta estudiar el vínculo entre política de gasto público y equidad de género, es la propuesta de análisis de los presupuestos públicos con perspectiva de género (gender budgets). En el marco analítico propuesto en estos trabajos se enfatiza que una dimensión clave del impacto del presupuesto en la equidad de género, es el que se produce sobre la cantidad de trabajo doméstico no remunerado que debe realizarse. Resulta esencial considerar esto dentro del contexto de la reducción del gasto y de las reformas. (Elson, 2003)

La meta principal de las iniciativas de presupuestos sensibles al género es analizar cualquier forma de gasto público o mecanismo de financiamiento público, identificando las consecuencias e impactos diferenciales para hombres y mujeres. La pregunta central que esta metodología intenta responder es: una determinada medida fiscal, reduce, incrementa o deja sin cambios la (in)equidad de género? Enfocado específicamente a la cuestión de la economía del cuidado, esta pregunta puede adaptarse del siguiente modo: una determinada medida fiscal, reduce, incrementa o deja sin cambios las alternativas posibles de organización de las actividades de cuidado? Una determinada medida fiscal, produce algún cambio en la manera en que estas actividades se distribuyen entre los miembros del hogar? Una determinada medida fiscal, mejora o empeora la situación de hogares de distintos estratos socio-económicos respecto a su organización del cuidado? Un determinada medida fiscal, aumenta o disminuye la presión sobre el tiempo de trabajo no remunerado destinado al cuidado? Un determinada medida fiscal, aumenta o disminuye la accesibilidad de los hogares a los servicios de cuidado provistos mercantilmente?

La manera de operacionalizar estos análisis del  presupuesto y gasto público, consiste en considerar un determinado ministerio o programa y evaluar con una lente de género sus características en términos de insumos, actividades, resultados e impactos planificados y realizados. Es decir, el análisis comprende tanto los valores implícitos en el diseño de los



33  Alguna evidencia en este sentido se recoge de la experiencia del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados en Argentina. Al respecto puede consultarse Pautassi (2003).
programas como los impactos concretos alcanzados. Para esta evaluación se construyen indicadores específicos que incluyen la dimensión de equidad de género. Algunos de ellos recogen específicamente la dimensión del cuidado.

Finalmente, existe un conjunto de efectos indirectos que la política fiscal puede tener sobre la economía del cuidado. Uno de ellos refiere al impacto distributivo de la política fiscal. Y aquí hay dos premisas: i) las posibilidad de acceso a servicios de cuidado es diferencial por estratos socio-económicos; y ii) la política fiscal es un instrumento útil para redistribuir ingresos entre la población (ya sea a través de la direccionalidad del gasto, o a través de una tributación progresiva). La conclusión es simple, ante la ausencia de una política de cuidado que garantice la provisión de servicios sociales mínimos a la población que no puede adquirirlos en el mercado, cualquier política redistributiva que implique mejorar el nivel de ingreso de la población de menores recursos, también implicará un aumento en sus posiblidades de acceso a servicios de cuidado mercantiles.

Finalmente, existe un último vínculo indirecto que relaciona la política fiscal, con el nivel de actividad de la economía, su impacto en el mercado de empleo, y a su tiempo, en las posibilidades de una mejor inserción laboral de las personas. Es decir, una política fiscal destinada mayormente a promover o sostener el crecimiento económico, y no tanto a conservar la disciplina fiscal, representa un medio ambiente favorable a una mejor estructuración del mercado de empleo. Con mayores oportunidades para una inserción plena en el mercado de empleo, también se potencian las posibilidades de obtención de mayores ingresos y por lo tanto, aumentan las alternativas de elección respecto a cómo resolver las responsabilidades de cuidado.

Claro que este hecho puede derivar, en un sentido positivo, en la posibilidad de acceso a servicios de cuidado mercantilizados, y/o a una mejor distribución de la carga de trabajo doméstico entre los miembros del hogar. O puede resultar, en un sentido negativo, en la doble jornada femenina (pensando en este caso, que las mujeres son quienes en mayor medida asumen las responsabilidades domésticas, y que se insertarían en el mercado de empleo si las condiciones mejoraran). El resultado final dependerá, en definitiva, de un conjunto de factores, entre ellos, una participación activa desde la política pública que promueva la transformación de los patrones genéricos tradicionales de la economía del cuidado.

Respecto de la política monetaria, los vínculos que se establecen son básicamente indirectos. Por un lado, cuentan los propios objetivos de esta política, y los impactos que los mismos pueden tener sobre el nivel de actividad y las posibilidades de ejercer política fiscal. En las instituciones monetarias de la región parece haberse consolidado el objetivo de las metas de inflación como paradigma de política monetaria. Esto implica, que la estabilidad de precios se presenta como un objetivo prioritario sobre otros, como alguna posible meta de empleo o de nivel de ingresos de la población. Este hecho puede significar una restricción importante para la economía del cuidado, en el mismo sentido que se señalaba para la política fiscal. En cambio, una política monetaria con otros objetivos y un patrón más expansivo, puede beneficiar la expansión del gasto público en servicios sociales y el crecimiento general del nivel de actividad, con las mencionadas consecuencias en términos de opciones de inserción en el empleo, mejora en el nivel de ingresos, acceso a servicios de cuidado mercantiles, etc.

Por otro lado, puede señalarse el impacto también indirecto que la política monetaria puede tener vía determinación de la tasa de interés, sobre la posibilidad de acceder a créditos que permitan la adquisición de un mejor equipamiento del hogar, o la construcción o refacción de viviendas. Como ya fue señalado, un mejor hábitat físico favorece la organización del cuidado y disminuye la presión sobre el trabajo no remunerado de las mujeres (por caso, la posibilidad de contar con agua corriente en la vivienda, mejores materiales en la construcción, ambientes no hacinados, electrodomésticos para la realización de tareas de limpieza, etc.)
    Economía del cuidado y política comercial

Los avances del paradigma del libre comercio como eje de la política comercial de los países de la región ha implicado un  proceso acelerado  de apertura comercial, y de  acuerdos bi- y multilaterales de comercio. El impacto de estas políticas sobre las economías y las poblaciones nacionales ha sido extensamente señalado.34 En lo vinculado específicamente con el impacto de estos procesos sobre la economía del cuidado puede señalarse lo siguiente.

En primer lugar, el impacto que se produce vía costos y estándares laborales. Como consecuencia de la presión que ejerce la apertura comercial externa se ha planteado una necesidad imperiosa de aplicar medidas tendientes a mejorar la competitividad de la producción local. Uno de los aspectos de este proceso fue la reducción de múltiples elementos vinculados al costo laboral. Entre aquellos más vinculados a la economía del cuidado pueden mencionarse: i) la reducción de las contribuciones a la seguridad social, lo que a su tiempo desfinancia los servicios públicos de cuidado, afectando su cobertura y calidad; ii) la reducción o eliminación de los sistemas de provisión de servicios de cuidado a nivel de establecimiento productivo; iii) el deterioro en la calidad general del empleo y el nivel de las remuneraciones, con el consecuente impacto en las estrategias de sobrevivencia de los hogares y particularmente en los tiempos de trabajo no remunerado.

En segundo lugar, el impacto que se produce vía promoción del empleo femenino en sectores exportadores. En numerosos países de la región, especialmente aquellos que han asumido el patrón productivo de la maquila, la incorporación de mano de obra femenina a estos sectores ha sido sumamente importante. Por más precarias que sean las condiciones de trabajo de estas mujeres y por más bajos que sean sus salarios, los mismos representan un costo de oportunidad que las tareas de cuidado que ellas realizaban al interior de los hogares, ahora deben pagar. Nuevamente, las estrategias elegidas parecen conciliar la participación en el mercado laboral y las responsabilidad de cuidado, parece ser la transferencia de las mismas a otras mujeres del hogar (abuelas e hijas adolescentes), la extensión de la doble jornada y el deterioro de la calidad de vida de las mujeres.

En tercer lugar, la economía del cuidado puede verse afectada por el proceso de liberalización del comercio de servicios, en el marco de los acuerdos en la Organización Mundial de Comercio. En relación con los servicios de cuidado, es importante el avance en relación con los servicios de salud y educación. Este proceso pareciera tener impactos significativos en términos de: i) las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores de estos servicios; ii) el impacto de la liberalización sobre la oferta de los mismos, y por ende sobre el acceso de los hogares a su consumo; iii) el impacto general sobre las relaciones y la equidad de género35.

En cuarto lugar, la liberalización comercial y fundamentalmente financiera han incrementado el nivel de vulnerabilidad de las economías locales, a la vez que acortado los límites para la acción de los gobiernos. Así, los países de la región se han visto sometidos a oscilaciones frecuentes en el ciclo económico, lo que conlleva incertidumbre a los procesos de inversión y la recurrencia de procesos de recesión económica. Esto tiene impactos directos e indirectos sobre la economía del cuidado, muchos de los cuales ya han sido señalados. Entre los directos pueden mencionarse los recortes presupuestarios en los servicios sociales, la introducción de tasas en servicios públicos previamente gratuitos de salud y educación, la reducción o eliminación de los subsidios a la provisión de ciertos servicios o bienes, etc. Nuevamente, la evidencia demuestra la flexibilidad y capacidad de adaptación de las mujeres en situaciones de crisis, mediante la adaptación de sus tiempos de trabajo (remunerados y no remunerados) a las demandas existentes. Los vínculos indirectos refieren al impacto de la apertura comercial y financiera sobre los niveles de empleo y los ingresos de la población, como mecanismos de acceso a diversos servicios de cuidado.



34    En particular, sus impactos desde una perspectiva de género. En este sentido ha sido valioso el aporte de la Red Internacional de Género y Comercio. Para su capítulo latinoamericano, ver www.generoycomercio.org.
35    Salvador (2003) presenta una contribución en este sentido, focalizada en la liberalización de los servicios de salud.
Finalmente, cabe mencionarse el desarrollo de cadenas globales de cuidado, como otro resultado no específicamente de la liberalización comercial y financiera, pero sí de la tendencia general a la movilidad de todo tipo de flujos, entre ellos de personas. El concepto de cadena global de cuidado refiere a una serie de vínculos entre personas a lo largo del planeta basados en el trabajo remunerado y no remunerado de cuidado. En particular, refiere al impacto de las migraciones de trabajadores y trabajadoras desde los países pobres, hacia los ricos, en donde se emplean en actividades domésticas remuneradas. Y cómo a su vez, transfieren sus propias responsabilidades de cuidado a otras personas (principalmente mujeres) del hogar (Durano, 2005). Las implicancias de estos procesos son múltiples e involucran entre otros aspectos: i) las condiciones de trabajo de las trabajadoras migrantes; ii) la precariedad económica y afectiva de sus relaciones familiares; iii) la importancia de las remesas enviadas por estas trabajadoras en las economías de sus países de origen.


    Economía del cuidado, regulaciones del mercado de empleo y protección social

El vínculo entre el espacio del mercado de empleo, los sistemas de protección social y la economía del cuidado ya ha sido de alguna manera señalado en la propia discusión conceptual desarrollada en secciones anteriores de este trabajo. A modo de síntesis pueden señalarse los siguientes puntos.

En primer lugar, las condiciones en el mercado de empleo, fuertemente caracterizadas en términos de género, son determinantes a la hora de decidir la organización del trabajo de cuidado en los hogares. Y aquí la relación parece darse en forma circular. La división tradicional de roles en la atención de las responsabilidades domésticas constituyen todavía una importante restricción para la incorporación plena de las mujeres en el mercado laboral. Simultáneamente, la persistente segregación de las mujeres en el mercado de empleo, con sus conocidas consecuencias en términos de malas condiciones de trabajo y pobres remuneraciones, resultan un incentivo para la permanencia de las mujeres en el hogar. Si bien, como ya se ha comentado y extensiva literatura lo demuestra, ha habido cambios en esta caracterización extrema, la división sexual tradicional del  trabajo continúa siendo la configuración predominante.

En segundo lugar, las herramientas de regulación del mundo del empleo han ido adoptando los criterios del principio de igualdad entre hombres y mujeres. Este proceso ha tenido un impulso adicional a partir de la firma del Protocolo de la Cedaw, con el desarrollo de normas tendientes a superar la discriminación de género y hacer efectivo el principio de igualdad (Pautassi et. al., 2004). Sin embargo, este proceso convive con políticas de ajuste, reformas estructurales y una renovada presión hacia la flexibilidad laboral. De esta manera, en el ámbito del Derecho del Trabajo, se perpetúa una separación entre lo público y lo privado, y aquello que es mayormente reglamentado para las mujeres se relaciona con su responsabilidad en el mundo privado y no logra incorporar la idea del continuum productivo-reproductivo como eje de los mecanismos para eliminar las discriminaciones en el mundo de lo público.

Esta tensión se percibe también en las propias políticas de conciliación de la vida familiar y laboral, ya que las mismas son pensadas como políticas para las mujeres y no para los hogares. Es decir, se presume que las mujeres son las responsables del cuidado y que las normas que regulan el mercado de empleo deben ayudarlas a conciliar estas dos esferas. Mucho menos se ha avanzado en regulaciones que tiendan a equilibrar el reparto de trabajo remunerado y no remunerado entre mujeres y varones.

Asimismo, las normas que regulan el mercado de empleo, aún con las limitaciones mencionadas tienen una cobertura limitada a la población ocupada en el sector formal de la economía, o para decirlo más precisamente, a la población asalariada registrada. Este es otro elemento a tener en cuenta, en el sentido del diferente impacto que medidas de política en estas áreas tendrá para distintos sectores de la población.
Muy asociado a las regulaciones del mercado de empleo se encuentra el sistema de protección social, que es fuente en algunos casos de provisión de servicios públicos de cuidado. Y esta estrecha vinculación se debe a que, como ya fue mencionado a lo largo del trabajo, las redes de protección social de la región, cuando existieron, se construyeron en base a las redes de seguridad laboral. Por lo tanto, el proceso de flexibilidad laboral mencionado, también afecta la posibilidad de acceso a los servicios de cuidado que dependen de esta red de protección social. Este es entonces, otro importante vínculo a tener en cuenta entre políticas para el mercado de empleo y economía del cuidado. La tensión entre flexibilidad y protección tiene que estar en el centro de las preocupaciones a la hora de pensar alternativas para articular el cuidado y los sistemas de seguridad social.

En síntesis, los vínculos entre la economía del cuidado y la política económica son múltiples y complejos. Algunos resultan más evidentes y otros se encuentran intermediados por otras instituciones. Lo que queda claro es que la organización del cuidado es un elemento central al propio régimen de acumulación, y que por lo mismo su inclusión resulta imprescindible en todo análisis de política. También resulta evidente que la exploración en este campo es aún reciente y mucho es lo que queda por investigar. Se requiere de esfuerzo creativo, no sólo para la comprensión de un diagnóstico complejo, sino fundamentalmente para la imaginación de políticas que contribuyan efectivamente a reconfigurar la economía del cuidado en un sentido más equitativo.


V. Lineamientos de investigación y política relativos a la Economía del Cuidado

A lo largo del trabajo se ha intentado presentar la discusión sobre la economía del cuidado y su vinculación con la política económica, enfatizando en la relevancia de abordar esta problemática como parte de las discusión de nuevos esquemas de políticas públicas que promuevan una mayor equidad social y de género.

Es nuestro convencimiento que es preciso instalar el tema de la economía del cuidado en la agenda de discusión de política, como alguna vez lo hizo el movimiento de mujeres respecto a las cuestiones de violencia hacia las mujeres, salud reproductiva o segregación en el mercado laboral. El horizonte debiera ser la construcción de un concepto de ciudadanía que reconozca la importancia de los cuidados y las responsabilidades domésticas para la sociedad.

El momento actual, en el que se percibe cierto debilitamiento de la tradicional familia patriarcal debe ser acompañado por políticas públicas. No se trata de actuar para “salvar a la familia”, sino de contribuir a su re-configuración en términos de mayor equidad de género. La discusión sobre los roles de varones y mujeres al interior de los hogares, y de estos en relación con el Estado y los mercados es esencial en este proceso.

La situación actual también resulta muy propicia ante el aparente debilitamiento del paradigma económico más  ortodoxo  y el  evidente  fracaso  de sus recetas en  términos de desarrollo económico y social. Por lo mismo, el debate sobre cuál es el modelo de desarrollo para la región parece estar nuevamente abierto, y es una oportunidad para introducir la centralidad de esta temática.

A partir de las principales conclusiones que se extraen de este trabajo, las siguientes son las líneas que se proponen para seguir investigando y para comenzar a actuar en términos de política pública.

Valoración del trabajo de cuidado no remunerado:

Como se señaló a lo largo del trabajo, una estrategia para lograr el reconocimiento del trabajo de cuidado no remunerado que realizan mayormente las mujeres al interior del hogar es la realización de ejercicios de estimación de su contribución al producto económico, o bien del coste oculto que representa en el propio proceso de producción. En este sentido, los aportes existentes avanzan en función de otorgarle a este trabajo un valor con referencia en parámetros mercantiles.   Resulta   necesario   entonces   explorar   formas   alternativas   de   valuación,
profundizando la discusión sobre el parámetro más conveniente a considerar, atento a que el trabajo de cuidado involucra elementos que no tienen equivalente mercantil.

Adicionalmente, con el criterio estándar o con nuevos a determinar, se debería seguir avanzando en la estimación del valor del trabajo de cuidado no remunerado en los países de la región, no sólo el que se realiza en el ámbito doméstico, tal como han sido las experiencias hasta ahora, sino también el que se realiza en el ámbito comunitario y como parte de la participación de la población como efectores de programas sociales.

Integración de las distintas esferas de la economía del cuidado:

Los estudios existentes se han basado fundamentalmente en la observación del trabajo de cuidado no remunerado, o en la prestación de servicios públicos de cuidado, de manera aislada. Pocos han sido los avances en el estudio integrado de estas esferas, incluyendo también la de la provisión mercantil, por parte del sector privado. El entendimiento de estas interrelaciones resulta fundamental a los efectos de diseñar políticas que puedan aprovechar de mejor manera las sinergias que puedan producirse.

Para ello es necesario todavía mejorar la caracterización de la oferta de cuidado, incluyendo tanto la oferta pública institucional, como la provista por instituciones del tercer sector, programas sociales de diferentes niveles jurisdiccionales, mutuales, sindicatos, iglesias y empresas privadas.

Provisión de fuentes de información:

Este es un punto crucial para poder avanzar en el estudio y análisis de la problemática. Como quedó evidenciado a lo largo del trabajo, la información existente es muy escasa respecto de: i) distribución del tiempo de trabajo remunerado y no remunerado entre los miembros de los hogares; ii) provisión públicas de servicios de cuidado; iii) provisión privada de servicios de cuidado; iv) demanda potencial de servicios de cuidado.

La incorporación de módulos específicos en las encuestas a hogares, la promoción del relevamiento de encuestas de uso del tiempo, la sistematización de estadísticas de cobertura de servicios públicos y privados, deben comprenderse como una prioridad en la materia. Asimismo deben  maximizarse  los  esfuerzos  creativos  en  el  diseño  de  indicadores  y  esquemas
metodológicos funcionales a la investigación en la materia36.

Distribución intra-hogar de recursos y responsabilidades:

Además de la realización de encuestas de uso del tiempo, que permiten conocer la distribución del tiempo entre tareas y entre personas, resulta necesaria la realización de estudios de tipo más cualitativo que den cuentan de los procesos de toma de decisión intra-hogar y de la distribución de recursos, muchas veces determinante de la distribución de responsabilidades. Nuevamente, un mejor conocimiento de estos procesos permitirá mejorar el rendimiento de las políticas públicas.

Impactos diferenciales por grupos socio-económicos:

Resulta importante profundizar en el conocimiento de las diferencias al interior de los hogares y al interior de los varones y las mujeres que los conforman. Como se mencionó a lo largo del trabajo, la configuración de la economía del cuidado a nivel micro varía según la posición socio- económica de los hogares. Tener esto presente resulta importante, nuevamente, para mejorar el rendimiento de las políticas, y evitar efectos inesperados o contrarios a los pretendidos.

Modelización  macro-económica:

Incorporar la dimensión de la economía del cuidado a la modelización macroeconómica permitirá dotar a este instrumental, hoy central en la toma de decisiones de política, de un mayor valor explicativo, al reflejar mejor la realidad que pretende explicar. En este sentido, existen antecedentes de incorporación de la perspectiva de género en esta dimensión metodológica.

36    Al respecto ver Batthyany (2004, parte 2, cap. 1).
Cagatay et al (1995) resultó un punto de inflexión en este sentido. Ellas introdujeron por primera vez la cuestión de la necesidad de desarrollar modelos de análisis macroeconómico sensibles al género, como un paso imprescindible para lograr incorporar la visión de las mujeres en los procesos de políticas públicas.

Una de las variantes que está teniendo mayor difusión hoy es la de incorporar la dimensión de género en los modelos computables de equilibrio general (CGE). Los modelos CGE son herramientas muy útiles para el análisis integrado del impacto de determinadas acciones de políticas o shocks macroeconómicos. Su mayor potencialidad radica en la posibilidad de estudiar de manera integrada los efectos sobre distintos componentes y relaciones económicas. Sin embargo presentan limitaciones: requieren de muchos supuestos sobre el funcionamiento económico y el comportamiento de los agentes; su nivel de estilización le quita fuerza explicativa; muchas veces sus requerimientos de información no son atendibles por los datos disponibles, lo que amerita cierta manipulación de la existente y por lo tanto, la permanencia de “cajas negras” de información.

Justamente, el esfuerzo de las economistas que intentan incorporar la visión de género en este tipo de modelización, busca minimizar la existencia de estas “cajas negras”, haciendo explícitas las dimensiones de género de los procesos económicos. Los mecanismos de inclusión de esta perspectiva se basan en tres elementos: i) la desagregación de las variables intervinientes por sexo; ii) la desagregación específica del mercado laboral, para visibilizar aquellos sectores informales donde las mujeres tienen una mayor participación relativa; iii) la incorporación de un sector de reproducción social, consistente fundamentalmente en desagregar el tiempo de trabajo entre trabajo remunerado y trabajo no remunerado37.

Esta línea de trabajo es aún incipiente y todavía se requieren esfuerzos en particular para: i) desarrollar fuentes de información que permitan la incorporación más exacta de la dimensión de género a los modelos; ii) explorar alternativas de modelos estructuralistas, ya que la mayoría de los modelos CGE utilizados se basan en supuestos neoclásicos que violentan las nociones básicas de la perspectiva de género; iii) incorporar dinamismo a los modelos.

Marco conceptual para el diseño y evaluación de políticas:

Resulta imprescindible incorporar el marco conceptual de la economía del cuidado a todo el espectro de análisis de políticas económicas. Sólo en la medida que se contemplen los impactos que las políticas pueden tener sobre este espacio, a partir de las interrelaciones señaladas a lo largo de este trabajo, y de otras que se vayan detectando, sólo así se podrá comprender y potenciar el rendimiento de las mismas.

El advocacy del movimiento y la institucional de las mujeres han realizado ya una gran tarea en la transversalización de la perspectiva de género. Ahora se requiere que la misma incluya a la perspectiva de la economía del cuidado, con el objetivo central de de-construir su actual configuración para dotarla de mayor equidad de género.

En lo que refiere a las políticas económicas específicamente, así como existe ya el desarrollo de presupuestos públicos con perspectiva de género, deberían, no solamente ampliarse los mismos para un análisis más integrado de la política fiscal, sino también adaptarse como metodología para el análisis de los otros campos de la política económica.

Política pública de cuidado:

Lo que se requiere es el diseño de una política pública de cuidado, que no implique necesariamente que el Estado sea el proveedor de la totalidad de los servicios de cuidado requeridos para la reproducción social, sino que diseñe una integración entre distintos efectores de manera de garantizar una solución colectiva a la demanda de cuidado de la sociedad.

Esto implicará distintos mecanismos de reconocimiento del trabajo de cuidado no remunerado que se realiza al interior de los hogares, así como la provisión pública de servicios de cuidado o


37    Ver Fontana y Wood (2002) para una aproximación a modelos CGE con perspectiva de género.
el estímulo a la provisión privada. Es importante que el Estado arbitre mecanismos de redistribución del acceso a los servicios mercantiles de cuidado, para superar la fragmentación hoy existente en la oferta de los mismos.

Provisión pública de servicios de cuidado:

Es importante que el Estado recupere la iniciativa en la provisión de servicios de cuidado. Los procesos de reforma en los que aún están inmersos muchas instituciones sociales de países de la región deberían ir en el sentido no de “privatizar” el cuidado, sino de generar alternativas que aumenten los grados de libertad de las personas respecto a qué combinación de cuidado en el hogar y fuera del hogar quieren elegir.

La provisión pública de servicios de cuidado debería contemplar las diferentes necesidades de hogares de distintos estratos socio-económicos, y sin estigmatizar ofreciendo “servicios pobres para población pobre”, garantizar el adecuado acceso de la población más necesitada. En este sentido, la activa intervención estatal en la mejora de la infraestructura social (incluyendo transporte y vivienda) son un contexto necesario para mejorar las condiciones de cuidado.

Particularmente importante resulta la recuperación de la iniciativa en la provisión de servicios de cuidado para la tercera edad, atento a la enorme deficiencia que existe en este sentido, y al elevado costo que tiene la provisión privada de los mismos. Esta debe ser una prioridad en términos de política, también porque las poblaciones en la región se están acercando a los patrones de envejecimientos de otras regiones, y porque la crisis de los sistemas previsionales implicará una muy baja cobertura de la población pasiva en el futuro.

El aumento y la direccionalidad del gasto en la provisión de servicios sociales de cuidado debe ser una prioridad de la política fiscal de los gobiernos de la región. Asimismo, la provisión pública de servicios de cuidado debe integrarse en un sistema de protección social inclusivo, que no segmente ni discrimine, y logra coberturas lo más universales posibles.

Regulación de la provisión privada de servicios de cuidado:

Asimismo, el Estado debe recuperar el protagonismo en la regulación de la provisión privada de servicios de cuidado. No solamente estimulando con diversos mecanismos de política esta provisión, sino además controlando el correcto funcionamiento de la lógica mercantil en esta esfera.

Esto resulta particularmente importante, cuando los escasos mercados de servicios de cuidado que existen presentan características de fuerte concentración, y apego a prácticas oligopólicas. Debe entenderse que el cuidado de los niños y de personas mayores y enfermas son un servicio público, independientemente que sean provistos por efectores privados. En defensa del derecho al acceso a estos servicios de parte de toda la ciudadanía es que el Estado debe actuar con un activo rol regulador.

Regulaciones en el mercado de trabajo:

Se requiere dotar a las regulaciones existentes de una mayor equidad de género. Esto significa seguir avanzando y profundizar las acciones ya existentes en torno al logro del principio de igualdad entre varones y mujeres. Incorporar la perspectiva de la economía del cuidado tal como se la ha tratado a lo largo de este trabajo, permitirá reconocer que incluso políticas tendientes a proteger el espacio reproductivo adolecen de sesgos genéricos.

En materia específica de políticas en este ámbito, deberían promoverse:

•    Ampliar las licencias parentales de los varones, para permitirles asumir mayores responsabilidades en los primeros tiempos de crianza de los niños y niñas.

•    Revisar y profundizar la obligatoriedad de establecer guarderías en los establecimientos productivos, en función del número total de trabajadores y no solamente del número de mujeres.
•    Promover políticas de conciliación de trabajo y familia a nivel de los establecimientos productivos, pero no como políticas para las mujeres trabajadoras, sino para toda la población trabajadora. Prever mecanismos de promoción fiscal para las empresas o establecimientos que ejecuten ciertamente este tipo de políticas.

•    Promover la transferencia de subsidios a padres y madres trabajadores para el pago de centro de cuidado infantil, y de adultos mayores.

•    Promover mecanismos de distribución del tiempo de trabajo (puestos de trabajo a tiempo parcial, reducción de la jornada legal, penalización de las horas extras, etc.) a fin de que los padres y madres trabajadoras puedan disponer de mayor tiempo para atender sus responsabilidades domésticas. Velar porque las condiciones laborales de los trabajos a tiempo parcial sean equiparables a las de los trabajos a tiempo completo.

•    Promover la formalización y el acceso a las instituciones de protección social de las personas ocupadas en servicios domésticos remunerados.

Sensibilización sobre el reparto equitativo de las responsabilidades de cuidado:

El Estado debe encarar una seria política de sensibilización y transformación cultural, para hacer efectivo el reparto equitativo de las responsabilidades de cuidado al interior de los hogares. Sin dudas, todas las iniciativas mencionadas, en la medida que mejoran las condiciones para que los hogares puedan resolver sus responsabilidades domésticas, generarán un mejor escenario para esta necesaria transformación cultural.

Pero el Estado debe intervenir con medidas específicas. No sólo formular políticas y ejecutar programas dirigidos a los varones para modificar sus actitudes y comportamientos respecto al cuidado, sino actuar en este sentido en todo tipo de política pública. Por caso, y para dar simplemente un ejemplo, dados los requisitos de contraprestación que exigen algunos programas de transferencias monetarias, podría pensarse que la misma adopta la forma de algún tipo de actividad de cuidado por parte de los varones beneficiarios. Aquí también todo esfuerzo creativo es bienvenido.

Para que este proceso cultural sea posible, debe avanzarse en dos sentidos. Por un lado, de- construir la norma del “trabajador ideal”. En realidad, lo que debería cuestionarse es la vigencia de un modo de organización fundado en la lógica del empleo remunerado, especialmente cuando éste, por lo menos en formas plenas (o dignas) pareciera haberse convertido en un bien escaso. Por el contrario, debería reconstruirse el concepto de trabajo en un sentido amplio, revalorizando los trabajos socialmente útiles y recreando nuevas maneras de organización del
trabajo y del tiempo social de trabajo.38

Por ello, en lugar de buscar la equidad promoviendo simplemente la incorporación de las mujeres a un mercado de empleo estructurado genéricamente, lo que se requiere es modificar la relación entre mercado y trabajo del hogar de manera que todos los adultos, varones y mujeres, puedan alcanzar sus ideales familiares y de empleo. (Williams, 2000).

En este sentido, no sirven las políticas que busquen capacitar a la fuerza de trabajo femenina para que pueda conformar el modelo de trabajador que impone el actual mercado de empleo. Ni tampoco resulta útil otorgarle a las empresas la potestad de demandar “trabajadores ideales”, por caso, permitiendo absoluta flexibilidad en los tiempos de trabajo. Por el contrario, se trata de actuar en diversos sentidos (desde la normativa, desde la concientización, desde las propias políticas de empleo) para que hombres y mujeres puedan conformar una norma de trabajodor/a que encierre en si misma las condiciones de producción y reproducción que toda sociedad requiere.

Por otro lado, debe de-construirse la norma de las “tareas de cuidado”. Al respecto será necesario avanzar en una estrategia superadora de la “mercantilización total”. Desde esta



38    Sobre estos puntos resultan muy enriquecedores los aportes, entre otros, de Lo Vuolo (2001), Meda (1995) y Standing (1999).
perspectiva se propone que las mujeres se incorporen como “trabajadoras ideales” (a tiempo completo) al mercado de empleo, delegando también al espacio del mercado las tareas o responsabilidades de cuidado. Si bien esta estrategia ha permitido el reconocimiento del importante rol social de las tareas de cuidado, en su propia formulación refuerza la idea de marginación del trabajo doméstico y de quienes lo ejercen. Por qué para las mujeres tiene que ser mejor insertarse en el mercado de empleo que dedicarse a las tareas de cuidado? A priori nadie podría decidir en lugar de las mujeres y los hombres como individuos, cuál es la vida que quieren llevar.

El punto central, pasa entonces por permitirles una verdadera libre elección. Para ello resulta imprescindible eliminar todo tipo de estructuración genérica de las instituciones, manifestada entre otros aspectos en la discriminación en el mercado de empleo y en la asignación por género de los roles domésticos.

Sin dudas, muchas de las sugerencias de la estrategia de la “mercantilización total”, aún pueden ser positivas en este camino. Finalmente resulta indispensable dotar a las personas que se dedican a las tareas de cuidado de los mismos derechos sociales que el resto de las personas. No porque sean un grupo necesitado, sino porque merecen estos mismos derechos por su propia contribución a la reproducción de los miembros de la sociedad.

Rediseñar las instituciones sociales para una mayor capacidad de agencia (o posibilidad de elección)

El mundo post-industrial se muestra como un nuevo orden de producción económica y reproducción social, con empleo menos estable y familias más diversas. Cómo debería ser un estado de bienestar que se adapte a esta realidad? Sin duda debería ser un estado de bienestar que sostenga un orden de equidad de género (y no uno de jerarquías de género, como el Estado de Bienestar anterior), y que efectivamente desmantele la división genérica del trabajo.

Desde el campo feminista, se ha avanzado en el desarrollo de dos propuestas para diseñar esquemas de garantía de la seguridad socio-económica de las personas, que superen al tradicional Estado de Bienestar y su estructuración genérica. Sintéticamente, estas alternativas son:

i)    el modelo del Proveedor Universal (Universal Breadwinner Model): intenta fomentar la equidad de género promoviendo el empleo de las mujeres; la piedra fundamental de este modelo es la provisión estatal de servicios que permitan el empleo de las mujeres, por ejemplo, servicios de cuidado de los niños/mayores.

ii)    el modelo de Paridad en el Cuidado (Caregiver Parity Model): promueve la equidad de género apoyando el trabajo de cuidado informal; la piedra fundamental de este modelo es la provisión estatal de subsidios para quienes realicen trabajos de cuidado (caregivers).
Probablemente, la solución ideal se encuentre en algún punto entre estas dos propuestas. Lo cierto es que en la medida en que se transforme el rol del empleo remunerado como vehículo para la inserción social, se modifican las bases de sustentación de cualquier red de seguridad socio-económica. Por lo pronto debería como mínimo ponerse en un pie de igualdad el derecho al trabajo, el derecho al ingreso  y el derecho  al respeto de las capacidades individuales. Propuestas que consideran a la ciudadanía como la base de los derechos sociales, funcionan en este sentido.


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